> La cantidad de egresados universitarios por año pasó de 63 mil a 82 mil, o sea que se incrementó en un 30%.
> Esto implica que la inversión pública universitaria por egresado aumentó un 180% pasando de $220 mil a $611 mil, a precios del 2015.
Estos datos muestran que en la última década casi se triplicaron los recursos que aporta el Estado por cada profesional egresado. Este enorme esfuerzo de inversión no redundó en mejoras en la formación de los estudiantes sino en un masivo derroche de fondos públicos. Aunque los recursos aumentaron considerablemente se mantuvieron muy altos los niveles de repitencia y deserción. Según información publicada por el Ministerio de Educación, el porcentaje de egresados respecto al total de estudiantes universitarios se mantuvo en la última década en alrededor del 5%.
La involución de la universidad pública está asociada a la mediocridad en la gestión. Se promete movilidad social con ingreso libre a la universidad, se multiplican los presupuestos, pero se administran muy mal los recursos humanos y físicos. El resultado son aulas superpobladas, elevado ausentismo, prestigiosos titulares de cátedra que delegan el dictado de clases en ayudantes ad-honorem, relajamiento en el nivel científico, discrecionalidad en la asignación de cargos eludiendo concursos transparentes. Para muchos alumnos estas condiciones son fuente de frustración y motivo de atrasos y deserción. Los que más sufren estas condiciones son quienes más necesitan del soporte estatal por tener apoyos familiares más débiles y una formación básica de menor calidad.
La defensa de la universidad pública no pasa por asignar más recursos sino por una mayor responsabilidad en el ejercicio de la autonomía universitaria. La Argentina fue pionera en contemplar la educación universitaria en base a la conducción autónoma. Las autoridades elegidas democráticamente dentro de la comunidad universitaria administran los recursos sin interferencia de ninguna autoridad del Poder Ejecutivo. Son ellas las que deberían asumir la responsabilidad por los mediocres resultados alcanzados debido a malas prácticas de gestión que en algunos casos ha llegado a motivar denuncias de corrupción. Ante esta situación, espanta el facilismo con que se deja de lado la defensa de la autonomía para seguir exigiendo más recursos a la sociedad.
Mejorar la educación pública es vital para el progreso social. Pero es fácil demostrar que los mayores dividendos sociales se generan a través la educación básica. Los claustros universitarios, teóricamente conformados por las personas más preparadas de la sociedad, no deberían seguir ignorando esta realidad y, coherente con ello, en lugar de presionar por más presupuesto deberían promover un proceso de autocrítica y mejorar la gestión.
