El Gobierno de Joe Biden lanzó hoy, miércoles 1 de febrero, una propuesta que busca limitar los cargos por deudas en las tarjetas de crédito, propuesta que desató una batalla regulatoria con los bancos emisores de este tipo de tarjetas.
Un artículo de The Wall Street Journal explicaba como: La regla presentada por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor tiene como objetivo reducir las multas a US$ 8 desde US$ 41 por un pago atrasado, según el CFPB, que dijo que las tarifas generalmente superan con creces los costos de los emisores de tarjetas para cobrar los pagos atrasados. Desde las entidades emisoras advierten que la regla sería contraproducente y generaría un incremento de los pagos atrasados si:
Al respecto, Jodie Kelley, directora ejecutiva de Electronic Transactions Association -grupo que representa a los bancos que otorgan tarjetas de crédito-, dijo que: “Al eliminar casi por completo el cargo, podría aumentar la cantidad de pagos atrasados, lo que perjudica la solvencia crediticia del consumidor”.
Existe la probabilidad de que los bancos intenten usar el período de comentarios para disuadir a la agencia y podrían presentar desafíos legales si se concreta la regla propuesta.
El enfoque de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor está puesto en solucionar el problema de las denominadas tarifas problemáticas. En este sentido, la Casa Blanca anunció un tope de recargo y otras medidas para reducir los cargos antes de una reunión del Consejo de Competencia de Biden. El Rohit Chopra, director de CFPB, asegura que la entidad tiene la autoridad para enmendar las reglas bajo la Ley de Responsabilidad y Divulgación de Responsabilidad de Tarjetas de Crédito de 2009. Dijo que:
Según el artículo redactado por Annie Linskey y Andrew Ackermann, ahora las compañías cobran hasta US$ 30 por el primer pago atrasado y US$ 41 por pagos atrasados adicionales. Los estadounidenses pagan alrededor de US$ 12.000 millones por pagos atrasados de tarjetas de crédito por año.
Durante 36 años, Biden representó a algunas de las instituciones financieras más grandes del país como senador de Delaware y algunos críticos lo llamaron “el senador de MBNA”, en referencia a la compañía de tarjetas de crédito fundada en el estado. Chocó con los defensores de los consumidores, incluido el ahora senador. Elizabeth Warren (D., Mass.) sobre una ley de 2005 respaldada por la industria de tarjetas de crédito que hizo que declararse en bancarrota fuera más costoso. Más tarde respaldó la propuesta de la Sra. Warren de deshacer partes de esa ley.
El informe, de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio, dirá que "el modelo actual de tienda de aplicaciones móviles es perjudicial para los consumidores y desarrolladores", según un comunicado de prensa.
Biden también pidió al Congreso que reduzca lo que los funcionarios de la Casa Blanca denominan “tarifas basura”, incluidas las que cobran las aerolíneas a los padres que quieren asegurarse de estar sentados junto a sus hijos.
Biden también quiere que el Congreso elimine las tarifas que pagan los consumidores cuando quieren cambiar su servicio telefónico, una multa que puede ser de hasta US$ 200, dijo la Casa Blanca. Y quiere que los legisladores eliminen las "tarifas de resort" que cobran los hoteles al reservar algunos lugares.
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