El problema es que esas iniciativas todavía no se transformaron en una ley nacional integral al respecto. Mientras las herramientas ya son utilizadas en empresas, escuelas, organismos públicos y medios de comunicación, los gobernantes continúan discutiendo cuál debería ser el marco general para su desarrollo y utilización.
El Gobierno adoptó algunas medidas puntuales. Entre ellas, la SIGEN publicó una guía destinada a fortalecer los controles sobre el uso de IA en el Sector Público Nacional, con criterios relacionados con riesgos, transparencia y responsabilidad. Se trata, sin embargo, de una medida administrativa y no de una legislación general aprobada oficialmente.
Así, mientras ciudades estadounideneses como Nueva York ya está probando restricciones concretas y discute nuevas obligaciones para quienes desarrollan estos sistemas, en tierras argentinas todavía se transita una etapa principalmente legislativa. La tecnología avanza a diario y la pregunta es cuánto tiempo llevará convertir ese debate en reglas que alcancen a toda la sociedad.
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