Un país con una economía informal hoy no cuantificable, pero seguramente muy importante, que exhibió su potencial cuando se creó el 'corralito' y se cortó el dinero en efectivo que en su mayoría provenia de la informalidad, transversal a todos los segmentos económicos, desde la pequeña empresa al propio Estado, que compite deslealmente no pagando los impuestos -el caso de las ferias municipales, que junto a los supermercados chinos, afectaron a grandes supermercados tales como Carrefour- es apenas un ejemplo que se repite en casi todos los rubros.
A esto podemos sumar los montos estimados declarados en el blanqueo, y la legalidad de las sociedades offshore, lo que plantea un panorama de informalidad que sólo deja afuera a una porción reducida de los ciudadanos que tributa el combo completo: impuestos, tasas, combustibles, peajes y otros servicios hasta sumar un total de recursos que afectan su bienestar.
Si a este panorama se le suman políticas equivocadas -que advertimos en nuestro articulo La Tormenta Perfecta, en 2016-, tales como desregular el valor de los combustibles cuando el valor del petróleo estaba en sus mínimos de US$ 20 el barril pero hoy ya llega a US$ 70, y de agravarse la crisis siria o algún acontecimiento imprevisto, podría llegar a US$ 100, potenciando la inflación para el 2do. semestre, el cuadro es inquietante porque, a la vez, se le suma la volatilidad financiera internacional, convergiendo en el cada vez más oneroso y dificultoso financiamiento externo.
La farandulizacion de los casos judiciales a través de los medios de comunicación no solamente han afectado la imagen de los acusados sino que ya esmerila a la mayoría de la dirigencia política, un búmeran para quienes creyeron que era una herramienta válida electoral.
Por ese motivo, la opinión pública tampoco cree en la oposición política cuando plantea diferencias en el Congreso respecto de las políticas oficiales, tal como fue el caso previsional en diciembre 2017, o el de hoy día sobre las tarifas de servicios públicos. Esta opinión pública, pesar de los manejos no muy claros de la Justicia, se siente más protegida con fallos aún cuando se hable de "proporcionalidad" y "razonabilidad" como criterio general acerca de las subas tarifarias, lo que deja también en evidencia la intención del Ejecutivo al no nombrar -después de 2 años de vacancia- al Defensor del Pueblo que exige la Constitución Nacional. En verdad, hoy día, un pronunciamiento judicial podría ser más efectivo que las aparentes agresivas sesiones parlamentarias.
A diferencia de los periodos electorales, la gente vota todos los días, tanto cuando no cree en los pronósticos económicos oficiales compran dólares, como cuando se pasa a la economía informal: ninguna política es neutra para el público.
A más de 2 años de Cambiemos y tomando como referencia histórica el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en sus 10 años de gestión del PRO, con una inflación del 1.000% que aumentó sus ingresos por impuestos, peajes, tasas de ABL y multas de tránsito un 2.000%, y más que duplicó su deuda, es interesante escalar estos antecedentes a nivel nacional porque esto permite comprender la coyuntura.
Hay solo 3 caminos para bajar el déficit fiscal:
> o con reducción de gastos,
> o con mayores ingresos a través de tarifas e impuestos,
> o con inflación.
No me sorprendería que el Ejecutivo, a pesar de su relato, haya elegido un combo de suba de la inflación y tarifas e impuestos. En especial cuando ha comenzado a cambiar su relato de la 'agotada herencia recibida', a otro que consiste en que se necesita más de un periodo de gobierno para solucionar los problemas que se arrastran desde más de 50 años. Tal como diría un amigo, "Recalculando para perdurar", pero ¿en beneficio de quién?
