“Estamos sumamente preocupados por el asesinato de seis personas, entre ellas un menor de 15 años y tres estudiantes, uno de los cuales apareció con claros signos de tortura, y por la desaparición forzada de 43 alumnos normalistas”, observaron los expertos, reconociendo la respuesta de las autoridades, que han detenido a 22 policías municipales de Iguala y otras ocho personas más a quienes señalan de haber participado en los hechos.
“Cada día se recibe información que hace aún más aterradora esta historia”, notaron los expertos en relación al hallazgo de seis fosas comunes en áreas cercanas a la ciudad de Iguala.
“Hasta la fecha no se ha confirmado si los cuerpos hallados en las fosas, que fueron quemados, pertenecen a los estudiantes desaparecidos, pero según los primeros indicios los restos encontrados presentan lesiones de bala y de objetos contundentes”, agregaron.
El descubrimiento de otras cuatro fosas clandestinas en Iguala y las nuevas confesiones de sicarios van despejando las últimas dudas sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Todo está listo para estallar. Solo falta la confirmación oficial de que los cadáveres calcinados y enterrados de mala manera en las afueras de la pequeña ciudad de Guerrero pertenecen a los alumnos de magisterio detenidos por la Policía Municipal la noche del 26 al 27 de septiembre tras una salvaje persecución que acabó con seis muertos y 17 heridos. Pocos dudan de este desenlace, pero mientras llega, el país asiste a una oleada de consternación sin precedentes en el mandato del presidente Enrique Peña Nieto.
A las multitudinarias manifestaciones de los padres y compañeros de los estudiantes, amparadas en una fortísima marea de solidaridad, han seguido las exigencias de organizaciones internacionales, entre ella la propia ONU, para que se resuelva con celeridad el caso. Los nubarrones han adquirido un color político oscuro. Intelectuales y empresarios se han sumado al malestar. Y han apuntado al corazón del problema: la incapacidad de las fuerzas de seguridad de domar la violencia, lentas y torpes a la hora de detener a criminales que se permiten secuestrar y hacer desaparecer estudiantes por decenas.
El Gobierno, consciente del terremoto que se avecina, se ha puesto manos a la obra. El lunes 06/10 el propio Peña Nieto, en un mensaje televisado, se mostró “indignado” por los hechos y anunció que no dejaría el más mínimo resquicio a la impunidad. Acto seguido, envió a la Gendarmería, la nueva fuerza de choque contra el narco, a tomar el control de Iguala. El mismo camino siguió el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, el hombre que capturó a El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del planeta. Pero estas medidas no han logrado calmar los ánimos.
El Presidente, una figura que en México suele planear por encima de los vendavales cotidianos, ha tenido que insistir otra vez en que los culpables caerán y que nada le torcerá el pulso en su persecución. “Tenemos que ir en profundidad y, paso a paso, llegar hasta los responsables, aquellos que por negligencia o por su actuación permitieron que esto ocurriera y que lamentablemente, de confirmarse, permitieron que perdieran la vida jóvenes estudiantes. Se trata de un hecho verdaderamente inhumano, prácticamente un acto de barbarie, que no puede distinguir a México”, ha declarado Peña Nieto. A sus palabras se han sumado, en rigurosa cadena, las más altas instancias de la seguridad mexicana. Uno tras otro, han intervenido para mostrar el denuedo gubernamental en la resolución del caso.
Amnistía Internacional
Sin embargo, la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) hizo uno de los pronunciamientos más críticos sobre los sucesos registrados en Iguala en la última semana de septiembre pasado al asegurar que la investigación judicial sobre ese caso ha sido “caótica” y “hostil”.
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En un comunicado, el organismo internacional destacó que a pesar del reciente pronunciamiento público del presidente Enrique Peña Nieto de ‘ir a profundidad y tope donde tope’, las autoridades responsables de la indagatoria han obstaculizado el trabajo de los peritos forenses argentinos, cuyo trabajo es reconocido mundialmente.
“Las familias de los estudiantes desaparecidos continúan sufriendo las consecuencias de una investigación judicial caótica y hostil”, subrayó.
Amnistía destacó también que tras el hallazgo de cuatro nuevas fosas, “aún no se ha visto que los peritos internacionales reconocidos por los propios familiares de los desaparecidos hayan podido acceder a las fosas para realizar su trabajo”.
Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, aseguró que “es esencial que los peritos internacionales tengan acceso inmediato e irrestricto a todas las investigaciones forenses que se estén llevando a cabo en conexión con estos hechos”.
Esa, agregó, “es la única forma en que los familiares y la sociedad tengan confianza en los procesos forenses”.
El representante del organismo internacional consideró que “si el gobierno federal es serio en sus promesas de una investigación ‘a profundidad’, medidas básicas como ésta deberían estar garantizadas desde el primer momento”.
Dijo que “es esencial que la Procuración General de la República reconozca los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense como peritos oficiales en las investigaciones”.
Según AI, “debe haber una plena apertura hacia el trabajo de los peritos independientes, una afinada coordinación de esfuerzos entre funcionarios públicos y un absoluto respeto a la dignidad de las familias que están buscando a sus seres queridos”.
Por ello, instó al presidente Enrique Peña Nieto, al procurador Jesús Murillo Karam y al gobernador guerrerense Ángel Aguirre “a asegurarse de que sus promesas no queden en el aire sino que se hagan realidad con pasos concretos”.
Y es que, de acuerdo con la información recibida por AI, el trabajo que han hecho los agentes del ministerio público de Guerrero en la exhumación de los restos humanos encontrados en las primeras seis fosas –descubiertas el pasado 4 de octubre–, “presentaría deficiencias, lo cual dificultará las pruebas de identificación”.
Según AI, familiares de los estudiantes desaparecidos el pasado 26 y 27 de septiembre en el municipio de Iguala, les enviaron testimonios sobre “la falta de sensibilidad, cortesía y respeto que le dispensaron agentes del Ministerio Público estatal encargados de llevar adelante la investigación del caso”.
Sobre llovido, mojado
El procurador general, Jesús Murillo Karam, aseguró que soldados utilizaron las armas de algunos presuntos delincuentes muertos para asesinar a otros que aún quedaban vivos tras una confrontación en Tlatlaya, Estado de México, en un caso que ha sido visto por algunas organizaciones internacionales como una ejecución extrajudicial masiva.
En una entrevista en la mexicana MVS Radio, el funcionario dijo este viernes 10/10 que tres soldados ya fueron acusados de homicidio por esos hechos ocurridos el 30 de junio en San Pedro Limón, una comunidad de la municipalidad de Tlatlaya en el Estado de México, y que un teniente que se supone estaba a cargo de los militares es señalado de encubrimiento.
Murillo Karam dijo que la mayoría de los 22 presuntos criminales que fueron reportados fallecidos ese día ya habían muerto tras unos primeros tiroteos, pero que al menos ocho habrían quedado vivos y que luego fueron asesinados con las propias armas de algunas de las víctimas por los tres soldados.
Aseguró que las balas por las que murieron algunos de los presuntos criminales “no correspondían a las armas del ejército”, pero al seguir las investigaciones se determinó que “les disparan con las armas de los muertos”.
Murillo Karam había dicho el martes 07/10e que tenían una nueva versión sobre lo que sucedió en junio en Tlatlaya y señaló que hubo dos intercambios de fuego.
Las autoridades han sostenido que en el incidente participaron siete soldados y un teniente, todos los cuales también son procesados en la justicia militar por violaciones a las normas castrenses.
Murillo aseguró que una testigo coincidió con esa versión en una declaración que hizo el martes 07/10 ante la Procuraduría General de la República, entidad encargada de adelantar las investigaciones penales en el país.
Hace unas semanas, no obstante, la mujer había dicho a The Associated Press y a la revista Esquire Latinoamérica, en entrevistas por separado, que 21 de los presuntos criminales fueron asesinados después de que se habían rendido.
