Para que una sentencia de muerte se aplique en el ámbito militar estadounidense, la ley exige la aprobación explícita del presidente de la Nación. El mandatario Donald Trump aprobó el procedimiento tras la recomendación directa del jefe del Pentágono. Consultada sobre la decisión de transmitir el evento en directo, la Casa Blanca remirió todas las consultas oficiales al Departamento de Defensa.
"No habíamos hecho algo así desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, algo parecido a la mentalidad que teníamos en la Segunda Guerra Mundial", sostuvo Hegseth. Ante la consulta sobre si Hasan había formulado alguna última voluntad, el funcionario respondió: "Me da igual. Lo veremos el 3 de diciembre".
El crimen de Fort Hood y el juicio a Nidal Hasan
Nidal Malik Hasan, de 56 años, protagonizó el 5 de noviembre de 2009 el ataque más mortífero perpetrado jamás dentro de una base militar estadounidense fuera de un escenario de combate. Equipado con una pistola con mira láser, Hasan irrumpió en un centro médico colmado de soldados que esperaban revisiones médicas y vacunas antes de ser desplegados en Afganistán.
El tiroteo dejó un saldo de 13 soldados desarmados muertos y otros 32 heridos. Durante su detención, Hasan recibió disparos de la policía que le provocaron parálisis parcial, dejándolo confinado a una silla de ruedas.
En agosto de 2013, un jurado militar lo halló culpable de 45 cargos de asesinato premeditado e intento de asesinato premeditado, sentenciándolo a la pena capital. Durante su consejo de guerra, el expsiquiatra admitió los disparos y alegó que actuó para proteger a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán. Hasan permanece actualmente en el corredor de la muerte del sistema militar, siendo uno de los cuatro reclusos en esa condición.
Expansión de la pena de muerte y nuevos métodos federales
La decisión del Pentágono se enmarca en la restitución y ampliación de la pena de muerte federal impulsada por la administración Trump. Tras asumir el cargo en enero de 2025, el presidente firmó una orden ejecutiva para restablecer la pena capital —prevención congelada por una moratoria durante el mandato de Joe Biden— describiéndola como "una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces".
Además, el gobierno amplió los métodos de ejecución permitidos para delitos federales graves, incorporando el fusilamiento, la electrocución y la asfixia por gas. Esta flexibilización responde en gran medida a las crecientes dificultades de las autoridades para adquirir los fármacos requeridos para las inyecciones letales, así como a las fallas en su aplicación.
A nivel estatal, la pena de muerte sigue vigente en 27 estados. Aunque el fusilamiento continúa siendo un método excepcional, cinco estados lo autorizan actualmente: Idaho, Misisipi, Oklahoma, Utah y Carolina del Sur, este último habiendo realizado en 2025 la primera ejecución por disparo en el país en 15 años.
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