Pero el tema más interesante era, en la junta de accionistas, la relación entre Repsol y Pemex, accionista N°3 de la petrolera española.
La herida entre ambas empresas se abrió hace 2 años, cuando Pemex y la constructora Sacyr -otro importante accionista- se unieron para intentar expulsar a Brufau.
"Recuerdo hace dos años y medio el acuerdo de un socio de esta casa con el presidente de otro socio de esta casa para controlar sin lanzar una OPA (Oferta Pública de Adquisición)", recordó ahora Brufau en velada referencia al pacto de accionistas suscrito entre Sacyr y Pemex en 2011.
En 2014, la junta general de accionistas fue el escenario de un nuevo enfrentamiento entre Brufau, y los representantes de Petróleos Mexicanos (Pemex), que posee 9.4% de esa empresa.
La mayoría de los accionistas respaldaron la gestión y las propuestas de Brufau, incluidas las críticas abiertas a la estrategia de la petrolera mexicana de intentar controlar el negocio de la exploración en su propio beneficio.
Sin embargo, Julio Francisco Poulat dijo, en representación de Pemex, que no tenía intención de romper Repsol en 2 empresas: "Pemex no tiene intención de promover y secundar ninguna operación de separación entre 'downstream' y 'upstream' de Repsol. Pemex cree que la integración de las dos actividades es el modelo más adecuado (...) pero la modificación propuesta supone un blindaje que destruye valor".
"Las personas de la compañía que representa Julio Francisco (Pemex), que en aquel momento estaban agrediendo a Repsol, están ahora en cargos directivos de Pemex", advirtió Brufau.
Diversos accionistas minoritarios intervinieron en la junta para defender la gestión de Brufau, y reprochar las injerencias de Pemex.
Pero Brufau rechazó ahondar en el conflicto: "Sugeriría que miremos el futuro. Déjennos a nosotros en cierta medida gestionar nuestros problemas internos, que lo son y los hay, para ver si somos capaces de pasar página de una vez por todas" , dijo, cortando la intervención de uno de sus accionistas.
De todos modos hay quienes afirman que a Brufau le costó más esfuerzo del previsible.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha salido airoso de la junta de accionistas de su décimo aniversario al frente de la petrolera (llegó a la presidencia en octubre de 2004, tras la llegada de Zapatero al poder), pero no sin sufrir un pequeño rapapolvo.
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En un hecho sin precedentes en la compañía, el ejecutivo de Mollerusa se ha granjeado el 'no' de casi el 40% (concretamente el 38,3%) de sus accionistas, en la votación del punto número 8 del orden del día de la junta, que proponía el "fortalecimiento del negocio integrado".
Pemex, accionista de referencia con un 9,3% de la petrolera, y un amplio grupo de fondos internacionales han votado en contra de la propuesta impuesta por el presidente, ante el temor, según afirma la compañía, de que su accionista mexicano trate de segregar en el futuro los negocios más valiosos del grupo (upstream -exploración y producción petrolífera- y downstream -refino y comercialización-) con el objetivo último de desmantelar la compañía.
Brufau ha sido el impulsor del blindaje estatutario aprobado en la junta, que eleva del 50% al 75% el apoyo accionarial necesario para sacar adelante una operación corporativa del estilo de la supuesta escisión de las dos actividades principales del grupo que persigue Pemex.
La medida ha sido muy critica no sólo por la mexicana, sino también por los fondos internacionales, tradicionalmente críticos con este tipo de operaciones proteccionistas que dañan el funcionamiento democrático y asambleario de una compañía cotizada.
Según Brufau, a partir de ahora "quien quiera tener una parte del negocio tendrá que hacer una OPA", porque el blindaje persigue "la estabilidad institucional, los grandes consensos y proteger a las minorías" ante tentaciones de escisión entre los socios de la compañía.
"Desde el punto de vista de negocio sería una barbaridad separar esta casa en dos y perder todo lo que representa su futuro", dijo Brufau, que trajo a colación los embates sufridos en el pasado, pues "no será la primera vez que nos enfrentamos a operaciones que no han sido muy transparentes o muy reales", como el intento de asalto de "una empresa rusa en 2008" o el de "un socio de esta casa [Pemex] con el presidente de otro socio de esta casa [Luis del Rivero, ex presidente de Sacyr]". Todos estos riesgos, considera Brufau, "están aquí hoy porque hay mucho ruido".
No piensa lo mismo el conglomerado estatal controlado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, que ayer dejó claro que “no tiene intención de secundar o promover ninguna separación" de los negocios de la petrolera española. Jaime Poulat, coordinador de asesores del consejero en Repsol, Arturo Henríquez, fue el encargado de exponer la posición del gigante mexicano en la junta.
En relación con la modificación estatutaria, “Pemex no tiene ningún interés en dividir Repsol. Al contrario, creemos que la integración de todos los negocios es el modelo de éxito para el futuro” afirmó en su intervención en el turno de preguntas.
“Se ha generado una polémica artificial y la pregunta que debemos hacernos es si Repsol debe seguir en un modelo encorsetado. La respuesta es claramente no”. “No debe abrazarse un modelo estático”, aseveró Poulat, que cree que “la modificación estatutaria puede perjudicar a Repsol puesto que resta poder a la mayoría del capital y da alas a una minoría de bloqueo. Pondrá a Repsol en una posición de desventaja”.
Su intervención tuvo réplica inmediata de otros accionistas minoritarios del grupo, que pidieron, algunos de ellos, que Repsol trate de expulsar "al grano en el culo" en que se ha convertido Pemex.
Brufau pidió calma y respeto a todos los intervinientes sobre la postura de Pemex, que perdió, de nuevo, su afrenta al presidente de Repsol, del que meses atrás pidió públicamente su cabeza, criticó su mala gestión y hasta se atrevió a censurar sus altos emolumentos al frente del grupo.
Brufau consiguió el respaldo sin fisuras de todos sus accionistas de referencia y en el resto de los puntos del orden del día arrasó por goleada, con votaciones favorables superiores al 95% de todo el accionariado representado en la junta.
Entre los puntos que salieron adelante estaba el que,, a priori, hubiera sido el más importante de la cita, la aprobación del acuerdo de indemnización con Argentina, que pone fin a una guerra de dos años que estalló con la expropiación de YPF en abril de 2012.
