Uruguay y el Acuífero Guaraní: El triángulo Danone, Tabaré Vázquez y Arabia Saudita

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) - La Reforma Constitucional del agua, aprobada en Uruguay en 2004, estableció el dominio público del líquido y sentó las bases para una gestión participativa y sustentable del recurso. Las regulaciones del negocio del agua embotellada necesariamente deberán ser incluidas en este nuevo marco jurídico nacional.
Tabaré Vázquez estuvo de gira por Arabia Saudita para tratar temas comerciales. Entre los temas tratados estuvieron los alimentos: en primer lugar el arroz, producto de amplio consumo en esa región y que Uruguay produce -sobre todo para exportación- en condiciones altamente competitivas en los mercados internacionales. También se manifestó interés en materia de carne, así como de agua, aspecto en que sería necesario ajustarse a los términos de la última reforma constitucional.
En Uruguay en el año 2002 por primera vez una "carta intención" firmada con el Fondo Monetario Internacional incluyó a las "reservas minerales" –dentro de las cuáles se encuentra, por ley, las reservas de agua o acuíferos– como garantía de pago de la deuda externa que el gobierno uruguayo mantiene con el FMI.
Al mismo tiempo la "carta intención" comprometió la apertura de la competencia a privados en el sector de agua potable y saneamiento. Uruguay presenta un posicionamiento estratégico en el Sistema Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas naturales de agua dulce en el mundo, compartida con Brasil, Paraguay y Argentina. Esta zona –especialmente la llamada Triple Frontera, en Iguazú– ha sido de interés "militar" de USA, así como objetivo de una multiplicidad de estudios técnicos de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrolla (BID) y el Banco Mundial (BM).
Ante la difusión de este "acuerdo" del gobierno uruguayo con el FMI, un número de organizaciones sociales comenzaron a conectarse, buscando una acción conjunta para evitar que se profundizara la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento (ya ejecutada en algunos departamentos del país) y que se vendieran las reservas naturales de agua.
Las empresas que se encontraban instaladas en Uruguay gestionando los servicios de agua potable y saneamiento son URAGUA –subsidiaria de Aguas de Bilbao– y Aguas de la Costa –subsidiaria del Grupo Suez, Lyonnesse des Aux–. Organizaciones locales, de "vecinos en defensa del agua", organizaciones sindicales, principalmente el sindicato de funcionarios de la empresa estatal de agua, y organizaciones ambientalistas conformaron, en octubre de 2002, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV).
Actualmente la CNDAV está integrada por más de 40 organizaciones, entre las que se cuentan la central única de trabajadores, organizaciones locales, organizaciones políticas –dentro de las que se encontraba el Frente Amplio, la coalición de izquierda que aspiraba a ganar (y ganó) las elecciones presidenciales–, organizaciones estudiantiles y grupos ambientalistas.
El objetivo de esta Comisión era promover una reforma constitucional , en la que se consideraba el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho humano fundamental, se reservaba la gestión de estos servicios a figuras públicas estatales, en base a criterios de participación ciudadana y sustentabilidad. La reforma también prohíbe explícitamente la venta de las reservas naturales de agua potable. La presencia de estas disposiciones en la constitución –la norma de mayor rango legal en un país– asegura que ninguna reforma legal propuesta por el parlamento podrá alejarse de estos preceptos.
Tampoco la entrada en vigencia de acuerdos multilaterales podrá poner en riesgo estas normas contenidas en la constitución. El sistema electoral uruguayo prevé que una reforma constitucional de iniciativa ciudadana deba contar con el apoyo del 10% del electorado para ser elevada luego a la consideración de toda la ciudadanía, en conjunto con las elecciones nacionales (legislativas y presidenciales). En Uruguay, los plebiscitos han sido el mecanismo tradicional de los movimientos populares para resistir primero al autoritarismo de la dictadura militar y luego a las "reformas" privatizadoras de los gobiernos neoliberales.
La trascendencia de la reforma constitucional –además de por su contenido– radica en la defensa de un recurso natural a través de mecanismos de democracia directa. En octubre de 2003, un año después de conformada la CNDAV presentó ante el parlamento las cerca de trescientas mil firmas necesarias para la realización del plebiscito de reforma constitucional, que fue realizado el 31 octubre de 2004. Las corporaciones establecidas en Uruguay para el "negocio" del agua realizaron un fuerte lobby junto a las empresas embotelladoras de agua (entre las que se encuentra la francesa Danone) y las corporaciones forestales presentes en el país (Weyenhauser), para que los sectores conservadores presentaran un proyecto sustitutivo, en el que se habilitara expresamente la gestión privada del agua.
Para esta posibilidad, era necesario que el proyecto alternativo se aprobara antes del 31 de julio ante la Asamblea General del Poder Legislativo. Los partidos conservadores no contaron con el quórum necesario para aprobar el texto alternativo por tanto junto con las elecciones nacionales solo pone a consideración de la ciudadanía el texto impulsado por la CNDAV.
La Reforma Constitucional que promovía la CNDAV preveía considerar el acceso al agua como "un derecho humano fundamental", limitaba la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento a la órbita estatal y promovía la generación de una política nacional de aguas, desde el marco de la sustentabilidad del recurso.
 
Para ser aprobada, esta Reforma debería contar con el apoyo de más del 50% del electorado nacional, o sea aproximadamente 1.300.000 adhesiones, que el mismo 31 de octubre del 2004 votó en las elecciones legislativas y presidenciales.
Al mismo tiempo, la reforma implicaba un antecedente hasta ese momento inédito en la defensa del agua a través de una norma constitucional, asegurando además la consideración de los recursos hídricos como un derecho humano fundamental, asegurando su gestión pública y participativa, desde la perspectiva de la sustentabilidad.
Caso Danone
Sin embargo, pese a esta votación, el avance de las corporaciones multinacionales en el mercado alimenticio siguió su avance, sobre todo en un área estratégica fundamental que estaba prevista por la reforma: el agua envasada.
Según publicó el diario El País a mediados de noviembre pasado, la multinacional francesa Danone, uno de los principales grupos alimenticios del mundo, pisa cada vez más fuerte en la plaza uruguaya tras la compra en 2000 del agua Salus y el desembarco un año después de la línea de lácteos que elabora en la Argentina. El liderazgo en el mercado de aguas fue relativamente sencillo, ya que al comprar la marca Salus compitieron con "el caballo del comisario", pero en el segmento lácteo no la tienen tan fácil, ya que les tocó enfrentar al gigante local Conaprole.
Un estudio de Assist Learning Team, consultora en el área de comercialización en Uruguay, tiene en su sitio web institucional el caso de éxito de Danone en Uruguay y arroja datos interesantes sobre la exitosa ejecución del Power Street (soporte tecnológico de distribución provisto por la consultora).
Anualmente el Danone Group France desde su casa matríz en Francia organiza un concurso sobre proyectos comerciales, en el año 2003 se presentaron más de un centenar de proyectos, de los cinco continentes. Se seleccionaron 15 finalistas, entre los que se encontraba la implementación de Power Street. El premio fue entregado en persona por las autoridades máximas mundiales del grupo: Franck Riboud y Jacques Vincent
Durante el primer año de implementado el proyecto Power Street, Cía. SALUS tuvo un incremento del 27% en la participación del mercado, llegando a dominar el 69% del mercado total de agua embotellada de Uruguay de ese año.
Es de destacar que existen más de 30 compañías de agua embotellada en la disputa del mercado.
En otras palabras, Danone, la segunda empresa embotelladora más grande del mundo ocupa el primer puesto en el mercado uruguayo como envasadora de agua.
¿El gobierno de Tabaré será el mediador?
En este marco, la visita de Tabaré Vázquez a Arabia Saudita toma un importante significado. Las inusitadas cantidades de agua que posee Uruguay por el control de su parte del Acuífero Guaraní son una importante mercancía que no puede ser obviada ni pasada por alto como sucedió en las diferentes coberturas mediáticas de la visita del mandatario uruguayo al país de Medio Oriente.
Este dato resulta no menor si se tiene en cuenta la tendencia mundial al consumo de agua envasada y la alta demanda en ciertos países, sobre todo europeos y de Medio oriente, como Arabia Saudita o los Emiratos Árabes, con gran poder adquisitivo y altas necesidades de un producto vital como es el agua.
En este marco, según Prensa Latina, fuentes del Ministerio de Economía uruguayo desmintieron la información publicada por Urgente 24 sobre la posibilidad de que el agua vendida a Arabia Saudita tuviera origen en el Acuífero Guaraní. Lamentablemente, la desmentida fue levantada del sitio poco tiempo después de ser publicada.
¿Será acaso que el gobierno de Tabaré Vázquez ha desoído la reforma constitucional que impulsó para acceder al gobierno y entrega, vía empresas trasnacionales, un recurso mineral declarado bien público? Hasta el momento no se han escuchado nuevas declaraciones al respecto.