También hay mediciones que abarcan parte de los acontecimientos que precipitaron la convocatoria, por lo que no todos los datos disponibles son anteriores al conflicto de vivienda. El sondeo de NC Report publicado por La Razón, con entrevistas realizadas entre el 1 y el 6 de octubre, proyecta entre 146 y 148 diputados para el PP y entre 61 y 64 para Vox. Su trabajo de campo atravesó la votación que tumbó los decretos y alcanzó el anuncio del adelanto electoral, aunque esa coincidencia temporal tampoco permite aislar cuánto influyó cada episodio en las respuestas. La ventaja que recoge constituye un punto de partida adverso para Sánchez, cuya apuesta pasa por movilizar apoyos alrededor de la vivienda y las reformas bloqueadas.
Sin embargo, esas entrevistas terminaron antes de la muerte de Maricarmen Abascal, ocurrida el miércoles 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón. La mujer de 87 años, desahuciada el 23 de septiembre de la vivienda madrileña donde había vivido durante siete décadas, falleció sin poder regresar a casa, pese al acuerdo alcanzado para hacerlo. Su caso ya había movilizado las protestas por el acceso a un hogar y su muerte provocó nuevos homenajes y concentraciones, devolviendo al primer plano la historia personal que había acompañado el conflicto parlamentario.
La conmoción también abrió una disputa sobre cómo abordar lo ocurrido: Sánchez expresó públicamente su pesar, mientras Feijóo pidió respeto sin utilización política del fallecimiento. Esas reacciones muestran que la vivienda seguirá atravesando la campaña, aunque todavía no existe una medición posterior que permita atribuir a la muerte de Maricarmen un cambio en las preferencias electorales. Los sondeos disponibles mantienen la ventaja conservadora; las próximas encuestas permitirán observar si los acontecimientos de estos días modifican la movilización de los votantes o las prioridades con las que llegan a las urnas.
La causa de Begoña y la vivienda enfrentan dos agendas de campaña
El caso de Begoña Gómez ofrece a la oposición uno de los frentes con los que busca cuestionar a Pedro Sánchez, junto con el caso Koldo y la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. Ese enfoque permite llevar la campaña hacia el balance del Ejecutivo y las controversias que rodean al presidente, mientras el PSOE intenta situar la vivienda y el bloqueo de sus medidas en el centro de la discusión. La disputa atraviesa también la cobertura mediática: las versiones sobre una eventual candidatura de Gómez incorporaron un supuesto movimiento electoral a una causa judicial que ya ocupaba un lugar destacado en el enfrentamiento político, hasta que Ferraz negó que estuviera previsto incluirla en las listas.
En ese contexto, el escrito de la Fiscalía aporta argumentos que contradicen la acusación penal, aunque todavía no una resolución que cierre el procedimiento. El Ministerio Público sostiene que Gómez no recibió remuneración por codirigir la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid y recuerda que su colaboración con la institución comenzó en 2012, antes de que Sánchez llegara a La Moncloa. También defiende que la creación de esa cátedra siguió la normativa universitaria y que su dirección no exigía una titulación específica, respondiendo así a algunos de los cuestionamientos que acompañaron la investigación.
Respecto al software desarrollado dentro del proyecto, el fiscal rechaza que Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, obtuvieran beneficios económicos o que la universidad sufriera un perjuicio patrimonial. Esa valoración alcanza igualmente a las empresas participantes, cuya colaboración, según el escrito, no estuvo acompañada de remuneraciones ni de ventajas vinculadas a contratos públicos o privados. En cuanto al trabajo de Álvarez, considera que desempeñó las funciones inherentes a su puesto de confianza en Presidencia sin causar un menoscabo a los recursos públicos. Sobre esa reconstrucción sostiene su petición de absolución: a su juicio, los hechos examinados no constituyen una infracción penal.
La polémica sobre Begoña Gómez se incorpora al enfrentamiento electoral entre el PSOE y la oposición, mientras la Fiscalía solicita su absolución y el juicio sigue pendiente.
FOTO: AFP
La posición del Ministerio Público, sin embargo, convive con la petición de 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez formulada por la acusación popular coordinada por Hazte Oír. Ambas siguen pendientes de un juicio con jurado, por lo que presentar el escrito como una absolución ya concedida sería tan incorrecto como tratar las acusaciones como delitos probados. Esa distancia entre lo que sostienen las partes y lo que resuelva el tribunal será relevante durante una campaña en la que la causa puede seguir alimentando críticas al Gobierno, mientras los socialistas utilizarán los argumentos del fiscal para defender que no existe fundamento penal.
El duelo de agendas queda así planteado alrededor de dos terrenos que cada sector considera favorables: la oposición busca que Sánchez responda por su gestión y por las investigaciones que afectan a su entorno; el oficialismo y las fuerzas de izquierda intentan concentrar el debate en los alquileres, los desahucios y las medidas rechazadas en el Congreso. La versión desmentida sobre Begoña muestra cómo ambos planos pueden cruzarse, convirtiendo una información sobre las listas en otro episodio del enfrentamiento judicial y electoral. Por ahora, Ferraz niega la candidatura y la Fiscalía pide la absolución, mientras la decisión del tribunal continúa pendiente.
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