En este sentido, Brufau explicó que la Asamblea de la petrolera argentina sólo tenía que aprobar los honorarios y dietas del Consejo de Administración, y no las retribuciones de los directivos como ahora denuncian los gestores de YPF, en manos de Cristina Fernández de Kirchner. "Es una información transparente y pública", ha defendido.
El presidente de Repsol ha dejado abierta la puerta a tomar "todo tipo de acciones judiciales" para defenderse de la "agresión" contra su persona y la compañía española.
Por otro lado, el ejecutivo catalán ha insistido ante el accionariado que Repsol "nunca va a renunciar" en su lucha por lograr una "indemnización justa" por lo que ha definido como "confiscación" de YPF.
No obstante, el presidente de Repsol ha lamentado que este acuerdo se encuentra "en un horizonte a muy largo plazo".
A la vez, Repsol ha reforzado su presencia en el consejo de administración de YPF al pasar de 1 a 2 representantes, en virtud de lo aprobado en la asamblea general de accionistas de YPF, celebrada en Ciudad de Buenos Aires.
Así, a Luis García del Río, que ya estaba presente en el directorio de YPF en representación de la compañía española, se le sumará ahora Carlos Tombeur.
El sistema de voto en YPF ha permitido a Repsol hacer valer en la junta su actual participación del 12% y elevar la representación en el órgano de gobierno de la petrolera argentina.
Durante la asamblea se estudió un informe sobre remuneraciones, respecto al cual el presidente de YPF, Miguel Galuccio, dejó claro que no se estaban cuestionando las cuantías abonadas a los ejecutivos de la empresa, sino el procedimiento aplicado.
"No es una cuestión de importes; no se cuestionan las cuantías, sino el procedimiento", dijo Galuccio en referencia a este tema, según han informado a Europa Press asistentes a la reunión.
La asamblea de YPF acordó analizar la presentación de una acción civil contra el procedimiento de retribuciones seguido por los administradores de la compañía entre 2003 y 2011, periodo en el que era filial de Repsol.
Repsol presentó en diciembre pasado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) por la expropiación de sus acciones para que Argentina le pague una compensación por lo que la firma española considera un "expolio".
