Hollywood ha descubierto los secuestros extorsivos como historias a filmar: Prueba de Vida (Proof of Life, con Russell Crowe y Meg Ryan), Man on Fire (con Denzel Washington y Christopher Walken), y Secretos de un Secuestro (The Clearing, con Robert Redford y William Dafoe). La versión local más reciente fue Palermo Hollywood, entre otras películas.
En Man on Fire se afirma que en Latinoamérica ocurre un secuestro cada 60 segundos, y que el 70% termina trágicamente. Pero The Clearing ocurre en Pittsburgh, Pennsylvania, USA, aunque el caso real fue en Holanda, donde nació su director, Pieter Jan Brugge.
En Proof of Life (inspirada en un caso real ocurrido en Colombia) y en Man on Fire (sucede en México), la policía antisecuestros intenta quedarse con una parte del rescate a pagar a los secuestradores. En Man of Fire se menciona una fratenidad mafiosa en la Policía Judicial llamada La Hermandad.
Por suerte también hay policías honestos, aunque relativamente eficientes, como el inspector que protagoniza Giancarlo Giannini, siempre dispuesto a acostarse con una periodista del diario Reforma, a la que brinda información.
Proof of Life y Man of Fire muestran que, sin embargo, los casos no los resuelven las fuerzas de seguridad. Y no se obtiene información sin ‘jugar al límite’.
En Proof of Life, libera a la víctima de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia un ex comando británico, consultor de seguridad de una agencia como Kroll.
En Man of Fire, es otro aparente ‘comando’ que trabaja como guardaespaldas. Él no duda en cortarle, uno a uno, tres dedos a un policía corrupto para que confiese, y tiene la delicadeza de cauterizarle la herida para que no sufra hemorragia. Luego le dispara en la cabeza.
Al hermano del jefe de secuestradores, apodado La Voz, le dispara en la mano cuando su hermano está en el teléfono, para forzar un intercambio de prisioneros. Y al progenitor de la víctima, que tiene responsabilidad en lo sucedido, le deja una pistola con una bala para que se suicide antes que tener que matarlo él.
El mensaje es nítido: en el trato con delincuentes sólo cabe la ‘mano dura’, expresada por la madre de la víctima: "Mátalos a todos".
Frente a una situación límite, León Carlos Arslanián, ministro de Seguridad bonaerense, parece que le dijo al comisario al frente del rescate de Patricia Nine: "Comisario, haga lo que tenga que hacer pero a esta mujer me la trae viva".
¿Podrían convertirse en largometrajes los casos de Axel Blumberg o el de Patricia Nine? También podrían alimentar alguna obra de ficción. Man on Fire fue una novela original de A.J. Quinnell -titulada Bala Perdida, que el guionista Brian Helgeland (L.A. Confidencial) trasladó a Ciudad de México DF.
En verdad, la tragedia de perder a un ser querido, la incertidumbre de saber si vive o muere transforma por completo la vida y el espíritu de los protagonistas de cualquier secuestro.
Familiares y amigos son investigados, cuando el delito es denunciado, y también esto puede transformar, a veces, la relación con la víctima y entre ellos.
Y las víctimas experimentan el drama de quedar indefensas en manos de secuestradores que tienen menos que perder que ganar.
Otro personaje para llevar al cine o a una novela trascendió durante el fin de semana en México, César Alfonso Rodríguez Gómez, ex subdirector de Política y Estadística de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), preso por secuestro desde el 21 de octubre, era el co-fundador del sistema conocido como Seguimiento y Control de Actuaciones del Ministerio Público y sus Auxiliares (Scampa), lo que le permitía ingresar a todos los bancos de datos, sin importar que la información involucrara al denunciante o al acusado.
Scampa almacena las declaraciones de víctimas y probables responsables, testimonios de testigos, fotografías, pruebas recabadas, congelamiento de dinero en bancos e incluso, en ocasiones, las líneas de investigación que siguen los agentes judiciales.
El secuestrador había dirigido un equipo de técnicos informáticos para crear el sistema y, además, ubicar algunos candados para impedir que fiscales y hasta subprocuradores puedieran revisar todas las averiguaciones previas.
Rodríguez Gómez tenía claves y formas para ver todas las averiguaciones de cualquier fiscalía. ¿Ocurrirá algo similar en la Argentina? Si esto es así, ¿cómo destrabarlo desde adentro de las fuerzas de seguridad y sin violencia?
Para quienes estudian el delito, sí, ocurre en la Argentina. Y es grave que aún no haya sido identificado la fuga o filtración de datos, pese a los despidos policiales casi masivos.
Por supuesto que persiste la impresión de que el rescate de Patricia Nine aún conserva puntos ‘oscuros’, pero la Policía Bonaerense ya inició su campaña de prensa, vía Raúl Kollman, del diario Página/12: "Hay más contención en 2003 y en 2004 de la que había en medio de la crisis. Los planes de Jefas y Jefes de hogar, los microemprendimientos y las changas que mucha gente encuentra hoy en el Gran Buenos Aires aliviaron algo las tensiones. Todo el proceso tardó mucho, pero le dio algo de respiro a los que estaban marginados del sistema. Desde ya que eso generó un efecto, es un efecto rebote y, por ejemplo, hay menos adolescentes en la calle. También existe una presión mucho más grande en temas de seguridad, según Osvaldo Laborda, criminalista y comandante retirado de Gendarmería Nacional".
Sus números:
> el año 2004 concluirá con 600 asesinatos menos que los que hubo en 2003 en la provincia de Buenos Aires;
> sólo los asesinatos en el marco de un robo u otro delito pasarían de 697 en 2003 a 415 en 2004, y
> los homicidios por riñas, cuestiones pasionales o conflictos familiares, caerían de 1.125 en 2003 a 823 en 2004.
Formidable, pero ¿qué ocurrió en el caso Nine?
Lo más interesante a corroborar en la investigación del secuestro de Patricia Nine es la versión de que se autorizaron los apremios ilegales como mecanismo de acelerar confesiones.
Cuando los militares atrapaban a terroristas, en los ’70, justificaban la tortura precisamente en obtener la confesión y la ‘red de contactos’ del detenido antes de que los integrantes de esa ‘red’ percibieran el riesgo y pudieran cambiar de domicilio o de rutinas.
Es obvio que todo método ilegal es repudiable porque la ley debe resultar suficiente para defender al Estado de Derecho, pero lo complicado es que tanto las autoridades nacionales como bonaerenses han negado la tortura como herramienta de investigación. ¿Esto ha cambiado en los hechos? Sí, Nicolás Maquiavelo afirma que, cuando se trata de juzgar a los hombres, y sobre todo al Príncipe, es preciso atenerse a los resultados. Para los gobernantes lo que importa es allanar todas las dificultades y por eso hizo famosa la frase "el fin justifica los medios".
Otras versiones indican que –al igual que otros secuestros resueltos satisfactoriamente- el procedimiento policial-político fue ‘comprar’ a la víctima, pagando el rescate.
En el caso de Nine, se afirma que el Presidente ordenó a la Secretaría de Inteligencia, que depende directamente de él, asignar las partidas necesarias para resolver el caso.
Otros aclaran que sólo se compró información y se pagaron otros gastos operativos para agilizar la investigación. Nadie hizo mención de cuánto dinero estuvo en juego porque las operaciones que financia la Secretaría de Inteligencia son partidas secretas.
El Presidente precisaba que no se repitiera el ‘caso Axel Blumberg’ y la Provincia de Buenos Aires necesitaba una promoción de su actividad policial desde que León Carlos Arslanián es ministro de Seguridad, y relanzar el marketing gubernamental.
Más allá de la permanente verborragia presidencial, la resolución del secuestro de Patricia Nine exigía un ‘blanqueo’ de la situación que nunca se produjo.
Por un lado, no era la primera vez que la familia sufría un secuestro, ya que se afirmó que el padre de Patricia, Eduardo Nine, fue víctima de otro secuestro dos años antes.
Luego, la situación financiera de la familia: no era la mejor pero los secuestradores –que siempre tienen un presupuesto para las tareas de ‘inteligencia’- lo ignoraban. La conocida familia de Moreno no contaba con el dinero para afrontar el pago del rescate.
Tampoco nunca se aclaró si era cierto que Patricia no era la víctima buscada sino su madre, quien habitualmente llevaba a los niños al colegio.
Mariano, el hermano menor de Patricia Nine, dijo que no tenían información de los procedimientos y que se enteró por el subcomisario Daniel Rago, de Mercedes.
El sábado cuando ocurrió la liberación, se cumplía el plazo impuesto por los secuestradores a la familia, ya que los captores habían amenazado con amputarle un dedo a Patricia.
Un día antes ocurrió un encuentro entre el presidente Néstor Kirchner y Juan Carlos Blumberg, un hombre convencido de la eficiencia de la brigada antisecuestros de la Secretaría de Inteligencia. La tranquilidad de Blumberg ante la amenaza de la amputación revela que existía suficiente información de que la mutilación no ocurriría.
La información era mucha porque, de lo contrario, nadie hubiese impartido la orden de ingresar ‘a sangre y fuego’ a la vivienda donde permanecía prisionera Patricia Nine.
¿Quiénes suministraron la información? Ariel Caraovick, alias ‘el Largo’, Claudio Pernof y un tal Castaño.
Para ellos, la defensa pidió el resguardo pero todo parece indicar que no pudieron evitar que procedimientos difíciles de explicar de parte de autoridades que afirman suscribir las convenciones sobre derechos humanos.
El responsable de la operación policial fue el comisario Oscar Aldo Seisdedos, a quien la revista Veintitrés calificó como ‘discípulo’ del comisario de Mario Rodríguez, un especialista en ‘gatillo fácil’.
Un colaborador del gobernador Felipe Solá le habría dicho al semanario, aludiendo a Seisdedos: "Le pedimos que se mantenga guardado. Cuando habla es imparable. Su aspecto y forma de expresarse rememora a la vieja policía. Si se lo torea un poco, Seisdedos es capaz de reivindicar la tortura".
¿Cómo resolver un secuestro extorsivo, sobre la hora límite, sin compra de información a los ‘buches’, sin presión financiera y aún física sobre los delincuentes? En verdad, es lo convencional. Lo que no se comprende es por qué las autoridades niegan lo habitual para construir discursos políticos que se los lleva el viento.