Precariedad e ilegalidad, pobreza e indigencia, se superponen en muchos puntos comunes. Uno de los indicadores que publicó el Observatorio de la UCA muestra que la mitad de lo que perciben los trabajadores no existe para ANSeS y, si bien entre estas ausencias, seguramente se encuentran los 3 millones de “ni-ni-ni” de siempre estimados por la UCA, comparten el espacio vacío la evasión y elusión de buena parte de los comerciantes registrados que representa la CAME.
El denominador común es que resultan siendo los más permeables a las recesiones, cuando aumentan los precios y la competencia y ven reducidas sus jornadas laborales o las remuneraciones que pueden pagar los empleadores. Tanto en el mercado formal como en el informal, esta crisis económica que atraviesa el país empuja a los “irregulares” hacia una franja de vulnerabilidad, mientras los considerados “regulares”, aunque tampoco tan calvos que se les vean los sesos, por ahí reciben algún que otro reajuste como paliativo por existir en los convenios laborales.
Como sucedió cuando atacó a las comisiones que cobran las tarjetas de crédito metiendo en la misma bolsa a las que están en posición dominante, como Visa, con las regionales que abarcan a ciudadanos de remotas localidades del interior donde los bancos no llegan, CAME redobló la ofensiva contra la competencia hormiga del comercio, que por no ayudarse con los postnets por ser que sólo mueven efectivo, queda afuera del consumo de ofertas y promociones que hacen los locales con los plásticos.
CAME relevó 455 ciudades del país, donde se encontraron 109 localizaciones con formatos comerciales tipo "saladitas" y un total de 88.791 puestos clandestinos, para denunciar el aumento en la oferta de mercadería ilícita, que genera “un mayor desplazamiento del consumo desde el sector formal al informal”.
Las 6 localidades con mayor cantidad de vendedores ilegales que detectó la investigación realizada en ese casi medio millar de localidades durante agosto son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lomas de Zamora, San Salvador de Jujuy, La Plata, La Matanza y Florencio Varela, donde se “concentró la mitad de los puestos clandestinos”.
Asimismo, la CAME registró un récord de 656 ferias informales con un total de 61.721 vendedores.
“En las centenares de urbes recorridas se encontraron 27.070 manteros, el 77,3 % de ellos ubicadas en las localidades con “saladitas” que, sumados a los vendedores de esos predios, suman un total de 88.791 comerciantes informales en el país en sus diferentes modalidades”, censó.
El informe excluyó las ferias artesanales que combinan artesanías con reventa de productos típicos de “saladitas”. Reconoce no haber podido identificar que más del 50% de la venta responde a ese tipo de productos, o bien los locales que agrupan a vendedores de todo tipo.
Consumo formal por informal
Si bien por un lado señala CAME que uno de los factores que “alienta a incrementar la masa de vendedores irregulares” lo constituye “el aumento en la cantidad de gente que, buscando precios más accesibles, cambia consumo formal por informal”, también atribuye al mayor desempleo “que más individuos encontraran en la venta indebida una vía de supervivencia”.
En cualquier caso, “la falta de controles da lugar a que ese fenómeno se expanda”, destaca.
Aunque a fuego lento y sin estadísticas que lo sacaran a la luz, la curva ascendente del proceso de empobrecimiento de la clase trabajadora marginal arranca en 2010, cuando del 22% de estos hogares que no alcanzaban a satisfacer las necesidades básicas se subió al 30% en 2015, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Pegó en forma regresiva: 28% al nivel socioeconómico muy bajo, 13% al bajo, 5% al medio bajo y 1% medio alto.
Se trata de una franja social media muy expuesta a que las remarcaciones de precios y los tarifazos contra carencia de changas y menores ingresos (como sucedió hasta agosto) afecten su seguridad alimentaria, de salud y de educación para sus niños que quedan en situación de abandonar la escuela. No reciben planes sociales, ni seguridad social formal (o sea que no recibieron el incremento que se dispuso en abril para el salario familiar), no se registran en la Asignación Universal por Hijo, no participan de las convenciones colectivas y, por lo tanto, no reciben la cobertura de los aumentos que se acuerdan, y hasta habían sido ignorados para el beneficio de la tarifa social de los servicios públicos porque operan en el sector informal de la economía.
Algunos son pequeños comerciantes, que tienen un empleo estable o lo tenían, pero que debido a que cayó el nivel de actividad y no poder compensar los ingresos que le generaba, quedan a merced de la vulnerabilidad.
Esperan, al igual que los socios de CAME aunque fuera del sistema, que se dinamice de una buena vez aunque sea un poco el mercado interno para vender algo, y que empiece a haber trabajo en la construcción y en el sector metalúrgico, que han sido los más castigados por la desocupación.
