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Pisan el acelerador por los biocombustibles

Diputados del bloque Córdoba Federal, presentaron esta mañana en el Congreso un pedido de tratamiento extraordinario para la prórroga de la ley 26.093, por la cual se exime de impuestos al biocombustible, y se exige a las petroleras un porcentaje de dicho producto en sus naftas. La mencionada ley tiene vencimiento el próximo mes de mayo, y desde el sector de productores temen una fuerte crisis en caso de no darse la renovación en el corto plazo. El apoyo al campo, el factor clave.

CÓRDOBA. La prórroga de la ley 26.093, que promueve la industria de los biocombustibles, sigue sin definiciones concretas y la preocupación crece en el sector, por lo que un bloque de diputados nacionales pidieron hoy (15/3) en el Congreso su tratamiento extraordinario. Aprobada en 2007, la ley actual tiene como fecha límite el próximo 12 de mayo y ha sido el motor que impulsó el crecimiento de una industria entera, por lo que la urgencia de la situación es muy alta, teniendo en cuenta el proceso legislativo a la cual se debe someter la nueva prórroga. 

En ese orden, parece no haber una intención de reacción inmediata por parte del Gobierno nacional, más allá de las expresiones de deseo de aprobar una nueva prórroga. Desde octubre del 2020, la nueva extensión de la ley de biocombustibles, por la cual se prorrogará por un plazo de 4 años, cuenta con aprobación del Senado

Sin embargo, con más de 5 meses en “stand by”, el tratamiento en Diputados parece estar lejos de llevarse a cabo (el Frente de Todos es quien determina el “temario”). Cabe recordar que la mayor producción de biocombustibles está concentrada en el sector agropecuario, ya que se utilizan derivados de cosechas para generar ese tipo de combustibles. 

Considerando el enfrentamiento que el Gobierno nacional sostiene con el campo, y el poder de injerencia que tienen las petroleras (que no quieren seguir agregando biocombustible a sus naftas, ya que encarecen el producto, a pesar de reducir el impacto ambiental), es lógico pensar que el biocombustible se pueda convertir en moneda de cambio en las negociaciones que los sectores llevan a cabo. Mientras tanto, una buena parte de la economía de varias provincias productoras de biocombustible transita momentos de verdadera incertidumbre. 

Y una de esas provincias es Córdoba, que es una de las jurisdicciones con mayor producción de maíz del mundo (6ta para ser exactos), producto con el cual se fabrican buena parte de los biocombustibles. Por ello, el bloque de diputados de Córdoba Federal, que responde directamente al gobierno de Juan Schiaretti, elevó un reclamo formal a la Cámara, exigiendo el urgente tratamiento de la prórroga.

Los diputados schiarettistas, al igual que la gestión de Hacemos por Córdoba, encarnan una excelente relación con los productores agropecuarios, quienes son los principales y más fieles aportantes de su gestión. Así, se reedita una imagen de hace más de una década, en la cual Córdoba defendía al campo, contra la embestida kirchnerista. 

Incluso han existido expresiones concretas por parte de los diputados, criticando el manejo de la relación con el campo por parte del Frente de Todos. Ello marcó otra diferencia entre el peronismo schiarettista y el kirchnerismo en Córdoba, que prácticamente dejó sin chances la posibilidad de un acuerdo entre peronistas. 

El reclamo, no es exclusivo del cordobesismo. También el peronismo santafesino elevó su propio reclamo (aunque con menos énfasis por la mayor cercanía, al albergar la mayor cantidad de plantas que producen biocombustible en Argentina.

De este modo, el Interbloque Federal, que acoge a los diputados peronistas “del centro”, sería el caballo de batalla legislativo del campo y los productores del biocombustible. En la actualidad, el 54% del biocombustible que Córdoba produce, se destina a YPF.

Esto explica la intensidad del reclamo de los productores, que sin la participación de las petroleras, pierden buena parte de las ventas. En otros países, como Brasil o Estados Unidos, la industria del biocombustible está altamente desarrollada, a punto tal que se fabrican vehículos convencionales propulsados exclusivamente con ese material.

En Argentina se busca alcanzar un nivel de desarrollo parecido, aunque las trabas legislativas pueden poner en peligro el progreso alcanzado. Hoy, el 10% del diésel es biodiesel, y el 12% de la nafta es bioetanol. 

Esos porcentajes son reglados por la ley puesta en cuestión. Por supuesto, ello implica una inconveniencia económica para los productores de hidrocarburos. 

Ahora quedará por verse, si el Gobierno finalmente acciona la cadena legislativa para renovar la ley, o elige un camino de confrontación que pondría en riesgo los de trabajo de una industria en crecimiento, y que en algún futuro podría ofrecer una alternativa a las petroleras. Por el momento, todo parece estar demasiado quieto como para alcanzar un desenlace armonioso en un nuevo capítulo entre el kirchnerismo y el campo. 
 

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