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A lo Trump: Argentina ajusta su política migratoria y elimina una vía de residencia

Argentina derogó un normativa que permitía la residencia precaria a ciertos extranjeros. Apuntan a un mayor control y a eliminar contrariedades legales.

06 de noviembre de 2026 - 12:44

El Gobierno de Argentina avanzó con la eliminación de la residencia precaria para extranjeros con pedido de expulsión o abandono del país. La medida, anunciada por la Dirección Nacional de Migraciones, desarticuló la Disposición DNM N° 2229 del 1° de julio de 2014, que permitía esa condición.

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Según el Gobierno, la normativa era contraria a la ley migratoria vigente y sus indicaciones. En ese sentido, se señaló a la residencia precaria como una herramienta excepcional para aquellos casos de residencia permanente bajo trámite.

No resulta compatible la emisión de una autorización de residencia precaria, que habilita a permanecer en el país, a un extranjero sobre el que hubiera recaído orden de expulsión o conminación a hacer abandono del territorio nacional, precisamente por encontrarse alcanzado por alguno de los impedimentos de ingreso y permanencia contenidos en el artículo 29 de la Ley N° 25.871, a excepción de aquellos casos en los cuales se determinaran situaciones de reunificación familiar o razones humanitarias, conforme las previsiones del mismo, se expresó en el Boletín Oficial. No resulta compatible la emisión de una autorización de residencia precaria, que habilita a permanecer en el país, a un extranjero sobre el que hubiera recaído orden de expulsión o conminación a hacer abandono del territorio nacional, precisamente por encontrarse alcanzado por alguno de los impedimentos de ingreso y permanencia contenidos en el artículo 29 de la Ley N° 25.871, a excepción de aquellos casos en los cuales se determinaran situaciones de reunificación familiar o razones humanitarias, conforme las previsiones del mismo, se expresó en el Boletín Oficial.

Por caso, los extranjeros con pedido de expulsión tendrán abierta la posibilidad de recurrir a las vías administrativas o judiciales previstas para dichos casos. “En materia de irregularidad migratoria, los extranjeros deberán cumplir con la medida impuesta por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de ejercer el debido derecho a su defensa previsto por el artículo 74 de la Ley N° 25.871 y su decreto reglamentario, ya sea en instancia administrativa y/o judicial, debiendo aguardar la notificación de la resolución respectiva”, resolvieron.

Endurecimiento migratorio

La maniobra del Gobierno argentino se condice con un endurecimiento progresivo de la política migratoria de la administración de Javier Milei. En ese sentido, la Casa Rosada avanzó con varias medidas tendientes a una vigilancia de ingreso y egreso más estricta, en especial con extranjeros que desean habitar el territorio argentino.

Mediante el DNU 366/2025, el Gobierno nacional activó una modificación sustancial de la Ley de Migraciones 25.871. Con ello, llegaron los límites a la residencia precaria, se ampliaron los impedimentos de ingreso y permanencia, y se extendieron los motivos de cancelación de la residencia.

Además, el Gobierno nacional comenzó a exigir seguros de salud y limitó el acceso a la educación pública, como dos sectores de atención sensible, en especial para extranjeros de países limítrofes que llegaban al país para conseguir atención médica o educación universitaria costeable.

Argentina pone más restricciones a los extranjeros con pedidos de expulsión.

Contradicciones propias

A pesar de la política expresa de restricciones migratorias, Argentina habilitó en simultáneo la posibilidad de “adquirir” la ciudadanía. La medida fue presentada por Luis Caputo y Diego Santilli en París en el marco del Argentina Week.

Según lo adelantado por el ministro de Economía y el jefe de Gabinete, el programa contempla desembolsos directos al Estado o compra de títulos soberanos como caminos de inversión para acceder a los derechos políticos y civiles garantizados por la ciudadanía argentina. La cifra mínima de inversión trascendida sería de 350.000 dólares estadounidenses, en una promoción apuntada a la llegada de grandes capitales financieros.

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