Sin embargo, el estandarte de este todo este cúmulo de presiones incubadas, a la vez causa y efecto, es aún una gran incógnita: el dólar.
Más aún cuando uno de sus principales garantes, el Fondo Monetario Internacional, mantiene en suspenso el desembolso del préstamo stand-by con el cual se sostenía el mercado cambiario hasta que se postergaron los vencimientos de deuda institucional y se estableció el control de cambios.
El otro gran foco de tormenta que no cesa de acechar la paridad y cobró inusitada dimensión es la destartalada bicicleta con las letras en pesos del Banco Central y el Tesoro con la que el gobierno financia el precario equilibrio: no acaba de salir de una trastabillada cuando ya entra en la siguiente. Es un peligro latente que amenaza con llevarse puestos al dólar y la estructura de precios ya volatilizados.
El día después del comicio general de octubre dará comienzo una transición que puede durar 50 días hasta el inicio del nuevo período presidencial, si es que no se interpone en noviembre un balotaje que, por hoy, suena a improbable.
Y a partir de entonces habrá otro día después, ya con recambio.
Poder adquisitivo
El ex titular del Banco Central de CFK hasta que fue relevada por Mauricio Macri y actual director de la consultora Synthesis, Alejandro Vanoli, sacó cuentas con la suerte que tuvo el salario en estos 4 años y llegó a la conclusión de que para recuperar el poder adquisitivo de entonces un trabajador registrado debería recibir un "bono salarial" $250.000 en promedio, en lugar de los $5.000 que propone el jefe de Estado.
Estima la pérdida aproximada en un 17%, en tanto que el salario mínimo vital y móvil (SMVyM) resignó el 33,6%.
El haber mínimo jubilatorio y la Asignación Universal por Hijo (AUH), en el mismo lapso, cayeron 20,5% y 6,3%, respectivamente, de acuerdo con el estudio del ex funcionario kirchnerista.
Teniendo en cuenta las expectativas inflacionarias hasta fin de año en torno del 3% mensual, la compensación para los 12 millones de asalariados registrados superaría los $250.000, los que perciben el SMVyM deberían cobrar $100.000 y al 70% de los jubilados con la mínima y a los beneficiarios de la AUH los corresponderían más de $60.000 y casi $9.000 respectivamente.
La reapertura de paritarias o el acuerdo social de los que se hablan difícilmente contengan un reintegro semejante, por lo que se habrá consumado en los últimos 4 años "la lógica empresarial de que los salarios forman parte del costo a reducir" y no constituyen "un elemento de fomento a la demanda interna", por lo cual era "necesario reducirlos", de acuerdo con el comunicado de Synthesis.
Otro lugar en el que se aguarda con impaciencia que llegue el 12 de noviembre es en las estaciones de servicio, cuyos surtidores permanecieron con los importes congelados el 12 de agosto por DNU y en la ciudad de Buenos Aires hasta el 4% anunciado desde mañana.
Así y todo se les estima un retraso mínimo de 26%, si se toman los costos de importación de crudo internacional.
Surge de los actuales $47,96 en que se detuvo el contador, que estarían unos $13,55 por debajo del valor al que se debería ir el litro de nafta súper de YPF, tomado como referencia en el sector por abastecer el 50%.
El 4% otorgado lo sitúa en casi $50 y le descontaría $2 al atraso.
El 23/10/2017, día de la liberalización del mercado de combustibles ordenada por Mauricio Macri, costaba $21,71, con un dólar a $17,60 y un barril de crudo Brent a US$ 57,59.
Terminados los efectos del denominado plan Alivio, luego del comicio, a partir de enero retornaría el suspendido IVA a los alimentos de la canasta básica alcanzados, entre ellos el aceite y la harina, que tributan 21 y 10,5% respectivamente, los que, aún así, con la devaluación se fueron a las nubes.
Por ejemplo, la bolsa de harina de 50 kilos que compran las panaderías pasó de $230 en febrero de 2018, a $1.500 en la actualidad. Ningún insumo quedó exento: la levadura se remarcó 40% en las últimas 3 semanas, como así también las margarinas y grasas.
En la fila se encuentran los ajustes pendientes de electricidad y gas, ya cumplido su cometido de morigerar in absentia el brinco del 11,2% que diera el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) en setiembre.
El año pasado, con una corrida cambiaria similar pero los servicios públicos fuera de cepos, el indicador arrojó 16%, o sea 4,8 puntos más.
Otro contrapeso de la devaluación fue el rubro Petróleo, Crudo y Gas, que cedió 4,3% por el congelamiento de los combustibles e hizo que los productos primarios subieran apenas 0,9%.
Asimismo, la intervención del gobierno, al permitir una variación de sólo 1,7% de energía eléctrica, traccionó a la baja al índice.
La masa de variables reprimidas por la Administración Macri se apelotonaron en forma de una gigantesca demanda desde casi todos los sectores sociales, a priori imposible de ser satisfecha, cualquiera sea quien ocupe el sillón de Rivadavia.
Un tercio de la población se halla por debajo de la línea de la pobreza, hay 2 millones de desocupados, 7 millones con problemas de empleo. Y, además, 12 millones de asalariados registrados, 4,5 millones de informales y otros 7 millones de mayores de 60 miran a la Casa Rosada en busca de soluciones.
Lo mismo sucede con el 23,1% de las mujeres y el 18,5% de los varones jóvenes que no logran inserción laboral, según publicó el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).
