> Nouriel Rubini, turco, quien fue uno de los pocos que anticipó la crisis de 2008.
No por casualidad estos 2 economistas provienen de países con crisis financiera recurrentes, basta ver el más reciente ranking de volatilidad por países y la Argentina y Turquía lideran este lamentable ranking.
Tomando como base las experiencias de estas 2 corrientes de análisis, sumado al volátil contexto internacional, suba de tasas de interés y del precio del barril de petróleo -habiendo desregulado ya nuestro mercado doméstico-, factores comunes en todas las crisis de los países emergentes, era muy previsible que, ante la progresiva salida de capitales, el Ejecutivo Nacional terminara pidiendo auxilio financiero al Fondo Monetario Internacional, tal como lo anticipamos el 08/03 en esta columna. En aquella ocasión, el anticipo fue desmentido, al día siguiente 09/03 por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y luego por la propia directora-gerente del FMI, Christine Lagard, en declaraciones a los principales medios. Curiosidad: Dujovne y Lagard se encontrarán el jueves 10/05 en Washington DC... porque la Argentina ha pedido al FMI asistencia financiera.
En esta columna, además, hemos tratado de transmitir una visión diferente a la que prevalece entre quienes pululan en las cercanías del oficialismo, que habitualmente se van encerrado en obviedades, obsecuencias y trivialidades que les quitan una adecuada perspectiva de la realidad. Es el momento oportuno para que el gobierno oxigene alguna áreas, tal como le ocurrió a otros presidentes de la Nación, siempre luego del comicio de medio término.
Por ejemplo, de no desactivar la discusión acerca de las tarifas de servicio públicos, diseñando una solución equitativa, este tema subestimado por la Administración actual, puede convertirse en un problema mayor. No debería desdeñarse la posibilidad que escale tal como sucedió con otro acontecimiento traumático con el que comparte varias denominadores comunes: la Resolución 125, del año 2008 (tal vez el inicio de la grieta social).
El contexto internacional en aquel año fue el de una de las peores crisis financieras globales: bancos en crisis por la morosidad de las hipotecas sub-prime, que coincidió con el mayor precio histórico del petróleo (llegó a US$ 140 el barril de 158,9 litros), y buenos precios internacionales de la soja. La Administración por entonces gobernante intentó aprovechar esos precios del producto agrícola para financiarse a través de transformar las retenciones fijas en flexibles, y así evitar una suba de las tarifas de energía eléctrica, gas y precios de los combustibles consecuencia del marco petrolero. Semejante decisión sobre la renta agrícola provocó una división profunda en la sociedad que impactó tanto en el Congreso como en sucesivos fallos judiciales, lo que provocó en la entonces Presidente la sospecha de eventuales conspiraciones, idea reforzada por el voto no positivo del vicepresidente Julio Cobos.
La consecuencia de la crisis 2008 fue la derrota 2009 de Néstor Kirchner en Provincia de Buenos Aires a manos de Francisco de Narváez. Para recuperar la iniciativa aquel gobierno implementó la asignación universal por hijo y el Fútbol para Todos, además de mantener inamovibles las tarifas de servicios públicos en la influyente Área Metropolitana Buenos Aires.
En forma simultánea, los gobernadores e intendentes municipales, ante la centralidad del Gobierno nacional en la recaudación de aquellos derechos de exportación (que no aceptó compartir) y aprovechando que el escaso valor de las tarifas permitía a las familias cierta capacidad de ahorro, comenzaron a autorizar recargos de parte de las distribuidoras provinciales, luego aumento de las alícuotas de Ingresos Brutos, y más tarde cargos municipales, además de tasas tipo Alumbrado Barrido y Limpieza.
Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene dos impuestos específicos en la factura de luz (el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la Provincia y el Fondo Especial de Grandes Obras Provinciales) y uno en la de gas. Luego, los municipios aplican sus recargos.
El resultado fue que en muchas provincias las facturas comenzaron a llegar con tarifas más altas que en otras. Es más: en Ciudad de Buenos Aires el entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, no desautorizó una “contribución municipal” del 6,3% de cada factura de Edenor y Edesur, que se aplica por un acuerdo firmado antes que el territorio porteño fuera declarado distrito autónomo: el contrato de concesión firmado entre las empresas Edenor y Edesur y la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación en 1992, que se estableció que las empresas debían abonar a la Ciudad el 6,3% de sus entradas brutas por el negocio de la energía eléctrica.
En el resto del país se instaló el vicio de la Contribución Única (CU) o Contribución Única Municipal (CUM): la Nación y las Provincias dispusieron que el consumo de electricidad fuese gravado con una contribución destinada a los tesoros municipales.
La consecuencia de esta desprolijidad institucionalizada obligó a los ciudadanos a pagar una doble imposición. Este punto es central que se analice en el conjunto del aumento en las tarifas ya que la fatiga de la sociedad es gigantesca, y el vaso de la paciencia ciudadana rebalsa ante la idea de que lo culpen por una fiesta que nunca ni provocó ni de la que jamás gozó.
Por ese motivo, la discusión de las tarifas debe encuadrarse en la suma de la carga impositiva, tasas y otros cargos, que en algunos casos superan lo que la Corte Suprema dictaminó como confiscatorio si fuera un único impuesto.
No puede haber debate tarifario sin contemplar lo fiscal, aunque la Nación intenta eludir el tema, y también la mayoría de las provincias y los municipios.
Ahora bien, si el Gobierno tiene el apoyo explícito del empresariado (la declaración pública de la semana que pasó), que consume más del 50% de la energía ¿por qué no mantener la presión sobre las tarifas de las empresas y avanzar hacia un tratamiento diferencial y preferencial de la red domiciliaria, lo que provocaría una distensión social? Por ejemplo, el consumo residencial podría tener un tratamiento independiente, sin la doble imposición tributaria.
El pedido de auxilio al FMI debería sincerar la situación real de la economía luego del miércoles 16/05, y silenciar a aquellos que tratan de hacernos creer que llamaron a la ambulancia sólo para que les tomen la temperatura. Lo único que logran es provocar sospechas de que la crisis es más profunda de lo que aparentan, lo que lleva a más suba de la tasa de interés, que luego de un determinado nivel simbólico forzará que todos sospechen que una tasa tan elevada será impagable.
Seguramente el FMI nos exigirá una racionalidad acelerada en los gastos públicos, que puede ser compensada si, una vez aprobado el plan stand-by, habilite al Banco Mundial a financiar los gastos estructurales a largo plazo de los servicios públicos, compensando así el ajuste en vez de trasladarlo de inmediato a tarifas.
En el mientras tanto, el Ejecutivo Nacional deberá superar la prueba del próximo vencimiento de Lebacs, y comprender que la tecnocracia del FMI no coincidirá con las necesidades del Gobierno argentino, por más argumentos que se prodiguen para evitar pasar de una crisis financiera a una crisis cambiaria.
No es hora de cambio de nombres sino de ignorar las pujas personales y electorales, y que asuman sus responsabilidades no sólo los funcionarios que firman las decisiones sino también aquellos que permanecen en la sombra, sin responsabilidad alguna.
