En ese sentido, el Gobierno ha intentado mantener el ritmo de aumentos por inflación desde el último año, luego de una fuerte pérdida del poder adquisitivo jubilatorio entre 2023 y 2024. Sin embargo, la recomposición no generó el impacto esperado por los jubilados, que avanzaron con distintas protestas a lo largo del año reclamando una solución de ingresos real para una de las partes más vulnerables de la población.
Hacia finales de 2025, el SIPA registraba en torno a 7.9 millones de jubilados y pensionados en el sistema. De cara al 2027, el polémico proyecto de Presupuesto presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó a un sistema previsional de poco más de 7.4 millones de personas, planteando una merma en la cantidad de beneficiarios.
La evolución de los beneficios sociales.
Asignaciones en aumento
Mientras tanto, las asignaciones familiares corrieron una suerte un poco mejor que las jubilaciones. Como piedra fundamental para el mantenimiento de la “paz social”, el Gobierno no escatimó en actualizaciones y en ampliar el alcance de la ayuda directa, con la quita de intermediarios políticos.
En ese sentido, la recomposición de los primeros meses de 2024 hizo ganar terreno en el impacto económico de dichos programas, para luego integrarse a la serie de aumentos por inflación programados. De esa manera, los ingresos por beneficios sociales tuvieron una mejor performance que los haberes previsionales.
En el Presupuesto 2027, el Gobierno nacional previó un total de 9.56 millones de beneficiarios de la SUAF, incluyendo casi todo el universo de prestaciones estatales vigentes.
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