Varias facturas de lo mismo
El impuestazo, como los monstruos de mil cabezas, toma la forma de varias facturas que son emitidas por la nación, provincias y los municipios, que ahora se ponen de acuerdo en la suba de las alícuotas, lo mismo que en el valor de la casa y terrenos sobre los cuales se tributa.
El tributarista César Litvin explicó a Ámbito Financiero que "las provincias tiene alícuotas altas del Inmobiliario porque las valuaciones son bajas", y advirtió que "si suben las valuaciones van a tener que bajar las alícuotas".
Pero eso no sucede y si no basta con echar un vistazo al esquema impositivo para 2019 que consta en el proyecto de presupuesto de la provincia de Buenos Aires y contiene nuevos aumentos, entre 40% y 50% promedio, en el impuesto inmobiliario que deberán pagar los dueños de viviendas, lotes y campos.
Sobre llovido mojado, se aplicarán sobre las revaluaciones que superaron el 1.000% y le permitirán a la Agencia Recaudadora de Buenos Aires (ARBA) embolsar este año por ese concepto unos $22.900 millones, o sea 55% más que el período anterior.
La Administración Vidal va por más en materia de patrimonios. En todo el territorio bonaerense hay 6,7 millones de partidas, de las cuales 110.000 corresponden a urbanizaciones cerradas, que gracias a los operativos de control en countries espera duplicar y subir en más de $2.000 millones los ingresos.
ARBA estima que los barrios cerrados por ser notificados aportaban alrededor de $ 190 millones anuales de Impuesto Inmobiliario, y que con la nueva metodología de valuación, que los califica como en desarrollo, se irán a $ 700 millones.
Pero en cuanto los terminen y sean considerados tierra urbana country, las entradas por esa vía saltarán a $ 1.780 millones.
Si de verdad campeara la equidad social en la tributación, este supuesto avance sobre los que más tienen debería dar pie a reducir la carga de los que vienen más abajo, pero la consigna es seguir aumentando duro y parejo.
Es cierto que el impuesto inmobiliario a lo largo de los años había perdido participación en la recaudación provincial: en 2016 representaba el 6% cuando en 1995 ocupaba el 17%, pero el revalúo inmobiliario realizado por ARBA hace 2 años convirtió al impuesto inmobiliario urbano en un golpe adicional al bolsillo de los bonaerenses, ya castigado por los tarifazos en los servicios públicos y el arrastre sobre el resto de la canasta básica que nadie se salva de afrontar.
Es falso el argumento de ARBA en el sentido de que "la valuación del inmobiliario ha sido actualizada aproximándose al valor de mercado" y "para que el revalúo no afecte significativamente a los contribuyentes, se establecieron topes que limitan el incremento del impuesto": e l denominado valor de mercado es venal y se extrae de las publicaciones de ofertas, que la mayor parte de las veces, al cerrarse las operaciones en cada caso, si es que se concretan, sería en realidad 20% inferior.
El propietario de un inmueble hipotecado, por ejemplo, no sólo tiene que afrontar las cuotas muchas veces indexadas de lo que compró, sino que ahora le cobrarán la triple tributación tomando un valor estipulado como si en realidad la hubiera vendido al precio de oferta, sin regateo.
Ya el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, había advertido que no se podía aplicar de golpe semejante revalúo inmobiliario, sobre todo "en un contexto donde el salario de los trabajadores no le gana a la inflación", y anticipaba que "este impactante y desproporcionado incremento disparará aún más las subas del agua y la luz, las de las tasas municipales y de bienes personales".
No sólo se cumplieron esos pronósticos, sino que el revalúo se nacionalizó y ni siquiera se mantuvo la minirreforma de ganancias de 2016, que disminuía el peso de bienes personales a la mitad, porque actualmente, en cuanto el Ministerio de Economía y los auditores del Fondo Monetario Internacional vieron que entre enero y septiembre el tributo había recaudado $11.584 millones, con una merma de casi 30% respecto del año pasado, dieron marcha adelante para que en 2019 adicionalmente recaude $30.000 millones más, según informó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
De esa torta agrandada participa el Fondo de Autarquía de la AFIP con 1,9%. De lo que queda se saca una suma fija de $3.000.000 para el Incucai. Del resto se reparte 6,27% a las provincias para las cajas de jubilación que no fueron transferidas a la Nación. Y del 93,73% restante se distribuye 1% al fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), 41,64% queda para la Nación y 57,36% para las provincias.
