La Noche de los Bastones Largos

La Guardia de Infantería, de la Policía Federal Argentina, ingresó a la Facultad de Ciencias Exactas y a la de Filosofía y Letras lanzando gases lacrimógenos y luego descargando bastonazos a hombres y mujeres, alumnos, docentes y graduados. La 'Noche de los Bastones Largos' fue el final de una Universidad de Buenos Aires que buscaba el debate intelectual y político. Nunca lo recuperó. Ni siquiera desde 1983, años en que la UBA es sinónimo de mediocridad, corrupción y una dictadura inversa, ahora de organizaciones de izquierda como la Federación Universitaria de Buenos Aires.
El 29 de julio el gobierno de facto sancionó el decreto ley 16.912, que puso fin a la autonomía universitaria y obligaba a los rectores y decanos de las 8 universidades nacionales a asumir como interventores dependientes del Ministerio del Interior. El nuevo decreto se había propuesto "eliminar las causas de acción subversiva" en la universidad. Los rectores de las universidades de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Tucumán y Litoral decidieron renunciar. Los rectores de las universidades del Sur, del Noreste y de Cuyo aceptaron asumir como interventores.
En la UBA, además del rector Hilario Fernández Long, 9 decanos anunciaron sus renuncias. En algunas facultades se realizaron asambleas como manifestaciones de oposición. Como represalia, la misma noche del 29 de julio, policías armados, conducidos por el jefe de la Policía Federal, general Mario Fonseca, irrumpieron en algunas facultades de la UBA –los incidentes más graves se registraron en Filosofía y Letras, Arquitectura y Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN)– disparando gases y gritando consignas antisemitas y anticomunistas.
Así, un mes después de derrocar al presidente Arturo Illia, Onganía decretó el cese de la autonomía en las universidades. Había anunciado un plazo de 48 horas para que las autoridades académicas decidieran si lo aceptaban o renunciaban, pero antes de ese plazo, en la noche del viernes 29 envió a la policía a las facultades de Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, Arquitectura, Medicina e Ingeniería, tomadas por estudiantes y el personal universitario, al igual que el rectorado de la UBA, donde el rector Hilario Fernández Long se había recluido para manifestar su rechazo.
Cerca de las 22:00 la Infantería rodeó la Manzana de las Luces, sobre Perú al 200, donde funcionaban Exactas y Arquitectura. Adentro habían cerrado puertas y ventanas, montado barricadas y el vicedecano de Arquitectura, Carlos Méndez Mosquera, decidió preguntarle a uno de los oficiales qué pasaba.
"¡Ataquen!", fue la respuesta.
En Exactas, fue igual: "¿Cómo se atreve a cometer este atropello? Todavía soy el decano de esta casa de estudios", dijo Rolando García. Un corpulento suboficial intentó romperle la cabeza con su bastón.
"Pegaban con ganas", relató Manuel Sadosky, entonces vicedecano de Exactas.
Sobre la Avenida Independencia al 3000, en la Facultad de Filosofía y Letras, policías armados ingresaron al patio y las aulas. También fue desalojada la Facultad de Ingeniería. Sólo en Medicina no se registraron incidentes.
Primero todos contra la pared de un aula, brazos arriba y piernas separadas: "¡Al que apoye las manos en la pared, le reviento los dedos!".
Hubo un simulacro de fusilamiento. Después, los estudiantes fueron ordenados en fila y, camino a los camiones celulares, de acuerdo a algunos relatos, debieron pasar entre dos formaciones de policías, que les dieron patadas y bastonazos.
Pero no hubo muertos. Sí heridos y, se estima, más de 500 detenidos.
En cuanto a los profesores, en su mayoría, fueron liberados a la madrugada.
"No se nos tomó declaración, no se nos procesó por nada –relató Rodolfo Busch, profesor de Exactas–, nunca estuvimos presos, nunca hemos sido apaleados."
Al otro día, Onganía clausuró todas las universidades por 3 semanas.
En la FCEyN, se encontraba como profesor visitante el matemático Warren Ambrose, del Massachusetts Institute of Technology. El relato indignado de Ambrose fue publicado por la revista 'Science' y el 'The New York Times', que reprodujo declaraciones del rector y de algunos decanos de la UBA. Horacio Pando, decano de Arquitectura, sostenía: "Cerca de las 22:00 del viernes, la policía interrumpió en las clases nocturnas en nuestra facultad, gritando obscenidades, ygolpearon a profesores y estudiantes, hombres y mujeres, muchos de los cuales no conocían el decreto".
El 'The New York Times' comentó que "la mayoría de los 75.000 estudiantes sin clases deambulan en las cercanías de los edificios", en aparente respuesta a un llamamiento de "líderes izquierdistas" de la "poderosa Federación Universitaria Argentina", que reclamaba la reapertura de las universidades, buscaba el apoyo en líderes obreros de la CGT y llamaba a "expulsar a la dictadura educativa".
El gobierno de facto decidió suspender las clases en las universidades nacionales hasta el 16 de agosto, con excepción de las 3 que habían acatado el nuevo decreto, y designar a Carlos María Gelly y Obes como nuevo ministro de Educación.
También propuso cubrir los cargos de docentes renunciantes en las universidades nacionales con profesores de las universidades católicas no afectadas por la intervención. Esta iniciativa fue interferida por el manifiesto firmado por 65 profesores de la Universidad Católica de Buenos Aires, donde se afirmaba: "El país necesita científicos y técnicos y éstos pueden producirse sólo si las universidades son eficientes y capaces de conseguir sus objetivos (...) Esto puede ser logrado sólo si se mantienen principios tales como el derecho a la libertad de pensamiento y opinión dentro de la institución (...) El principio de autonomía universitaria es el factor más importante para alcanzar los más altos niveles académicos".
El gobierno estadounidense notificó a Onganía su "consternación y preocupación" sobre lo ocurrido en las universidades y protestó por la golpiza padecida por Warren Ambrose, pero a comienzos de agosto Lincoln Gordon, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, quien como embajador en Brasil había dado su fervoroso apoyo al golpe de Estado de 1964, sostuvo ante la prensa que el ataque a la universidad había sido justificado, porque allí se encubrían agitadores profesionales.
El 5 de agosto, Gordon tuvo que aclarar sus dichos. 'The Washington Post' reprodujo sus argumentos: si bien algunas universidades latinoamericanas se habían convertido en "asilos de gángsters", de "estudiantes crónicos" o de "agitadores profesionales", los abusos de la libertad académica debían ser corregidos "a través de formas civilizadas y legales" y "no con violentas redadas policiales".
Las aclaraciones de Gordon, apoyadas por el secretario de Estado, Dean Rusk, provocaron la reacción del gobierno de Onganía. El titular de la Cancillería, Nicanor Costa Méndez, presentó a Leonard J. Saccio, encargado de los asuntos norteamericanos en Buenos Aires, una nota de protesta que incluyó un pedido de informe detallado de las mencionadas declaraciones de Gordon y Rusk a fin de analizar si no significaban una interferencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de la Argentina.
Finalmente, en el 'The New York Times' del 12 de agosto Marshall Wright afirmó que el profesor Warren Ambrose no había sido seriamente dañado. Por otra parte, Wrigth mencionó que el gobierno argentino había presentado un extenso mensaje que desautorizaba la acción policial llevada a cabo la noche del 29 de julio y aclaraba que los efectivos habían sido instruidospreviamente para no usar la violencia. De esta forma, el Departamento de Estado norteamericano daba por cerrados los entredichos.
El 25 de agosto de 1966, un artículo del 'The New York Times', que llevaba como copete "Reclutadores universitarios listos para ubicar profesores", anunciaba que algunas de las universidades más importantes de los Estados Unidos, "incluido el Massachusetts Institute of Technology y Harvard, así como sociedades científicas y académicas, han establecido contacto con profesores argentinos en las últimas dos semanas para colaborar con su plan de partida".
Investigaciones posteriores sostienen que como consecuencia de los episodios del 29 de julio renunciaron en la UBA alrededor de 1.380 docentes e investigadores. Del total de renunciantes, aproximadamente el 70% pertenecían a la FCEyN. Más de 300 emigraron hacia otros países.
El 22 de agosto asumió el interventor, Luis Botet, en la UBA, quien proclamó: "La autoridad está por encima de la ciencia".
Como todo lo que hizo el mediocre Onganía, el resultado sería el inverso al deseado: la actividad política creció en las facultades, y la participación universitaria resultaría gravitante en todas las protestas, incluyendo el 'Cordobazo' que tumbó al general.
La renuncia y el exilio de cientos de profesores e investigadores desmantelaron el proyecto de universidad científica que había comenzado a gestarse en la UBA desde 1957, tras la recuperación de la autonomía.
El proyecto había multiplicado el número de profesores con dedicación exclusiva (eran 9 en 1958 y 700 en 1966), había modernizado las estructuras curriculares, renovado el plantel de profesores y abierto nuevas carreras (Sociología, Psicología, Educación, Economía), había creado los departamentos de Extensión y de Orientación Vocacional.
Manuel Sadosky había fundado el Instituto del Cálculo, donde puso en funciones la primera computadora del país, en 1961, bautizada 'Clementina'.
Otra víctima fue Eudeba –la editorial de la UBA que gerenció Boris Spivacow–.