Según declaró Constantini tiempo atrás, sin la construcción del puente, el proyecto de Las Garzas se hacía inviable.
Sin embargo, el intendente del departamento Rocha, Artigas Barrios, afirmó: “La construcción y la financiación del puente fue una condición que nosotros pusimos para darle autorización al proyecto del señor Costantini, pero no fue que esos inversores estén imponiéndonos el proyecto”.
Hay que conocer de dónde viene Artigas Barrios. Él es del Frente Amplio, vertiente Partido Socialista, un ladriprogresista.
En el pasado, él fue el gerente de Comisaco S. A., la empresa administradora de la Represa de India Muerta, en Rocha.
El sistema de riego vinculado a la represa de India Muerta se extiende a lo largo de 180.000 hectáreas y, si bien el impacto en el ecosistema de la disecación parcial de los bañados de Rocha fue muy discutida en su época, su impacto en el crecimiento del cultivo de arroz en la zona fue indiscutible.
Ese concepto aplica al tema Laguna Garzón: impacto ambiental pero crecimiento urbanístico que generará más ingresos al Fisco municipal. Y cuando eso ocurra, supone Barrios, nadie recordará el debate ambiental pasado.
Barrios apuntó que la construcción del puente permitirá incorporar al departamento Rocha una franja de turistas de alto poder económico, hoy día un activo del vecino departamento Maldonado.
Artigas Barrios le reveló a radio Sarandí que las condiciones previas, de parte de Costantini, para habilitar el proyecto, fueron:
> declaración de área protegida a la antigua zona de la Laguna Garzón,
> desafectación como ruta nacional el tramo de la ruta 10 al este del puente para que quede solo para uso del tránsito local,
> suspensión de tránsito de camiones por la zona entre los días 15/12 y 28/02 para no afectar al turismo –por lo que los caminos de carga deberán circular por la ruta 9-,
> prohibición definitiva de ese tipo de tránsito por la ruta 15, que una a la ciudad de Rocha con La Paloma, y
> ensanchamiento y refuerzo de la ruta 10.
El rechazo
Para Paula Martini, comerciante desde hace 17 años en el balneario, "es un error" del Poder Ejecutivo aprobar la iniciativa del puente. "Es una decisión que se toma por presión de los empresarios", afirmó ella al diario El País, de Montevideo.
Laura Moñino, ingeniera agrónoma que nació en Ciudad de Buenos Aires, pero vive y trabaja en José Ignacio hace 30 años, afirmó que el reclamo de los vecinos no pasa por el rechazo al puente, sino por la mejora del sistema de balsas. "Estamos a favor de que la interconexión entre Maldonado y Rocha mejore, pero necesitamos respetar la identidad del lugar".
Los vecinos convocan para el sábado 18/02 a las 11:00 a una manifestación pacífica en Laguna Garzón, denominada "Abrazo surfero a las balsas".
Las balsas comunican a los departamentos de Rocha y Maldonado y la manifestación consistirá en armar un círculo en el agua con elementos que floten para que provoque que las personas a favor del puente escuchen la reivindicaciones de los vecinos a favor de las balsas que unen al departamento de Maldonado con el de Rocha.
Los vecinos han comenzado a trabajar con organizaciones no gubernamentales de ambientalistas para frenar el proyecto de Costantini.
"Estudiamos un recurso de amparo o recurrir directamente a la Fiscalía para que nos ayude", aseveró Moñino.
El 22/06/2011, los vecinos de José Ignacio se manifestaron en contra del proyecto del puente en una carta en que expresaban que "se compromete la alta naturalidad, el uso responsable del espacio público, la paz y la seguridad" del área defendida. Además, realizaron un video en que afirman que "la mayoría no quiere un puente. Nunca lo pedimos, no lo necesitamos".
“Las balsas son un referente de la zona. Es verdad que las que están ahora no funcionan como deberían y se necesita mejorarlas”, advirtió Moñino.
“Las balsas son un elemento turístico que se debe proteger. En otro lagos del mundo, hay gobiernos que subvencionan las balsas por su atractivo turístico y ambiental”, reprochó Moñino, quien insistió en que “existen formas para que la circulación en balsa sea tan rápida como a través de un puente. Entonces para qué perder lo que Uruguay Natural vende”, se preguntó.
Lo que pasa en Uruguay es que “el poder político y el económico están subestimando el valor de la ecología”, sostuvo la vecina de la zona de Garzón.
En ese contexto irrumpió en escena, segun organizaciones ambientales, Paolo Rocca, presidente y accionista de control de Organización Techint, quien tiene cerca de Laguna Garzón un establecimiento rural.
De acuerdo a los activistas, Rocca se manifestó contrario al emprendimiento de Costantini y ofreció a los vecinos de José Ignacio una donación de US$ 500.000 para impulsar un sistema de balsas eléctricas, y así evitar el puente.
Quien también reaccionó contra la construcción de la obra fue el senador colorado y presidenciable Pedro Bordaberry, quien calificó como un "escándalo" que el gobierno haya "cedido a presiones de un grupo inversor argentino".
El puente
En cambio Paula Martín, otra vecina de la zona, dijo que lo importante es apoyar la gestión del arquitecto Rafael Viñoly.
Martín coincidió con Bordaberry: “El crecimiento está basado en la especulación inmobiliaria de un grupúsculo de millonarios que van a reventar la zona solo para vender la tierra pero sin una propuesta real”.
En cambio la propuesta de Viñoly es un puente "lo más ecológico posible, respetando el paisaje, para tránsito liviano y a una velocidad lenta".
El secretario de la Presidencia de Uruguay, Alberto Breccia, anunció que se acordó “incorporar como puente una obra arquitectónica que tenga un valor en sí mismo”, y destacó que se recibió una propuesta del arquitecto Rafael Viñoly, el mismo “que intervino en el diseño en el aeropuerto de Carrasco, que compite con otros 3 aeropuertos en el rubro mejor aeropuerto del mundo, en cuanto a concepción arquitectónica. Hay un ofrecimiento en ese sentido para proyectar el puente con esas características”.
Según Breccia el proyecto estaría en condiciones de presentarse en un breve plazo “y esto se podría pasar enseguida al Ministerio de Transporte, habiéndose cumplido las etapas de audiencia en la ciudad de Rocha y en José Ignacio”.
En una carta pública enviada al semanario Búsqueda a fines de julio de 2011, Viñoly había declarado su rechazo a la construcción del puente sobre la Laguna Garzón y los riesgos del boom inmobiliario en la zona costera: “Para entender las razones por las cuales la extensión de la ruta 10 hacia el este de la costa uruguaya es un error de enormes consecuencias ecológicas, económicas y culturales, no hace falta más que visitar los desarrollos costeros en otras partes del mundo (los originales y sus peores imitaciones más recientes) que han seguido una estrategia de planeamiento guiada por la mera especulación inmobiliaria, sin una visión del futuro global del territorio nacional”.
Él agregó que “esa estrategia se basa en la convicción de que el acceso más directo a una región turística aumenta la plusvalía de la tierra y que ese aumento de valor justifica la degradación del ambiente natural, aun cuando este sea el motivo que genera su valor inicial. Esa degradación, que es usualmente presuntamente 'mitigada' por los efectos anestésicos del 'paisajismo artificial', es irrecuperable y usurpa las características geográficas y culturales de un país”.
