El Banco de Servicios y Transacciones (bST) nació en 2002, cuando fue vendido el Heller Financial Bank (banco mayorista especializado en productos de alto valor agregado para el segmento corporativo en la Argentina) por GE Capital.
En 2006 ocurrió la expansión del bST hacia el mercado de consumo (banca individuos).
Cuando ocurrió el escándalo, los accionistas eran
> el Grupo ST (98,6% del paquete), con el ex Bansud, Pablo Bernardo Peralta como presidente, vicepresidente Marcos Marcelo Mindlin, y directores titulares a Roberto Domínguez (actual presidente del bST), Eduardo Rubén Oliver, Damián, Miguel Mindlin, Julián Andrés Racauchi y Ariel Schapira, según certificó la escribana María Cecilia Koundukdjian; y
> ST Inversiones S.A., donde aparecían Julián Andrés Racauchi, Marcelo Guillermo Testa, Alicia Mónica Tauil, Matías Agustín Peralta y Juan Manuel Lladó.
La causa fue la N°9070/2013, iniciada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Juan Carlos Gonella, con motivo de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por diferentes entidades bancarias a la Unidad de Información Financiera, a cargo de José Sbatella, entre 2009 y 2010. El fondo de la cuestión fue “la inyección de más de $ 100 millones a través de aportes de capital canalizados desde sociedades interpuestas y controladas por los grupos financieros Dolphin y Abus Las Americas”.
“Ambos grupos económicos" -decía la denuncia- "utilizaron los aportes para comprar el paquete mayoritario del Grupo ST y del banco del grupo, sin que esas operaciones contasen con la debida justificación documental sobre el origen de los fondos empleados”.
La compra del 45% del Grupo ST ocurrió en octubre de 2007 pero fue aprobada por la Superintendencia de Bancos del Banco Central en 2009. En 2011, una de las sociedades de Mindlin, Dolphin Créditos, vendió esa participación a los dueños anteriores. "Esa nueva transferencia no fue autorizada aún por el BCRA", argumentaba la Procelac, aunque los de Mindlin decían, con bastante razón, que hay una extraordinaria demora del BCRA en la aprobación de transferencias de acciones.
Alguien observó que la compra fue por $ 150 millones y la venta del mismo paquete accionario, por $ 50 millones. Así se disparó la denuncia de la Procelac.
Mindlin estaba furioso porque había escuchado el rumor del mercado: que la denuncia fue impulsada por alguien que ambicionaba frustrarle la sociedad de Pampa Petrolera con YPF para la exploración gasífera en el área llamada “Rincón del Mangrullo”, en Neuquén.
Los denunciados: Joseph Lewis (ex socio de George Soros en la apuesta contra la libra esterlina, evento conocido como "Black Wednesday", que hizo a Lewis muy rico, aunque en la Argentina es más conocido por comprar la propiedad aledaña al lago Escondido y frenar el libre acceso al paraíso lacustre), Sergio Grosskopf (titular del Chateau Group, uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios del país, ex dueño de Alto Palermo), Marcelo y Damián Mindlin (Grupo Dolphin, Pampa Energía, Pampa Petrolera, Edenor) y Pablo Peralta y Roberto Dominguez, entre otros.
De todos modos, Cristina Fernández de Kirchner, o por Miguel Ángel Galuccio o por Marcos Marcelo Mindlin, o por ambos, ordenó que la operación avanzara contra viento y marea.
En ese punto es posible alcanzar 3 conclusiones iniciales:
1. No es cierto que Mindlin haya sido un empresario perjudicado por los Kirchner.
2. Cristina hacía abuso de su poder y eso deberá recordarlo cuando visite Comodoro Py.
3. Dificilmente Mindlin encuentre en Petrobras hoy día un Galuccio.
En mayo 2015, YPF amplió su acuerdo de cooperación gasífera con Petrolera Pampa, con US$ 150 millones adicionales, 50% y 50%. Más tarde, la empresa conducida por Mindlin informó que el acuerdo había sido anulado pero porque Pepasa (Petrolera Pampa SA) pidió una prórroga para cumplir con sus compromisos pero no obtuvo respuesta. Según el diario El Cronista Comercial, Pepasa no llegó a un acuerdo con una 3ra. empresa para conectarse a un gasoducto.
Es conveniente regresar al caso bST: en 2013 la Procelac (sobre la que influían tanto Carlos Zannini como Alejandra Gils Carbó pero no Miguel Galuccio... ) denunció a los accionistas del Grupo ST por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero, según difundió la Procuración de la Nación a través de su página web.
Recién en octubre de 2014, Mindlin consiguió el sobreseimiento del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, Secretaría N°8, que tuvo la firma del magistrado Ariel Lijo, recordado porque fue el crítico feroz del fiscal especial Alberto Nisman cuando éste acusó a Cristina por entorpecer la investigación del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina. El juez Lijo realizó notables aportes a la incredulidad popular acerca del Poder Judicial y su ejemplo fundamenta la reforma que proyecta el ministro Germán Garavano al fuero en lo Criminal y Correccional Federal.
Pero en aquella ocasión, Lijo le concedió a Mindlin lo que éste necesitaba, la frase en el fallo: "haciendo expresa mención de que la formación del presente sumario en nada afecta al buen nombre y honor de que el nombrado puede gozar”.
Similar concepto se le extendió a otros 2 imputados por el fiscal federal Patricio Evers: Damián Mindlin y Gustavo Mariani.
El asunto fue polémico, al extremo que las partes demoraron varios meses en difundir el fallo de Lijo. (continuará)
