A Mauricio Macri le había salido el tiro por la culata con la 'ley de movilidad' porque el golpe de inflación se la disparó, al igual que hizo con la UVA en las cuotas de los créditos hipotecarios.
Visto desde la pasiva mirada de los jubilados y pensionados, la suspendida fórmula entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019 les hizo perder 19,5% respecto de la inflación en igual período, sacrificio que de nada sirvió porque el multiplicador del ajuste terminó afectado la proporción del gasto previsional sobre las erogaciones generales de la Tesorería.
El año pasado, frente a un IPC que creció 53,8%, según el Indec, los 4 incrementos a la clase pasiva acumularon 51,1%, con lo que el balance arrojó -2 puntos abajo en el poder de compra medido por el indicador general, que se agregan a la caída del 2018, que había sido del 13%.
En los 2 años de la reforma ahora interrumpida, el recorte sumó el 15%, que en la canasta del jubilado impacta aún más por la fuerte incidencia que en su composición tienen los medicamentos y la comida.
Discrecionalidad en los aumentos
El congelamiento dispuesto por la ley de emergencia en diciembre se convirtió ahora en anuncio de intervención estatal al régimen de la Ley 27.426 vigente, cuya discrecionalidad en los aumentos fue anticipada.
El administrador Vanoli lo justificó con el argumento de que la brecha entre mínimos y máximos era de 7 veces.
Ismael Bermúdez escribió en Clarín que, en caso de no haber estado suspendida la fórmula de movilidad, el aumento en marzo debería haber sido de 11,6% para todos los jubilados y pensionados y así los montos serían de $15.700 para la mínima y $115.020 para la máxima.
Pero el achatamiento de la pirámide en la práctica significará que 4,5 millones de jubilados y pensionados recorten algo de la pérdida sufrida en estos 4 años, al recibir el 11,56% o más, mientras que los restantes 2.800.000 profundizarían el retroceso de sus ingresos.
En principio se traduce la definición presidencial de que todos cobrarán el aumento en las jubilaciones y pensiones en marzo a partir de que la línea de corte del incremento dispuesto para la nómina se ubicaría en $ 21.323: con $ 25.000, se aplicaría el 9,9%; con $ 40.000, el 6,2% y así sucesivamente hasta llegar al 2,4% en los máximos de $ $103.064.
La actual pirámide del total de 5,7 millones de jubilados, que no incluye a regímenes especiales, como docentes nacionales, docentes universitarios, investigadores científicos, servicio exterior, jueces y magistrados y Luz y Fuerza, pensiones no contributivas y PUAM (pensión universal al adulto mayor), divide la torta entre:
** casi 3 millones (poco menos de la mitad) dentro del mínimo;
** casi un millón (16%) en el doble del mínimo;
** poco más de medio millón (10%) en el escalón siguiente; y
** 1 millón y medio (la cuarta parte) por encima de los $28.100.
La recomposición de los haberes a marzo, teniendo en cuenta el achatamiento anunciado y los anticipos de diciembre, significó en las cuentas del verano que, a pesar de que casi el 75% de los beneficiarios siguió cobrando el mismo haber, no hubo reducción general del gasto, sino que sólo en el sistema previsional (SIPA) en realidad aumentó 6,7%, fuera del Presupuesto Nacional 2020 aún pendiente.
Los mínimos se expandieron con las moratorias dispuestas en los gobiernos de Néstor y luego de Cristina Fernández de Kirchner, con la incorporación al sistema previsional de cerca de 3 millones de nuevos jubilados y pensionados.
La inclusión de receptores de beneficios en un sistema en el cual cada vez menos aportes hay de los que los producen catapultó el gasto previsional: desde 2003 subió 6 puntos del PBI. Significa que, medido en dólares, se multiplicó casi por 10, pasando de US$8.000 millones a más de US$70.000 millones en las 2 décadas.
A partir de 2001 se aplicaron sucesivos cambios en el régimen jubilatorio, con el “achatamiento de la pirámide previsional” como objetivo, para el cual se suben los haberes bajos en línea o por encima de la inflación y se licúan paralelamente los ingresos a los receptores de haberes medios o altos.
Si alguien hace 20 años se jubiló con el haber máximo, cobraba inicialmente 19 veces más que el mínimo. Esa relación se redujo a poco más de 5 veces en diciembre último, “siendo que la mayoría de quienes perciben la mínima han ingresado al sistema a través de una moratoria y, por lo tanto, habiendo aportado poco o nada”, sostiene la economista de FIEL, Nuria Susmel.
Desestima en su análisis la que considera una reinterpretación del espíritu “solidario” del sistema de reparto del régimen previsional para justificar los aumentos diferenciales, que han venido siendo mayores para la población de menores ingresos.
“La generación que trabaja y aporta financia la pensión de la que está jubilada, mientras espera que la siguiente sea la que financie su jubilación. La solidaridad es intergeneracional, no entre jubilados que aportaron toda su vida para cubrir su propio riesgo de caída en la generación de ingresos en la etapa pasiva y no para cubrir el riesgo de quienes no han aportado”, señaló.
También cuestionó que los mínimos sean percibidos por jubilados pobres. “El 83% del total se encuentra en hogares no pobres, mientras que si se restringe a los jubilados que perciben la mínima, este porcentaje se reduce al 76%. Es decir, la condición de percibir el haber mínimo jubilatorio no implica necesariamente que la población sea vulnerable”, refuta la argumentación oficial.
