Se destruyó un sistema que técnicamente ya estaba definido como "maduro" por haber superado el periodo de transición. Hoy, de haber subsistido, tendríamos un Presupuesto más que equilibrado, probablemente superavitario, sin pasivos ocultos, ni deuda pública externa elevada, ni auxilios del FMI como los que tenemos en la actualidad.
Exaspera comprobar que los responsables de tal delito, ubicándolos en la figura penal más benigna de haber incumplido sus obligaciones como funcionarios públicos, siguen vigentes en el escenario político presente y futuro, así como también los pregoneros mediáticos en descalificar y criticar el sistema de capitalización, cuando en realidad, en su momento, se aprovecharon de él.
Me refiero a sindicalistas que constituyeron sociedades anónimas y luego las vendieron al ser autorizadas a funcionar como AFJP, ignorando si las ganancias obtenidas recalaron en sus respectivos sindicatos o en sus bolsillos particulares.
También banqueros conocidos que constituyeron administradoras y en su momento elogiaron su existencia y desde la confiscación o expropiación se transformaron en habituales aplaudidores de la ex Presidenta. Creo que el sayo también les cabe a ciertos periodistas y medios que se aprovecharon de las sabrosas pautas publicitarias que las AFJP acostumbraban contratar.
No todo fue bueno en el sistema que rigió durante su existencia.
Mal diseño inicial al incluir en las criticadas comisiones la prima de seguro de vida, alta en los primeros años por falta de estadísticas siniestrales, lo que generó un concepto equivocado en los afiliados, en los desinformados y en los populistas por ideología, asumiéndose erróneamente que las administradoras cobraban hasta un 35% de comisión, cuando en realidad llegaron a percibir solo un 10% en el momento de la expropiación en el año 2008.
Tampoco ha sido conveniente el predominio accionario de las instituciones bancarias, aunque funcionaran como empresas testigos las AFJP de Nación y Provincia. Sin embargo, todas se regían por normas estrictas, transparentes y de obligatorio cumplimiento, controladas por la Superintendencia de AFJP.
Los Fondos eran intocables y las adecuadas inversiones aseguraban en el largo plazo una tasa de sustitución aceptable para el futuro jubilado, así como también un importante mercado de capitales gravitantes en la economía del país y en las economías regionales. Hoy, nada de eso existe.
Existen, sí, moratorias que permitieron y permiten incorporar jubilados que nunca aportaron, amas de casa millonarias y pensionados que residen en el exterior que nunca vivieron en el país, haciendo deficitario el sistema y sustituyendo beneficios genuinos por falsas reparaciones históricas, siguiendo la ANSeS con sus viejas prácticas de apelar y chicanear los juicios con sentencias firmes a favor de los jubilados.
Mientras, se ha desvirtuado la finalidad legal del Fondo de Garantía de Sustentabilidad Previsional, invirtiendo sus instrumentos en financiaciones públicas improcedentes.
Mucho más se puede decir a la luz de los acontecimientos, pero mejor es bregar por una nueva reforma que recoja la experiencia local y la del exterior, elaborada por técnicos y no por delincuentes políticos que hoy están presos o aspiran a ser Presidente.
