La Provincia sostiene que ese crecimiento requiere condiciones de contratación transparentes, especialmente cuando el usuario solicita dinero desde una aplicación y recibe una propuesta cuyo costo final puede resultar muy superior al capital originalmente solicitado.
Por eso, el expediente busca determinar cómo se fijan las tasas, qué componentes integran el Costo Financiero Total (CFT) y de qué manera esa información llega al consumidor antes de aceptar un préstamo.
El reclamo no se limita a una discusión sobre si una tasa es elevada o baja. El eje jurídico está puesto en si el consumidor recibió información suficiente, clara y verificable antes de asumir la deuda.
La Ley 24.240 establece que, en las operaciones financieras para consumo, deben informarse de manera clara la tasa efectiva anual, el total de intereses o CFT, el sistema de amortización, la cantidad y monto de las cuotas y los gastos adicionales, entre otros datos.
Mercado Pago y billeteras virtuales: ¿Qué información sobre los préstamos exige Buenos Aires?
Uno de los puntos centrales del expediente es conocer cómo cada plataforma determina las condiciones crediticias para sus usuarios.
La Provincia pidió precisiones sobre los criterios utilizados para establecer las tasas y sobre la composición real del CFT. También busca conocer qué ocurre con los intereses punitorios, desde cuándo comienzan a aplicarse y qué cargos adicionales pueden aparecer cuando una persona entra en mora.
La discusión adquiere particular relevancia cuando el costo de un crédito se encuentra muy por encima del capital solicitado. Según la investigación periodística que anticipó la próxima etapa del expediente, existen casos en los que el costo financiero denunciado supera ampliamente el 1.000% anual al incorporar intereses, cargos y penalidades.
Sin embargo, ese porcentaje no debe interpretarse como una tasa uniforme aplicada por todas las billeteras ni como una conclusión definitiva sobre cada contrato. Forma parte de las situaciones que las autoridades buscan investigar y documentar.
El propio BCRA cuenta con un régimen de transparencia que permite comparar información sobre productos financieros, aunque su base está enfocada en las entidades que reportan bajo ese régimen.
Multa: ¿Qué prácticas de cobranza están bajo investigación?
Otro capítulo particularmente sensible es el tratamiento de los usuarios que ingresan en mora.
Las imputaciones anunciadas por Buenos Aires incluyen presuntas situaciones de acoso y hostigamiento durante la cobranza, con denuncias vinculadas a comunicaciones reiteradas y contactos que podrían alcanzar a familiares, allegados o lugares de trabajo.
El expediente deberá determinar, caso por caso, si esas prácticas existieron y si vulneraron los derechos de los consumidores. Por ahora, se trata de imputaciones y líneas de investigación, no de una condena definitiva contra las empresas.
La apertura de un expediente permite a la autoridad recabar información, formular cargos y recibir los descargos de las compañías antes de arribar a una decisión administrativa.
De comprobarse las infracciones, además de las multas, la Provincia anticipó que podría exigir la reversión de las prácticas o cláusulas consideradas contrarias a la normativa vigente.
Billeteras virtuales y multa: ¿Qué pasa con el botón de arrepentimiento?
El denominado botón de arrepentimiento también quedó dentro de la investigación.
La normativa nacional establece que quienes comercializan bienes y servicios a distancia deben ofrecer un enlace visible que permita solicitar la revocación de la contratación. La regulación vigente exige que esté ubicado a simple vista y en el primer acceso, sin que el proveedor pueda imponer trámites adicionales ajenos a la operación, con las precisiones incorporadas posteriormente sobre mecanismos razonables de verificación de identidad.
El derecho de arrepentimiento contempla, como regla general, un plazo de 10 días corridos para determinadas contrataciones realizadas a distancia.
La investigación bonaerense busca determinar si las plataformas involucradas cumplieron adecuadamente con esas obligaciones y si el mecanismo estuvo disponible de manera visible para los usuarios.
¿De cuánto podría ser la multa para Mercado Pago y las otras billeteras?
El número que concentra la atención es $1.883 millones. Ese es el monto máximo de multa que las autoridades bonaerenses señalaron que podría aplicarse en caso de comprobarse las conductas investigadas. No significa que Mercado Pago, Ualá, Naranja Digital, Personal Pay, Brubank o Cencosud ya hayan sido condenadas a pagar esa cifra.
Las empresas deben atravesar el procedimiento administrativo y ejercer su derecho de defensa. La sanción dependerá de las conclusiones a las que arribe la autoridad competente.
La herramienta clave de Mercado Pago que simplifica las transferencias.
La cifra, de todos modos, marca un cambio de escala en la discusión sobre el crédito digital. La Provincia pretende llevar al terreno sancionatorio una problemática que hasta ahora se encontraba principalmente en el ámbito de los reclamos individuales.
Multa a Mercado Pago y billeteras virtuales: ¿Qué puede pasar desde ahora?
La próxima etapa estará marcada por los descargos y por el análisis de la documentación requerida por la Provincia.
El Gobierno bonaerense había anticipado que durante los primeros días de septiembre habría novedades sobre la información solicitada a las empresas y que posteriormente avanzaría con las decisiones administrativas correspondientes.
El caso tiene impacto directo en Buenos Aires, pero sus efectos pueden exceder las fronteras provinciales. Mercado Pago, Ualá, Naranja Digital, Personal Pay y otras plataformas tienen millones de usuarios en distintos puntos de la Argentina, mientras que la discusión sobre el costo de los préstamos digitales atraviesa tanto al Área Metropolitana de Buenos Aires como a ciudades del interior.
Para los usuarios, el punto central es revisar algo que muchas veces queda relegado frente a la urgencia de obtener dinero, el costo total del crédito. La normativa nacional exige que la información financiera relevante sea clara y permita conocer cuánto terminará pagando el consumidor.
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