Las maniobras incluían falsas fianzas, cauciones y trámites judiciales. También simulaban representar a empresas privadas que entregaban premios y exigían transferencias para cubrir supuestos gastos administrativos.
Investigación en marcha
La causa comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando un hombre llamó al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina y afirmó ser “Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
El supuesto funcionario pidió información sobre personas detenidas y teléfonos de familiares. Argumentó que realizaba un relevamiento relacionado con los derechos humanos.
Los investigadores determinaron que la llamada había sido realizada desde el penal de Jujuy. A partir de ese dato comenzaron las intervenciones telefónicas, el análisis de líneas y cuentas y otras medidas de investigación.
En una de las conversaciones, uno de los integrantes explicó que obtenían teléfonos de familiares para ofrecer una supuesta fianza. La investigación luego detectó que los acusados utilizaban cuentas que presentaban como pertenecientes al Poder Judicial para recibir el dinero.
¿Qué descubrieron los policías?
El expediente señala que la actividad delictiva continuó después de los procedimientos realizados en diciembre de 2024 dentro del establecimiento penitenciario.
Durante las requisas fueron secuestrados teléfonos celulares, tarjetas SIM y anotaciones con números telefónicos, CBU y datos relacionados con las operaciones.
Los integrantes de la organización también se alertaban entre ellos cuando se realizaban controles dentro del penal y buscaban trasladar el dinero hacia otras cuentas o billeteras virtuales. La investigación detectó comunicaciones con distintas dependencias policiales del país.
Juez Federal, Julián Ercolini
Decisión de Ercolini
En sus declaraciones, algunos de los acusados intentaron desvincularse de las maniobras y señalaron que los teléfonos eran utilizados por otros internos. Sin embargo, Ercolini consideró que el conjunto de las pruebas reunidas permitía sostener las imputaciones.
El juez destacó especialmente el uso deliberado del nombre, la imagen y el cargo de Rosatti para obtener información y dar apariencia oficial a los pedidos. Los cuatro procesados cumplían condenas por otros delitos. Acho y Ríos, además, fueron declarados reincidentes.
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