Lo que había comenzado entre alumnos de secundaria alcanzó después a las universidades y amplió el debate hacia las oportunidades de continuar una carrera. En un documento de diez medidas de emergencia, difundido por la Unión Estudiantil, las organizaciones reclaman crear 250.000 cupos adicionales para cursar estudios superiores y eliminar la selección mediante Parcoursup y Mon Master, los sistemas nacionales utilizados para gestionar las solicitudes de ingreso a carreras y másteres. Los convocantes cuestionan los mecanismos que determinan quién obtiene un lugar y defienden que terminar una etapa educativa permita acceder a la siguiente. También piden reforzar la atención a los alumnos hasta contar, por cada 500 estudiantes, con un profesional de enfermería, uno de psicología y uno de orientación, junto con la renovación de los edificios y su adaptación a las temperaturas extremas.
Pero conseguir un lugar tampoco garantiza poder sostener los estudios, y allí las demandas educativas se enlazan con la vivienda y la alimentación. El mismo documento propone aumentar las becas en 200 euros mensuales, abonarlas durante los doce meses e incorporar a 300.000 estudiantes adicionales al sistema de ayudas. A eso suma el acceso efectivo a comidas de un euro, la congelación de los alquileres en las residencias públicas universitarias y el inicio de la construcción de 15.000 alojamientos desde 2027. Son propuestas de los convocantes que trasladan el conflicto desde lo que ocurre dentro del aula hasta el dinero necesario para seguir asistiendo a ella.
La primera respuesta del Gobierno se concentró en el personal. El ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció el 8 de octubre la movilización de unos 3.000 docentes sustitutos, con prioridad para los 114 centros de secundaria más afectados por las carencias de profesores. Las organizaciones consideraron insuficiente esa intervención y mantuvieron la presión para obtener cambios más amplios, mientras el Ejecutivo intentaba compatibilizar las exigencias de inversión con sus compromisos de reducción de la deuda pública.
La distancia entre ambas posiciones volvió a quedar expuesta esta semana. Cuatro organizaciones, la Unión Sindical de Estudiantes de Secundaria, la Unión Estudiantil, la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF) y la Federación de Asociaciones Generales Estudiantiles (FAGE), abandonaron la sesión inicial de negociación sobre Parcoursup, celebrada el miércoles 21 de octubre. El Gobierno prevé presentar primeras propuestas el lunes 26, de modo que la nueva movilización del sábado llegará antes de conocer esas respuestas y con el desacuerdo sobre el acceso a la universidad todavía abierto
En la fachada de Bulgari, saqueada, en el Boulevard des Capucines (París), "La revolución es bella", para protestar contra el "alto costo de la vida".
FOTO: KIRAN RIDLEY / AFP
Más agentes en las calles y una actuación policial bajo investigación
El Gobierno francés prepara los refuerzos del sábado después de reconocer fallas en la anticipación de las últimas movilizaciones. Los servicios de inteligencia habían previsto hasta 200.000 manifestantes, una estimación muy inferior a la concurrencia registrada, y el despliegue resultó insuficiente para responder a grupos que se desplazaban entre distintos puntos de las ciudades. Para el 24 de octubre, el Ministerio del Interior anunció una movilización de policías y gendarmes un 20% superior, junto con vehículos blindados y unidades especiales, entre ellas el RAID (Unidad Policial de Investigación, Asistencia, Intervención y Disuasión) y el GIGN (Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional).
A ese operativo se sumarán militares de Sentinelle, cuya tarea prevista será custodiar lugares sensibles, como estaciones, edificios y sitios turísticos, para liberar a policías y gendarmes destinados a esas guardias. Esa distribución permitirá concentrar más efectivos en el control de las concentraciones, aunque el refuerzo llega cuando también se discuten las consecuencias de las intervenciones anteriores y el uso de armas capaces de provocar lesiones graves.
Entre los casos que alimentaron ese cuestionamiento está el de un adolescente de 15 años que perdió una mano en Lens, tras la explosión de una granada durante una protesta el 5 de octubre. En Saint-Ouen-l’Aumône, otro menor, de 14 años, sufrió graves lesiones en la mandíbula y los dientes después de recibir un disparo de un lanzagranadas a corta distancia. Para el 16 de octubre, la policía investigaba internamente 36 casos de presunto uso excesivo de la fuerza, según informó The Guardian, mientras familiares y abogados reclamaban esclarecer las responsabilidades.
El debate también alcanza a los dispositivos utilizados en París. Una investigación audiovisual de Le Monde identificó una granada GL-304 en el episodio que dejó herida en las piernas a una periodista en la plaza de la República el 17 de octubre. El diario documentó además el empleo de 36 granadas de ese modelo durante la manifestación del día 13, con al menos dos lesiones graves. Aunque el dispositivo había sido incorporado en 2025 con el objetivo de reducir el riesgo de heridas, esos incidentes volvieron a poner su seguridad bajo escrutinio.
Desde Amnistía Internacional, su presidenta en Francia, Anne Savinel-Barras, reclamó prohibir definitivamente las granadas aturdidoras en el control de las manifestaciones, al advertir que provocan lesiones graves. La organización consideró insuficiente la suspensión temporal anunciada para las protestas de secundaria y pidió revisar las reglas sobre el uso de la fuerza. Así, el operativo del sábado deberá responder a dos exigencias que atraviesan la crisis: impedir nuevos ataques y saqueos y garantizar la seguridad de quienes salen a manifestarse pacíficamente.
De Madrid a Milán, el malestar cruza las fronteras de Francia
La crisis francesa encuentra eco en una Europa donde pagar un alquiler, sostener los gastos cotidianos o acceder a una educación de calidad se han convertido en motivos de movilización. Madrid ya llevaba semanas de protesta cuando las marchas francesas alcanzaron su mayor dimensión, con la Puerta del Sol transformada en una acampada por la vivienda tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años. El domingo 27 de septiembre había unas 150 tiendas de campaña en la plaza, una imagen que anticipaba otra de las formas de protesta que después cobrarían fuerza en Portugal.
La acampada en la Puerta del Sol convirtió el centro de Madrid en un punto de protesta por el acceso a la vivienda, uno de los reclamos que movilizan a distintas ciudades europeas.
FOTO: RECORTE
En Lisboa, la disputa por el acceso a una vivienda sigue abierta después del operativo policial del 20 de octubre, que dejó 55 detenidos durante el desmantelamiento del campamento del Rossio. Este jueves, más de 300 manifestantes optaron por permanecer al raso, retirando las tiendas para mantener la protesta sin exponerse a otro desalojo por la instalación de estructuras. La presión también llegó a las instituciones, con el presidente António José Seguro convocando a los partidos parlamentarios para el 29 de octubre, en busca de un acuerdo sobre la emergencia habitacional.
En Italia, el costo de vida y el encarecimiento de los combustibles también llevaron gente a las calles, aunque las movilizaciones quedaron atravesadas por los disturbios. En Milán hubo enfrentamientos durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre, con comercios atacados en el entorno de la plaza del Duomo y una intervención policial con gases lacrimógenos y cañones de agua. Los incidentes se produjeron alrededor de una convocatoria del movimiento Italia in Piazza, mientras Turín y Bolonia registraban otros episodios de violencia. El lunes 19, el Gobierno anunció el envío de 500 militares a Milán, según el viceprimer ministro Matteo Salvini.
La educación funciona como otro punto de encuentro entre conflictos nacionales. En Bélgica, estudiantes y docentes se han movilizado contra las medidas de austeridad, las reformas educativas y el aumento de los costos de estudiar, con nuevas concentraciones en Bruselas y Lieja el 17 de octubre. En Grecia, la protesta del miércoles 21 reunió a unas 10.000 personas en Atenas y sus suburbios, según la policía, para reclamar más financiación, mejores instalaciones y aulas menos numerosas. Allí también hubo expresiones explícitas de solidaridad con los manifestantes franceses, mientras los alquileres y la energía añaden presión sobre los ingresos de las familias.
En Albania, las demandas estudiantiles se entrelazaron con una protesta contra el Gobierno de Edi Rama que ya venía desarrollándose alrededor de un controvertido proyecto turístico vinculado a la familia de Donald Trump. Los reclamos por las condiciones de enseñanza y las tasas universitarias se incorporaron así a un conflicto político más amplio. Ese mapa permite hablar de una ola europea de malestar, con motivos y organizaciones diferentes, pero atravesada por una preocupación compartida: cuánto cuesta vivir y qué respuestas ofrecen los gobiernos a quienes sienten que trabajar o estudiar ya no alcanza para construir un futuro.
----------------------------------
Más contenido en Urgente24
Di Carlo eligió entre Ponzio y Ramón Díaz para el River 2027: "Va a ser él"
El detalle en el cuello de Milei que generó preocupación
Ni Milei ni el peronismo: La fuerza a la que votarían los argentinos
Kin Jong-Un en coma o muerte por hemorragia cerebral: Qué se sabe y qué hay de cierto
Balón de Oro: ¿Qué es el B.O.A.T.? el nuevo premio que entregará France Football
