Los transportistas lideran la tercera protesta en las últimas semanas contra Dina Boluarte para exigir mayor seguridad ante la delincuencia en Perú.
Este miércoles (23/10) el gremio de transportistas urbanos efectúan un paro indefinido tras las manifestaciones del 10 y 11 de octubre para exigir mayor seguridad ante la delincuencia en Perú.
La Coordinadora Unitaria de Lucha Multiplataforma -que reúne a más de 230 gremios a nivel nacional- explicó que siguen pidiendo las mismas exigencias: la derogatoria de la Ley 32.108 (Ley contra el crimen organizado) y el archivamiento del proyecto de ley del terrorismo urbano.
“La población quiere el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales, pero aún no es nuestro pedido. Nosotros estamos pidiendo las derogaciones de las leyes que fomentan la inseguridad”, manifestó, según supo Infobae Perú.
Muchos detractores del gobierno, también citaron la ley promulgada recientemente el congreso que redefine el término organización criminal y cambia protocolos de allanamientos y favorece al crimen organizado y se opone a acuerdos internacionales.
Entre los cambios más polémicos “está la obligación de realizar allanamientos judiciales sólo con la presencia del investigado y su abogado” y el aumento del umbral de “pena necesaria para considerar a un grupo como organización criminal, de cuatro a seis años de cárcel”.
Los transportistas también piden incrementar la presencia de los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los paraderos y las rutas de todos los vehículos que brindan el servicio de transporte público, brindar mejor seguridad a comercios, universidad, escuelas, viviendas, etc y penas más severas contra sicarios, extorsionadores, secuestradores y corruptos.
Este paro sucede al discurso del martes de Boluarte que significó su reaparición ante los medios tras 100 días de silencio en que instó a los gremios a no paralizar: “Un paro o dos no solucionarían el problema” de la inseguridad ciudadana. Sin embargo, este miércoles cambió de postura y llamó a la unidad:
"Seguimos tras los pasos y los atraparemos pronto a esos criminales que tanto daño causan a nuestras familias y seguridad. En este momento crucial, nos toca hacer un solo puño para derrotar al crimen. No hagamos eco del odio o la división, hagamos eco de la unidad que tanto necesitamos para continuar avanzando. En unidad ganamos todos, divididos, perdemos todos”.
Durante su extraña disertación, evadió las preguntas sobre los escándalos de corrupción por el caso “'Los waykis en la Sombra' en el que su hermano Nicanor es el principal acusado de liderar una presunta organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado y lo “Rolexgate” se investiga a la mandataria peruana por supuesto enriquecimiento ilícito.
En Perú, sumida en un caos, los gremios y trabajadores del sector transporte en Lima y Callao exigen que las autoridades tomen acciones contra el crimen organizado que presuntamente están atentando contra ellos con amenazas, asesinatos y extorsiones.
Según medios locales, se trata de un problema central por el desborde criminal que ya ejerce un control territorial en varias zonas del Perú, principalmente en la costa y la capital.
Si bien Dina Boluarte, anunció que ha incrementado la presencia policial y los patrullajes en zonas estratégicas de la capital e intensificado su investigación para contrarrestar la extorsión a empresas de transportes", fue criticada por desconocer el modus operandi del crimen organizado y de tomar medidas reactivas en lugar de preventivas.
De hecho, un primo hermano de la propia presidente fue acribillado en el colegio Julio C. Tello de Ate delante sus alumnos en plena mañana escolar la semana pasada.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló un incremento de hasta 50 % en la incidencia de secuestros y extorsiones en el primer semestre del 2024.
Hasta ahora la declaración de emergencia en los distritos más violentos no ha evitado que los criminales mantengan sus actividades. Expertos han sostenido en diversos medios locales, que ninguno de los estados de emergencia de años anteriores o la presencia de militares en las calles lograron reducir el porcentaje de delito y porcentaje de víctimas por sicariato, extorsión y secuestros.
Además de las 2 denuncias constitucionales por corrupción, Boluarte ha enfrentado 7 mociones de vacancia que pretendían destituirla.
La presidenta únicamente persiste en su puesto por el respaldo conservador del Congreso y el fujimorismo. Fuerza Popular, junto con Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú, son los partidos que votaron mayoritariamente en contra de las solicitudes de moción para destituirla y de adelantos de las elecciones. Ella aseguró que seguirá su gobierno hasta 2026, pese a ser la mandataria más impopular del siglo con apenas 5% de aprobación.
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