Una diputada oficialista en México presentará proyecto de ley que contempla monitorear y limitar el contenido de los influencers en redes sociales.
En México el partido oficialista Morena presentará en los próximos días una lista iniciativas en el Congreso para crear la “ Ley General para regular el contenido de influencers en medios y plataformas digitales”.
No sería otra cosa que un ley mordaza para supervisar, monitorear, limitar e incluso censurar contenido considerado indigno discriminador o violador de los derechos humanos. ¿Prohibirá también los memes, bromas pasadas de tono, opiniones críticas o la ridiculización constante de figuras políticas que caracterizan a las redes?
La diputada impulsora del proyecto de ley, Leonor Gómez Otegui ,explicó a CMDX que la idea es crear de la Plataforma Nacional de Seguimiento del Contenido de Influencers en medios digitales: “Las personas físicas y morales podrán interponer quejas, cuando detecten contenido que, entre otras cosas, incide a actos de discriminación, contrarios a dignidad y derecho humano”.
El objetivo es combatir, según ella, “retos virales que ponen en riesgo a los internautas, especialmente a los menores de edad; prevenir los riesgos a la salud que representan los productos o pseudo “medicamentos milagro”.
“Estos supuestos y muchos más se presentan al no tener censura, límites o regulación específica sobre el contenido de las publicaciones en Internet, lo que además se traduce en la imposibilidad de adjudicar responsabilidades de índole penal, administrativo, fiscal o civil, pues no existe una regulación precisa”, defendió Otegui.
Asimismo, para alertar sobre líderes de grupos o sectas que someten y estafan a sus seguidores, todos promovidos y alentados por “influencers” desde plataformas digitales, según el medio citado.
Una vez que la persona “ofendida” ingresa la queja contra un creador en la Plataforma Nacional de Seguimiento será derivada a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Salud o la Procuraduría Federal del Consumidor para realizar las investigaciones del caso y la tramitación de las sanciones correspondientes.
Y esas sanciones van “desde ordenar eliminar el contenido generado por el influencer hasta sanciones económicas que podrían sumar dos veces el beneficio que reciba en su monetización o si es por contrato por el doble del valor del contrato y si no tiene beneficio económico, una multa que quinientos hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización vigente”, según La Razón de México.
La iniciativa que busca ser ley “establece un vínculo de comunicación, entre las personas internautas y las autoridades de la Administración Pública Federal, con la finalidad de dotar de seguridad y certeza jurídica ante, los conflictos por publicidad engañosa o transgresión a derechos humanos, como producto del marketing de influencers”.
Algunos internautas ya han comenzado a comparar la iniciativa con la ley mordaza en Venezuela conocido como Ley del odio por la convivencia pacífica y la tolerancia (curiosamente no respeta opiniones críticas y diversas). La norma fue aprobada en 2017 y, apenas sancionada, recibió el rechazo de la OEA (Organización de los Estados Americanos).
La legislación contempla 20 años de cárcel por una opinión contraria al poder oficial, o por un discurso que se considera de odio por un sector partidario de la sociedad.
Vale aclarar que Maduro utiliza de manera oportunista y totalmente arbitraria el concepto de odio para reducir el término al mero disenso político. La realidad es que, según las Naciones Unidas (ONU) no todo crítica es discurso de odio. Hay cuestiones de minorías religiosas, género, etc que sí tienen que ver con esa violenta retórica que están bien definidas por las Naciones Unidas (ONU), pero no aplica para las expresiones de las diversas apreciaciones políticas.
¿Quién decide en los discursos políticos qué es el odio o discriminación o qué no lo es? ¿Una mayoría regida por su fanatismo ideológico que entienden que toda crítica hacia sus ideas o creencias es violenta u “odio”?
Tal como analizó Urgente24, en este mundo digitalizado, con spams, fuentes anónimos, discurso infundados y fakes news, que sumergen al ciudadano en un escenario de angustia e incertidumbre, sin dudas, algunos sectores indolentes se ven tentados a formular soluciones vagas y simplistas.
Sin embargo, el contexto complejo requiere del trabajo arduo y la cooperación entre los gobiernos para encontrar una solución eficaz que frene la proliferación de las noticias falsas que nada contribuyen al debate público. Pero el establecimiento de una ley de odio/mordaza sería totalmente contrario a un sistema democrático, cuyo buen funcionamiento se garantiza a través de la libertad de expresión, diversidad de opiniones y un periodismo crítico.
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