Tal vez para la mayoría de la gente el tratamiento del Presupuesto, llamado 'ley de leyes' (aunque ni los funcionarios ni los legisladores honran el concepto), es sólo una puja política preelectoral.
Tal vez el periodismo, a menudo teñido de alguna subjetividad política, omite informar sobre los verdaderos impactos del Presupuesto en la vida cotidiana de los ciudadanso.
Pero es llamativo que a todos les pase desapercibido alguna norma o decreto o ley que podría modificar mucho la forma de vida del ciudadano.
Esto ocurrió cuando se desreguló el precio del combustible, en un escenario de precio del petróleo muy bajo, se diría que subvaluado, y lo expresamos con intensidad.
También desde aquí alertamos acerca del riesgo de otorgar créditos indexados con una alta inflación y con ajuste salariales menores a la inflación.
Y volvimos a agitar las aguas apenas avizoramos el riesgo de endeudarnos en un mundo cambiante.
Quisiéramos habernos equivocado siempre, pero ocurrió todo lo contrario.
Y estamos en una fuerte recesión, acompañado de un gran endeudamiento en una economía sin capacidad de pago, a menos de que se consigan recursos extraordinarios.
¿De dónde pueden provenir esos recursos? De los contribuyentes/ciudadanos/consumidores de siempre.
¿Y cómo se conseguirá? Apelando a incumplimientos de contratos implícitos en las palabras de nuestros gobernantes.
Obviamente es una inseguridad jurídica pero también una ruptura de la promesa del Soberano.
La consecuencia es un nuevo descrédito, que sólo provoca decepciones colectivas y frustraciones individuales.
Y es muy peligroso en cuanto al prestigio de las instituciones. La democracia sigue acumulando un pasivo muy voluminoso desde 1983, y a esto se le suma el enojo creciente del mismo individuo en su rol de elector.
Todos coinciden en que en 2019 la mayoría irá a las urnas con bronca, por diferentes motivos, y no es el mejor escenario para elegir.
La ira fue el motor del sufragio en USA, Brasil, Italia y otros países. Son datos imprescindibles a la hora de gestionar una sociedad.
Es muy grave lo que está ocurriendo por estas horas: la Administración Macri intenta recaudar un equivalente a 1,3 punto del Producto Interno Bruto, para destinarlo al pago de los intereses de la deuda.
Para esto, el Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto N°938/2018, creando un organismo federal de valuaciones de inmuebles.
El objetivo será determinar un revalúo inmobiliario de alcance nacional, para así incrementar la recaudación impositiva.
¿Cómo se conseguirá esto?
En la Argentina se estima que hay unos 15 millones de inmuebles, de los cuales el 85% se encuentran en el territorio o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires; 10% en las provincias de Cordoba y Santa Fe; y 5% en el resto de las provincias.
La valuación fiscal de esos inmuebles se encuentra, en promedio, muy por debajo de la que definirá la mencionada comisión.
Aumentar el valor de las viviendas hasta un valor de mercado, cuando la mayoría se encuentra a valor fiscal, interesa a las municipalidades por la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), y esto incluye a CABA.
También interesa a las provincias, que recaudan el impuesto inmobiliario. Por ejemplo, a la Administración bonaerense, tan urgida por dinero.
E interesa a la Nacion, y tanto es así que por ese motivo fue que ocurrió el cambio en el Impuesto a los Bienes Personales: en dirección totalmente contraria a lo establecido en el blanqueo, se decidió una base imponible mucho menor al del inicio, en los años '90, con un valor equivalente a los US$ 120.000.
Es evidente que todo estaba preparado, y así fue como los ciudadanos/consumidores/contribuyentes (y también electores, no lo olviden) quedamos cautivos de una comisión que valuará los inmuebles en forma independiente de las tasas e impuestos que determinarán las diferentes administraciones, y sus necesidades recaudatorias.
Esta realidad no se le explica a las personas que contraen un préstamo hipotecario para comprar un inmueble: pagar la indexación + los intereses UVA + la nueva estructura impositiva, confronta con un salario que queda muy por debajo de la inflación y el reajuste de costos.
Ni hablar de las expensas, que se ajustan incluyendo convenios implícitos oscuros del sistema político-sindical de la Ciudad de Buenos Aires.
Tampoco se le informa sobre el ajuste del impuesto a la riqueza aplicado a viviendas de 2 ambientes.
Si el objetivo es tener un déficit fiscal 0 les recomiendo a todos los gobiernos que creen un nuevo impuesto: un tributo a la mala praxis de los funcionarios, por no cumplir con los contratos, por endeudarnos para financiar las campañas electorales o las obras públicas que ejecutan sus contratistas amigos.
Si, tal como dice el Presidente, hay que pagar lo que vale cada cosa, ¿cuáles serían los sueldos de nuestros optimistas funcionarios una vez descontado ese impuesto a su mala praxis?