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Hasta Bienes Personales, los impuestos ya se comían 11% del tiempo

Sancionado en 1997 como impuesto a la riqueza, la clase política mandataria consensúa 21 años más tarde, en el marco de la negociación parlamentaria del proyecto de Presupuesto 2019 previamente acordado con el Fondo Monetario Internacional, que la sociedad progresó patrimonialmente y que, en consecuencia, más de 1 millón 300 mil personas (incluidos trabajadores en actividad o desocupados y jubilados) deberán afrontarlo ante AFIP, sin importar que la mayor parte de esa nueva legión contribuyente, que forma parte de la clase media, califique por la suma del valor que los administradores territoriales asignaron a su vivienda y a un auto, más algún que otro ahorro. Los inmuebles, brutalmente revaluados en algunas jurisdicciones como la de Buenos Aires, ya no sólo tienen triple tribulación (bienes, inmobiliario y ABL) sino que les dolarizaron el mínimo a nivel nacional para que haya más los que paguen. En el afán de recaudar, los gobernantes apuntan a los patrimonios (bienes personales, transferencia de inmuebles, automotores y patentes, inmobiliario y barrido y limpieza para físicas; ganancia mínima presunta, bienes personales participaciones societarias y capital de cooperativas), antes que al consumo (IVA, ingresos brutos, etc) y a renta (ganancias), condenados a la merma por la propia política económica recesiva e inflacionaria. Si no se facturan ventas, ni se incrementan haberes, ¿de dónde saldrá la plata para pagar más por activos inmovilizados? Los tarifazos tampoco dejan margen para satisfacer una voracidad fiscal expresada además en un listado de 43 tributos nacionales y 24 provinciales que figuran en el índice Total Tax and Contribution Rate que elaboran el Banco Mundial y PwC. Además, entre 1998 y 2016, la presión tributaria en Argentina pasó del 21.4% al 34%. Ya somos el 2do país con mayor "tasa total de impuestos y contribuciones"; sólo superado por la Isla de Comoros, ubicada entre Madagascar y el continente africano. El mismo informe calcula que se requieren 312 horas para lograr pagar todos los impuestos, es decir, el equivalente a 39 días hábiles.
18 de octubre de 2018 - 22:11

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, instruyó a los legisladores oficialistas a aceptar la propuesta endosada a gobernadores justicialistas, encabezados por el de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de La Pampa, Carlos Verna, y de Chubut, Mariano Arcioni, de ampliar la base de contribuyentes y la alícuota del impuesto a los bienes personales como condición para acompañar el proyecto de Ley de Presupuesto 2019.

Al ser coparticipada en un 60% con las provincias, la supuesta concesión que hizo el gobierno nacional a los mandatarios de la oposición para subir el gravamen a los patrimonios, paradójicamente juega en favor de María Eugenia Vidal, que ya el año pasado había realizado un revalúo fiscal sobre los inmuebles del 800% en adelante, en muchos casos por encima del 1.000%.

Si bien muchos de los 4,9 millones de contribuyentes de la provincia de Buenos Aires que habían recibido a principios de año las partidas del Inmobiliario Urbano se veían venir que en 2019 comenzarían a tributar Bienes Personales, la inclusión del nuevo cuadro en ciernes prácticamente generaliza esa sensación. Pero al mismo tiempo, ahora incluirá a los propietarios de campos, que antes liquidaban mediante ganancia mínima presunta a descontar de ganancias.

El revaluazo se había justificado entonces en la necesidad de compensar una reducción de la tasa de Ingresos Brutos, luego diluida, con lo cual en la práctica tanto ventas (consumo) como inmuebles (patrimonio) están sometidos a una doble o triple tributación superpuesta: IVA+ingresos brutos, o bienes personales+inmobiliario+ABL, tomados a partir de una tasación arbitraria efectuada por las administraciones territoriales.

El otro gran beneficiario de esta movida tributaria es el Ministerio de Transporte, a cargo de Guillo Dietrich, que de este modo se saca de encima el trámite que hacía ante la Tesorería para obtener el subsidio que luego le transfería a las provincias para que pudieran sostener el boleto interurbano de pasajeros y pasa a intermediarlo con la caja que se juntará del 40% de la recaudación adicional que aporten los bienes personales.

Según el consenso arribado entre oficialismo y oposición, las arcas fiscales obtendrán de $30 a 35.000 millones más en el próximo ejercicio, al ingresar al régimen de quita patrimonial entre 300.000 y 400.000 contribuyentes que sumando un departamento de 2 ó 3 ambientes oportunamente revaluados más un vehículo y algún que otro ahorro supere los $2 millones de mínimo no imponible.

De ahí hasta $5 millones, se paga una alícuota del 0,25%, de $5 a $20 millones, se tributa un fijo de $7.500 más el 0,50%, y de $20 millones en adelante, un fijo de $82.500 más una alícuota del 0,75.

En el nuevo esquema de tributación de Bienes Personales, a los que estaban en la escala más baja podría caberles una rebaja de hasta un 24%, pero a partir de la 2da se abonaría un 24% más.

Los que declaren bienes del orden de los $10 millones pagarán 45% más que en el último ejercicio y los que declaren bienes por $25.000 millones duplicarán lo que les correspondía.

Los gobiernos eligieron los activos para hincarles el colmillo fiscal porque entre la devaluación, la inflación y la recesión que caracterizan a esta crisis económica, enmarcada en un compromiso de estabilización acordado con el Fondo Monetario Internacional, pusieron al rojo tanto el consumo como las rentas, que constituyen los otros 2 rubros de tributación.

Inclusive la AFIP acaba de abrir el paraguas, según acaba de anunciar su titular, Leandro Cuccioli, y en 2019, gracias a que desde mayo prácticamente todos los movimientos en blanco, incluyendo los de monotributistas, constarán electrónicamente, sacará una declaración jurada proforma del Impuesto al Valor Agregado (o sea la repartición hará una liquidación presunta en función de los datos de su base), que el contribuyente podrá confirmar o rechazar a través de un botón desde la página web. En esta última opción, deberá justificarlo.

El avance de la liquidación por presunciones se extenderá al Impuesto a las Ganancias sobre rentas de la 4º Categoría, básicamente sobre sueldos, a partir de 2020.

El administrador también metió mano en el ajuste por inflación, ya que se preveía que iba a poder aplicarse en el presente ejercicio a partir de un 33% que la realidad ya superó y se caerían en consecuencia unos 80 mil millones de la recaudación, un lujo que el stand by con el FMI no concede. Ya dijo que el gatillo se corre al 50/55%.

La elevada evasión impositiva, la 5ta. mayor en el mundo, lejos de resolverse, se compensa asimismo con la incorporación al coto de caza de AFIP de cada vez más personas físicas registradas mediante el expediente de ampliar los límites de la tributación.

Así, por ejemplo, ganancias alcanza a 2 millones de trabajadores y desde el año pasado el 5% del haber de 145 mil jubilados es retenido por la agencia impositiva.

De modo que no sólo no hubo reforma impositiva que simplificara el sistema y mejorara la competitividad, sino que el ajuste dejó sin efecto el rumbo que había empezado a transitar el gobierno desde 2015 para aliviar la presión tributaria, entre las mayores del mundo.

La mancha oscura del blanqueo

Los estudios contables más activos en el blanqueo de capitales del comienzo de gestión de Mauricio Macri están siendo seriamente increpados por la clientela que se acogió al régimen y pagó las multas liquidadas, bajo promesa del oficialismo de que no serían gravados con más impuestos que los comprometidos en la declaración, según consignó uno de los más conspicuos profesionales, César Litvin.

E hizo hincapié en que, por el contrario, los que sinceraron bienes radicados en el exterior, que están inevitablemente imputados en divisas, serán castigados con una presión impositiva mayor.

Antes de esta nueva decisión consensuada por la clase política en detrimento de la clase media, los inversores internacionales que ojean la performance de los países se anoticiaron con el Total Tax and Contribution Rate (índice de impuestos y contribuciones) que elaboran el Banco Mundial y PWC (Paying Taxes 2018) de que la carga en América Latina es del 52,60%, contra el 39,60% de Europa y 38,90% de Norteamérica.

Nuestro indicador duplica al promedio de la región ya que, considerando todos los impuestos (nacionales, provinciales y municipales) y las cargas sociales de los empleados en relación de dependencia, asciende al 106%. Brasil le sigue con 68,40%; Uruguay con 41,80% y Chile 33%.

Pero además de ser el más caro, es el más complicado por la cantidad de gabelas, superposiciones entre sí y entre las jurisdicciones recaudadoras.

En su libro Impuestos y pobreza, Antonio Margariti enumera 96 en total, entre 43 impuestos nacionales, 22 provinciales, 20 municipales y 14 agrupados como otros, entre los que incluye el más regresivo y más agresivo hacia los pobres, la inflación.

Añade, asimismo, algunas obligatoriedades, como la que impone AYSA, de pagar el servicio, incluso en cocheras sin agua; el impuesto al transporte y el fondo fiduciario subsidio artículo 75 de la ley 25565 que figuran en las boletas de gas y hasta la certificación obligatoria de 5 balances que aplica el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

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