El segundo caso corresponde a un ciudadano marroquí al que Rabat responsabiliza por el naufragio de una patera. Según la información publicada, la Audiencia Nacional no encontró fundamentos suficientes para autorizar su extradición en los términos solicitados. La identidad del reclamado y el número del procedimiento no fueron difundidos, por lo que no puede establecerse públicamente si la entrega fue rechazada por completo o si el tribunal excluyó solamente las acusaciones relacionadas con las muertes. La diferencia es importante: existen resoluciones recientes en las que España aceptó extraditar a sospechosos de organizar salidas clandestinas, pero impidió que fueran juzgados por fallecimientos, narcotráfico o cohecho cuando Marruecos no acreditó una relación concreta con esos delitos.
Migrantes marroquíes regresan a su país escoltados por efectivos españoles desde Ceuta.
FOTO: HENRY NICHOLLS / AFP
Ambos expedientes adquirieron relevancia porque quedaron instalados como ejemplos de la supuesta falta de reciprocidad española. Rabat puede utilizarlos para reforzar políticamente su reclamo, pero ninguno demuestra por sí solo que Moncloa haya incumplido el acuerdo: uno permanece aplazado por una causa abierta en Barcelona y del otro no se conocen públicamente todos los fundamentos judiciales.
Las cifras explican por qué estos tropiezos terminaron convertidos en una cuestión diplomática. Durante 2024, Marruecos emitió 90 solicitudes de extradición hacia 13 países y 46 tuvieron como destino España, más que las dirigidas a cualquier otro Estado. Su Fiscalía situó en el 27,5% la ejecución general de esos pedidos, mientras aseguró que Rabat cumple el 65% de las reclamaciones que recibe. Los datos españoles abarcan otro período: entre 2018 y 2025 se concretaron 98 entregas al reino alauí, el segundo destino por detrás de Estados Unidos, pero también fueron rechazadas 92 peticiones. Las estadísticas no son directamente comparables, aunque dejan claro que España concentra una parte central de las personas buscadas por la Justicia marroquí.
El convenio en cuestión fue firmado en 2009 y entró en vigor el 1 de septiembre de 2012. Obliga a ambos países a tramitar las solicitudes, pero permite rechazarlas por nacionalidad, prescripción, ausencia de doble incriminación, motivaciones políticas o insuficiencia documental. Tampoco podría desaparecer de un día para otro: su artículo 27 establece que una denuncia formal recién surtiría efecto un año después de ser comunicada por vía diplomática. Hasta entonces, la advertencia funciona principalmente como un instrumento de presión sobre Sánchez, aunque una ruptura también perjudicaría a Marruecos, que tiene en España al principal receptor de sus pedidos de entrega.
Los menores de Ceuta, el otro laberinto legal que Moncloa no logra cerrar
La disputa por las extradiciones no es el único frente abierto entre ambos gobiernos. Ouahbi también exigió que España devuelva a todos los menores marroquíes que permanecen en Ceuta, incluidos aquellos que llegaron antes de la avalancha del 30 de julio. Rabat sostiene que deben regresar con sus familias y reincorporarse a las escuelas antes del comienzo del curso, pero su ofrecimiento de recibirlos no alcanza para habilitar una repatriación colectiva.
El problema se cruza directamente con una de las principales reformas migratorias impulsadas por Sánchez. El Real Decreto-ley 2/2025 creó un sistema obligatorio para trasladar menores desde territorios desbordados hacia otras comunidades autónomas. Quienes llegan después de declararse una contingencia deben ser reubicados en un plazo máximo de 15 días desde su inscripción, mientras los que ya estaban tutelados pueden ser derivados durante el año siguiente. El mecanismo fue diseñado para descargar a Ceuta, Melilla y Canarias, pero ahora obliga al Ejecutivo a avanzar con traslados dentro de España mientras Marruecos reclama que el destino final sea el otro lado de la frontera.
Moncloa tampoco puede aceptar la exigencia de Rabat y enviarlos de regreso sin estudiar cada situación. El Tribunal Supremo declaró ilegales las devoluciones realizadas desde Ceuta en 2021 porque no existieron expedientes individuales, no se escuchó a los jóvenes con madurez suficiente ni intervino correctamente la Fiscalía. La sentencia estableció que el acuerdo bilateral firmado con Marruecos no sustituye las garantías de la Ley de Extranjería y que cada retorno debe responder al interés superior del menor. España está obligada a comprobar su identidad, localizar a la familia, evaluar las condiciones en las que sería recibido y descartar cualquier riesgo antes de autorizar la repatriación.
Jóvenes marroquíes esperan agua potable en Ceuta tras la entrada masiva desde Marruecos. La crisis dejó al menos 80 muertos, según cifras oficiales españolas.
FOTO: ANTONIO SEMPERE / AFP
Ni siquiera está cerrado el número de jóvenes sobre los que debe decidir el Gobierno. Sira Rego informó inicialmente de 1.342 menores registrados, pero las estimaciones oficiales posteriores elevaron la cantidad potencial hasta los 2.500. Asociaciones vecinales y entidades sociales sostienen que podrían ser hasta 4.000, muchos todavía fuera de los dispositivos de protección, mientras Save the Children calcula que alrededor de 1.500 se encuentran efectivamente bajo tutela. Sin una identificación completa y una determinación fiable de la edad, no puede resolverse legalmente ni el traslado a la Península ni el eventual regreso a Marruecos.
La reunión convocada para preparar una partida extraordinaria de 25 millones de euros tampoco cerró el debate sobre el destino de esos jóvenes. Aragón, Castilla y León y Extremadura rechazaron participar y amenazaron con impugnar los traslados que se realicen antes de estudiar una posible reunificación familiar. Sánchez queda así atrapado entre tres salidas igualmente conflictivas: distribuirlos por España y enfrentarse a las comunidades, devolverlos apresuradamente y exponerse a otra condena judicial o mantenerlos en una Ceuta que ya no dispone de plazas suficientes. La reforma de 2025 resolvió cómo repartir la presión, pero no qué hacer cuando el país de origen exige recuperar a quienes el Estado español está obligado a proteger.
El “día D” llega a Ceuta: el 15-A pone a prueba la cooperación con Rabat
La prueba más inmediata para la relación entre España y Marruecos llegará este sábado. El 15-A, señalado en redes sociales como el “día D” para intentar una nueva entrada colectiva en Ceuta, dejó de ser únicamente una convocatoria digital y se convirtió en una alerta de seguridad a ambos lados de la frontera. La Guardia Civil considera acreditada la existencia de una campaña con capacidad de movilización, aunque todavía no puede determinar cuántas personas responderán ni quién puso en marcha los primeros mensajes. Tampoco existen pruebas que vinculen la organización con el Gobierno marroquí.
España llega a la fecha con un dispositivo muy superior al habitual. Los efectivos policiales y de la Guardia Civil pasaron de aproximadamente 1.100 a 1.600, mientras cerca de 2.000 militares quedaron disponibles para realizar tareas de apoyo. Defensa suspendió permisos y libranzas, se reforzó la vigilancia costera y las unidades especiales permanecen preparadas para intervenir en el perímetro, el puerto y los accesos urbanos. El objetivo es impedir que una concentración en Fnideq vuelva a desbordar el espigón del Tarajal como ocurrió el 30 de julio.
Rabat también movilizó a cientos de policías y militares, instaló nuevas vallas en los alrededores de la frontera y desplegó material antidisturbios, ambulancias y vehículos con cañones de agua. El Ministerio del Interior marroquí aseguró haber tomado todas las medidas necesarias para impedir el cruce y anunció detenciones contra varias personas sospechadas de promoverlo en internet. La respuesta muestra una cooperación que no existió con la misma eficacia durante la primera avalancha, cuando las fuerzas marroquíes terminaron superadas por decenas de miles de personas.
Por eso, lo que suceda el 15 de agosto tendrá una lectura que irá mucho más allá del número de personas que se acerquen a la frontera. Si Marruecos contiene la movilización, Moncloa podrá sostener su decisión de preservar el vínculo y defender que la colaboración continúa intacta pese a las declaraciones de Ouahbi. Una nueva ruptura del perímetro, en cambio, profundizaría las dudas sobre un aliado que durante la misma semana reclamó Ceuta y Melilla, exigió la devolución de sus menores y amenazó con suspender las extradiciones. El “día D” será también el examen definitivo para el “socio fiable” de Sánchez.
---------------
Más contenido en Urgente24
Impacto total por lo que salió a la luz del casamiento de Tini Stoessel: "No los invitó"
La estafa del posnet que tiene en alerta a todos y ya provoca pérdidas millonarias
Escándalo por la bomba que soltaron en Carnaval Stream: "Karina Milei tiene amenazada a Villaruel con..."
Créditos hipotecarios: Este banco subió las tasas y sacude el mercado UVA
