Esa identidad encuentra una expresión electoral especialmente marcada entre los practicantes, cuyas preferencias se inclinan hacia la derecha. En el estudio de septiembre, alrededor del 35% manifiesta que votaría al PP, frente al 14,2% que optaría por Vox y el 11,7% que elegiría al PSOE, una distribución que coloca a los populares como primera opción dentro de ese grupo. Entre los católicos no practicantes, en cambio, la distancia se estrecha, con un 23,1% favorable al PP y un 20,8% al PSOE, lo que muestra que una misma identificación religiosa puede acompañar decisiones políticas distintas.
Esa convivencia entre pertenencia religiosa y elección política está en el centro de la reflexión de Sarah G. Hansman, situada en unos Estados Unidos donde el Gobierno republicano de Donald Trump ha endurecido las restricciones al asilo y desplegado agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para intensificar las detenciones y deportaciones. Frente a ese escenario, la autora examina la distancia entre la tradición católica de defensa de los migrantes y las actitudes de rechazo de una parte de los fieles, y propone la escucha y el encuentro como vías para abordar esa tensión. Trasladada a España, su reflexión invita a preguntarse cómo se relacionan los principios religiosos con el respaldo a discursos que presentan la llegada de extranjeros como un peligro para la sociedad.
Agentes de policía desalojan la playa del Benítez, en Ceuta, uno de los escenarios de la presión migratoria en la frontera española.
FOTO: JOSE COLON / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP
Para entrar en esa discusión, el propio Catecismo ofrece una referencia concreta sobre una responsabilidad que también remite al mandato cristiano de amar al prójimo. Su apartado 2241 establece que “las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero” que busca seguridad y medios de vida que no encuentra en su país, y encomienda a las autoridades proteger a quienes reciben. Desde esa perspectiva, la acogida forma parte de una obligación moral que exige considerar las circunstancias de quien migra y respetar su dignidad, incluso cuando su llegada genera controversia política o tensiones sociales.
El mismo apartado reconoce que los Estados pueden establecer condiciones jurídicas para la inmigración atendiendo al bien común, mientras quienes llegan deben respetar las leyes y contribuir a la sociedad que los acoge. La doctrina contempla así la regulación de las fronteras junto con el deber de acogida, una relación que permite discutir las condiciones de entrada y permanencia sin desvincularlas de la protección de las personas. Es en ese punto donde el debate pasa de las creencias a las palabras y propuestas concretas de los dirigentes, especialmente cuando la exigencia de ordenar la inmigración se combina con mensajes que atribuyen a los extranjeros una amenaza colectiva.
El endurecimiento del discurso ante el mandato de amar al prójimo
La tensión aparece cuando el endurecimiento de los discursos del PP y Vox se confronta con principios básicos de la fe que ambos reivindican, como el amor al prójimo y la dignidad de toda persona. Esa discusión toma forma en las declaraciones de sus dirigentes y en las medidas que defienden, porque el debate sobre cómo gestionar la inmigración también comprende la manera de describir a quienes llegan y el lugar que se les reconoce dentro de la sociedad.
Del lado del PP, Alberto Núñez Feijóo ha combinado la defensa de una inmigración legal y vinculada al empleo con advertencias sobre sus consecuencias sociales y culturales. Durante la presentación de su plan migratorio en Barcelona, el 14 de octubre de 2025, rechazó una política que transforme los barrios en “lugares irreconocibles de nuestro país” y sostuvo que “ la diversidad cultural no puede arrastrarnos a la fragmentación cultural”. Acompañó esas palabras con propuestas para elevar los requisitos lingüísticos, culturales y constitucionales de acceso a la nacionalidad y reforzar el control fronterizo, situando la integración y la preservación de la identidad entre los argumentos de su política migratoria.
Ese planteamiento volvió a aparecer el 2 de julio de 2026, cuando cuestionó la regularización de migrantes y las nacionalizaciones mediante la ley de nietos. “No hay país que lo resista desde el punto de vista social de bienestar y cultural”, afirmó en Santander, donde defendió vincular las entradas a contratos de trabajo y reclamó expulsiones por incumplimiento de la ley. Aunque su discurso es menos duro que el de Vox y el PP ha marcado diferencias con sus propuestas, ambas formaciones han alcanzado acuerdos autonómicos que incorporan la prioridad nacional, con discrepancias sobre su aplicación, y Feijóo confirmó este 20 de octubre que negocian un entendimiento para el Senado. Las diferencias conviven, por tanto, con alianzas y puntos de coincidencia que acercan sus posiciones en asuntos concretos.
Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo se saludan durante un encuentro entre los líderes de Vox y el PP.
FOTO: ARCHIVO
Del lado de Vox, Santiago Abascal convierte la remigración y la prioridad nacional en ejes de su propuesta política, con un alcance que incluye la expulsión de quienes entran irregularmente, pero también de extranjeros que delinquen o que, según su planteamiento, viven de las ayudas sociales. En el acto celebrado en Estepona el 11 de octubre, defendió que la remigración “en absoluto es por odio a los de fuera, sino que es por amor a los de dentro”, una formulación con la que presenta esas medidas como una defensa de los españoles y de los recursos del país.
Con diferencias en el alcance de sus propuestas, Feijóo y Abascal vinculan así el control migratorio con la protección de una comunidad que consideran sometida a presión, ya sea por la transformación cultural de los barrios o por el acceso al empleo y las prestaciones. Es esa relación entre protección y pertenencia la que conecta sus discursos con el debate religioso, porque obliga a preguntarse qué lugar ocupa quien llega de fuera cuando la prioridad política se define alrededor de quienes ya están dentro. Una discusión sobre los límites de la solidaridad que también ha llevado a representantes de la Iglesia a intervenir públicamente.
Las voces de la Iglesia que cuestionan la prioridad nacional
La distancia entre esos discursos y el mandato de acogida ha provocado intervenciones públicas de representantes de la Iglesia española, que han cuestionado la prioridad nacional desde los propios fundamentos del cristianismo. El 24 de abril, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, rechazó ese criterio en el acceso a ayudas sociales y defendió que la dignidad de las personas y el bien común deben orientar la actuación pública, también cuando la discusión política gira alrededor de la nacionalidad de quienes necesitan asistencia.
Su respuesta situó el desacuerdo en la definición misma del prójimo. “El prójimo no es sólo el que es de mi partido, no es el que es de mi país”, afirmó García Magán, quien extendió esa consideración a las diferencias de lengua y religión. Al hacerlo, planteó una objeción concreta a la idea de limitar la solidaridad por pertenencia nacional y advirtió contra una política organizada alrededor de eslóganes que alimentan la polarización, mientras defendía el compromiso de la Iglesia de permanecer cerca de unas personas y otras.
Esa posición estuvo precedida por la intervención del obispo de Canarias, José Mazuelos, que el 22 de abril pidió considerar las condiciones en las que llegan quienes atraviesan el Atlántico. “Habría que meter a mucha gente en un cayuco cinco días, mañana y tarde, sin comer, para ver cómo llegan”, sostuvo durante un encuentro informativo en el marco de la Asamblea Plenaria de los obispos. Su apelación a ponerse en el lugar del migrante trasladaba la discusión sobre fronteras y recursos a la experiencia de quienes arriesgan la vida para alcanzar las costas españolas.
La reacción de Abascal mostró hasta qué punto esa defensa de la acogida puede generar un enfrentamiento con dirigentes que reivindican la tradición cristiana. El líder de Vox acusó a Mazuelos de “hacer negocio con la inmigración ilegal” y le reclamó que saliera de su residencia para conocer las consecuencias de la inmigración para los españoles, unas acusaciones que García Magán rechazó por considerarlas falsas y susceptibles de entrar en el terreno de la injuria. El intercambio dejó expuesta una discrepancia entre representantes eclesiales y una formación política que apela a esa misma herencia religiosa.
Para el electorado católico, esa discrepancia abre una discusión sobre el lugar de sus creencias en sus decisiones políticas. La vivienda, el empleo, la seguridad o el rechazo al Gobierno pueden orientar el voto junto con la identidad religiosa, sin que todos esos factores conduzcan necesariamente hacia una misma opción. Pero cuando un partido invoca los valores cristianos para defender su proyecto, también queda abierta la pregunta sobre cómo interpreta sus obligaciones hacia quienes vienen de fuera: ¿cómo conciliar la protección de la propia comunidad con una idea del prójimo que no termina en la frontera?
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