Atribuía a la Jefatura de Gabinete la intención de que se vuelva a cambiar el año de empalme de 2004, que ya había movido la reforma de Kicillof desde el punto de partida metodológico tradicional, que era 1993, medida que se considera judicialmente vulnerable, por 2017 en lugar de 2012 con que especulaba el mercado.
Una modificación como la que está en estudio tiene efectos colaterales: podría ser tomada por los acreedores como una confirmación de que el gobierno anterior tuvo intencionalidad en su perjuicio en 2014 cuando cambió la base de 1993 a 2004, cuando se esperaba que fuera 2012.
La presunción al respecto es que se habría buscado cumplir con los requisitos de crecimiento, pero sin pagar los cupones.
Es que la cláusula del desembolso funciona a partir de que el PBI real del año de que se trate supere al del caso base desarrollado en 2005, lo mismo que la tasa de crecimiento, y además el cupón no debe exceder al remanente establecido en el mismo cupón.
Lejos de ser un contrapunto académico, se trata de un tira y afloje que se discute a puertas cerradas en el exterior a fin de modificar el indicador evitando demandas judiciales, a satisfacción de las partes. El Congreso se mantiene al margen de tales conciliábulos y recién se entera cuando lo convocan.
De algún modo, lo que está en cuestión sería algo así como retrotraer la situación congelada en 2014 a fin de recalcular el flujo de pago desde un punto de partida cuyo nivel surgirá de cómo se dirimen las posiciones, y que se tomó el tiempo hasta febrero o marzo para sellar un entendimiento previo en Nueva York que libere el anuncio oficial.
Repercusiones en los medios influyentes
En los 6 meses de impasse que empezaron en setiembre, de acuerdo con las notas alusivas aparecidas en La Nación y Ámbito, los fondos de inversión se concentraron en tratar de aprovechar la flojedad de papeles de la parte argentina, que deja importantes huecos jurídicos, para justificar un cambio metodológico que no es el primero.
A la luz de lo sucedido en los tres últimos años, por alguna razón el default de hecho en que entraron los bonos cupón PBI no terminó en los tribunales internacionales.
Infobae.com publicó hace 3 años que “el umbral prestablecido de 3,22% de crecimiento del PBI con base en precios de 1993 se redujo a 1,29% por la nueva metodología a precios de 2004, según la interpretación de los términos del canje de deuda que hicieron las fuentes de información que utilizó.
Haber corrido el año base de 1993 a 2004, en consecuencia, representa haber bajado el disparador de los cupones de un crecimiento del 3 al 1%, lo que deja un arrastre desde 2014 y deja en juego un suculento botín para 2018, que dependerá de cómo se “empalmen” las estadísticas de los años base que se negocia por estos días.
“Si se toma en cuenta que sea 2004, el PBI base ($729.292 millones para 2017) es mayor que si es con 2012 ($630.392 millones), lo que sube la vara para gatillar el pago", explicaron en el mercado a La Nación hace más de 2 meses.
La clave, en consecuencia, reside en que si el pago del cupón fuera del 5% de la diferencia entre el PBI de 2017 contra el PBI 2004, en caso de se lo eligiera como base, sería mucho menor que con el empalme con 2012. En números, el título en pesos pagaría $24 en diciembre de 2018 si la economía creciera por encima del 3,22% anual y si el PBI de 2017 superase al proyectado.
Para entender de qué se trata el rediseño que hizo la Administración de CFK, invoca la prensa que maneja muy buenas fuentes en los fondos el prospecto de las condiciones de canje de la deuda en default en 2005 y 2010, que dice explícitamente que "el PBI real efectivo se calcula actualmente en el INdEC utilizando como año base los precios de 1993. Si en cualquier año se cambiara esa referencia, el PBI del caso base se ajustaría en consecuencia".
Los millones que hay en juego detrás de “cada 0,” irán para uno u otro lado de acuerdo con la fuerza que cada quien trasunte, con la amenaza del juicio como telón de fondo. Si algo tienen en claro las partes es que la judicialización favorece al demandado, como sucedió en el default de la deuda de 2001, aunque finalmente se resolvió antes de efectivizarse la sentencia por un acuerdo, y que, como en una negociación financiera como los canjes, se dejan las huellas, que se desvanecen en la instancia judicial donde todos los actores se terminan identificando.
El fondo de inversión Gramercy, que había definido con el Ministerio de Finanzas el alcance del cupón PBI en 2010 del 2do canje, fue defendido por Luis Caputo en persona como que no se trata de un fondo buitre, y hoy se encuentra “comprado” en Venezuela. Fintech se hace de bonos venezolanos y asesora al gobierno de Nicolás Maduro, lo mismo hizo con Argentina en 2005 y luego en la discusión del pari passu en Nueva York. “Cualquiera sea el gobierno ganan”, afirma un veterano abogado de estas lides.
Que Argentina pueda ir de nuevo a un default, en este caso del cupón PBI, es una alternativa no desdeñable y quizá sea uno de los impedimentos que se esgrime internamente en las calificadoras de riesgo para no subir al país a la categoría de emergente, ya que al mismo tiempo es el único caso en la historia que paga juicios sin sentencia y no las cumple: a casi dos años de haberse anunciado el levantamiento del default, siguen en incumplimiento US$ 1.600 millones.
Pero más allá de ecuaciones y logaritmos, el talón de Aquiles de los interlocutores que alternan en Nueva York con los “pacientes” tenedores de los bonos PBI es el trámite en que se encuentan en los tribunales de Buenos Aires las múltiples causas contra el INdEC por la presunta adulteración de los índices de precios y de producto bruto interno a partir de 2008. El paquete recaló en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, quien ya tiene una posición tomada después de haber escuchado la exposición de Guillermo Moreno, uno de los principales acusados por toda la historia de corrupción de los indicadores oficiales y del sistema estadístico oficial que fue denunciada mediáticamente y justificó a la oposición parlamentaria sacar un indicador paralelo.
Pero, además, el documento le permitió al entonces diputado Alfonso Prat Gay presentar en 2014 una querella contra el gobierno de CFK, argumentando la sobreestimación del dato del producto bruto interno (PBI) calculado por el INdEC, con un trabajo de investigación universitaria realizado en el marco del proyecto ARKLEMS+LAND, que investiga la productividad y la competitividad de la economía argentina, en coordinación con un equipo de la casa de estudios de Harvard, titulado "Measuring Argentina’s GDP Growth Myths and facts ("Midiendo el crecimiento del PIB argentino, Mitos y hechos”).
En ese informe, además de desmentir que el país hubiera crecido a tasas chinas, se dejó constancia de que, por haberse modificado la metodología tradicional, al medir las cuentas nacionales desde 2008 y no desde 1993, la elevación de esa cifra haría pagar al país unos US$ 4000 millones más de deuda en 2014, según reveló.
La presunción que testimonió el informe técnico es que inicialmente se podría haber beneficiado a miembros y allegados del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que tenían acceso privilegiado a la información y habían invertido en los bonos con cupones PBI a sabiendas de que sería tocado, verbigracia al ámbito del controvertido ex secretario de Comercio.
Es evidente que conocer por anticipado en cuánto cerraría el número del PBI y cómo afectaría al umbral estadístico a partir del cual se dispara el pago del cupón repercutiría en la cotización de los bonos. Es una de las razones que explica que desde que se tocó la base se haya desatado un festival especulativo de bonos que repartió pingües ganancias entre los actores calificados.
La vida después de Moreno
En este contexto, la definición judicial de las denuncias que pesan sobre los K por la presunta “intervención al INdEC”, y podrían determinar o que Moreno se sume a los presos kirchneristas en la cárcel de Ezeiza, o que sea sobreseído, es seguida con sumo interés por los fondos de inversión y sus allegados, no tanto porque les interese la suerte procesal del ex funcionario kirchnerista, sino porque esperan las sentencias para acreditarlas a su propia posición legal.
Y para el rumbo que sigan en el juzgado de Canicoba Corral, que se encuentra casi persuadido de que no hay pruebas contra el INdEC ni de Moreno, asume fundamental importancia la desmentida que ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo del juez Pablo Cayssials radicó en noviembre de 2016 la Secretaría Legal y Técnica el Ministerio de Hacienda y Finanzas, entonces al mando precisamente del mismísimo Prat Gay aunque ya del lado oficialista del mostrador.
El escrito que presentaron los abogados que representaban a la cartera fue en respuesta a una demanda por subestimación del CER que habían iniciado el 30 de diciembre de 2015 la ONG Consumidores Financieros Asociación Civil. Y puntualiza:
-"Negamos por inexacto e improcedente que se hubiesen estructurado índices falsos, que ello haya sido referencia para una gran cantidad de inversiones privadas de diversa naturaleza y que ello hubiera generado un gran menoscabo en los respectivos rendimientos financieros durante 9 años", escribieron.
-"Negamos por inexacto e improcedente que, con posterioridad al decreto 100/2007 y/o en cualquier otro momento, el INdEC hubiera publicado índices alterados que no reflejaban realmente el precio de los precios al consumidor".
-"Negamos por inexacto e improcedente que hubiera habido una manipulación de los índices de inflación".
-"Negamos por inexacto y carente de nexo causal con las pretensiones que intentan articular que en 2007 -o en cualquier otra fecha- el INdEC hubiese sido intervenido por el Poder Ejecutivo".
Al mismo tiempo, insólitamente, la postura del Ministerio de Hacienda y Finanzas conducido por Prat Gay cuestiona los índices elaborados por las consultoras privadas y los artículos periodísticos que se escribieron y mostraron sobre el tema en varios medios, sin hacer mención a las sanciones que mereciera de los organismos internacionales como el FMI.
Apenas dos años antes, el entonces candidato a Presidente, Mauricio Macri, había denunciado públicamente en la campaña electoral la falsificación de los índices oficiales y que el organismo había estado intervenido durante 9 años, lo cual ninguna prueba posterior ante la Justicia avaló.
Queda en manos de la Corte el reconocimiento o no que presentaron los letrados de la ONG del estudio Arazi, Prato, Mariani de Vidal, Merola & Asociados para que un colectivo de damnificados pueda iniciar una querella por US$ 18.000 millones, estimación que hicieron del impacto total acumulado en 9 años por la presunta adulteración de los índices por los que se ajustaban bonos públicos en manos de la Anses, de privados y fideicomisos. El tribunal de primera instancia le había dado la razón al descargo del gobierno de que no hubo "hecho notorio" que demuestre una fehaciente manipulación de los índices oficiales y la subestimación del CER. Y la Cámara lo ratificó.
De modo que, hasta ahora, se vino dando la razón a los argumentos presentados en primera instancia por los abogados de Hacienda y Finanzas (de cuando Prat Gay era el ministro) para desautorizar a los denunciantes, según consta en el expediente Nº 83472/2015.
El diario La Nación publica que, antes de los comicios de octubre, el magistrado entendía que que no está probada la falsificación de documento público y que el INdEC tenía la potestad de cambiar los productos que medía, con lo cual no dan por sentado que hubo manipulación alguna, en contradicción con las pruebas aportadas por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas de que sí hubo delito.
Probablemente, como está en inglés el trabajo de Ariel Coremberg, no muchos de los contendientes de esta batalla judicial que se parece mucho a intereses, en la que se da la paradoja de que el Estado anterior y el actual actúan como querella y defensa al mismo tiempo, lo habrán leído en detalle.
Pero si se mira el gráfico de la página 8 del volumen 15 de la publicación World Economics, donde se publicó la investigación reproduciendo la curva del PBI desde 1993 hasta 2012, según las mismas fuentes y métodos que se venían usando, salta claramente la diferencia, que es más marcada en dos de los años: 2008 y 2011, si bien en 2012 a Arklems le da 12,2% menos que al INdEC.
El contraste en las tasas de crecimiento es notorio en 2009 y 2012, ya que al instituto oficial que el macrismo había denunciado como intervenido y ahora niega, fue 1% en el primer caso y 2,2% en el segundo, contra -3,1% y -0,4% que sacó el trabajo asociado entre UBA y Harvard con la misma metodología tradicional que cuentas nacionales usó por más de 25 años y con la cual se calculaba antes el PBI.
Bajo ese método, en el período quinquenal en el que se afirma que hubo injerencia política en el INdEC (2007 a 2012), el crecimiento de la economía argentina hubiera sido del 15,9 % (un promedio del 3% anual), y no del 30 % (un ritmo de 5,3% anual), como informaron las estadísticas oficiales.
La proyección de casi 2 puntos por año representa hoy una sobreestimación acumulada en el nivel de producción medido de 12,3 %. Traducida, la conclusión de la investigación efectuada en 2013 muestra que “estas distorsiones no se basan sobre la deflación del valor agregado por la industria a los niveles de precios actuales con manipulación los índices, sino principalmente en la intervención discrecional en cada industria componente del PIB, no solo en el sector financiero, sino también en el comercio y fabricación y el resto de los sectores de servicios y producción de bienes, con el objetivo de mostrar un mayor crecimiento del PIB”.
La investigación de Coremberg cobra más actualidad cuando destaca que “a partir de 2007, la economía no creció por productividad; más que por eso, creció por la mera acumulación de factores: el uso más intensivo del factor trabajo (más horas trabajadas, más puestos informales y part-time de menor productividad) y de la capacidad instalada (y no por la acumulación de capital)", detalla,
Explicaba que está comprobado que los países desarrollados, más allá de las crisis económicas, basan el crecimiento en la productividad en una proporción importante. Por lo que sobreestimar el producto bruto argentino también implicaría que el Gobierno sobreestima la eficiencia en productividad de la economía.
"La Argentina fue una de las economías que más cayó entre 1998 y 2002, y después estuvo entre las que más rebotaron. Pero, a partir de 2006, lo que hizo fue recuperar lo perdido en la recesión anterior. Acumulada, la tasa de crecimiento promedio es la misma que viene teniendo hace 100 años", aclaró.
Como hasta ese momento el dibujo no había tenido consecuencias negativas en el cupón del PBI, porque nunca se creció por debajo del 3% y se lo inflara, en virtud de que el disparador que hace pagar o no ese cupón es un crecimiento del orden del 3,2%, pero cuando se empezó a crecer menos de 3% la ecuación cambió.
La otra arista del problema es señalada como ética por parte del único argentino que intervino en el Sistema de Manual de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (que define, en otras palabras, cómo se hace el cálculo del PBI en el mundo): la irregularidad previsional suscitada.
Casi dirigiéndose a la Corte y a Canicoba, advierte que “si el Estado decide no honrar las deudas con los tenedores del cupón CER implica consagrar la mentira del INdEC (mentir no tiene consecuencias judiciales), formalizar el default virtual de los bonos CER del kirchnerismo y, por último, y lo más grave, tornará insustentable no solo el presente sino el futuro del sistema previsional”.
Advirtió, en ese aspecto, que “el principal acreedor del Estado no son los inversores internacionales sino sus propios jubilados presentes y futuros. Una parte muy importante de esos títulos son bonos cuasipar con vencimiento en 2045, bonos reestructuración de la deuda pública del 2004, indexados al CER. El FGS, es decir los jubilados son propietarios del 77,1% de estos bonos indexados al IPC manipulado por Moreno”, sostuvo.
