Madrid teme el desalojo: crece la presión policial en Puerta del Sol

El refuerzo de agentes y furgones coincide con la marcha al Congreso por la vivienda, en medio del conflicto por la continuidad de la acampada.

La Puerta del Sol de Madrid vuelve al centro de la tensión por la vivienda ante el refuerzo policial entre la acampada y el Congreso, mientras circulan en redes imágenes de agentes y furgones en la zona y sigue abierta la disputa por la continuidad de las carpas tras las advertencias de Isabel Díaz Ayuso.

Las escenas compartidas muestran a varios policías recorriendo los alrededores de la plaza y vehículos desplazándose por el sector, una presencia que adquiere especial relevancia después de los reclamos para levantar el campamento. Según Europa Press, el dispositivo se extiende hasta la Cámara Baja, con más agentes y furgones a lo largo del recorrido y vallas en la Carrera de San Jerónimo, a la altura de la calle Cedaceros, donde los manifestantes trasladaron su reclamo para exigir la aprobación de los decretos sobre alquileres y desahucios.

Ese movimiento coincide con el conflicto que enfrenta a las administraciones por la respuesta a la protesta, después de que la presidenta madrileña acudiera a la Justicia para solicitar su desalojo inmediato. La petición añade presión sobre el futuro de una movilización que mantiene su presencia en Sol mientras busca hacerse escuchar frente al Parlamento, aunque el despliegue confirmado no acredita que haya comenzado una operación para retirar las carpas. El desenlace de la votación y los próximos movimientos de las autoridades marcarán así una jornada en la que el reclamo por la vivienda vuelve a cruzar la calle con la disputa política.

El Congreso tumba los dos decretos y deja sin respuesta el reclamo de la calle

La presión de los manifestantes y los últimos llamados del Ejecutivo no consiguieron cambiar el desenlace, porque el Congreso rechazó los dos decretos de vivienda aprobados el martes, dejando sin continuidad las medidas que habían llevado a los acampados a movilizarse frente al Parlamento. El primer texto cayó por 178 votos en contra y 172 a favor, con PP, Vox, Junts y UPN formando la mayoría que impidió su convalidación, pese al respaldo de las fuerzas que sostienen al Gobierno, del PNV y de Coalición Canaria.

La derrota alcanzó primero al paquete que incluía la protección frente a desahucios de personas vulnerables y la prórroga de contratos de alquiler, y se extendió después a la propuesta de renovación automática defendida por Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo. Ese segundo texto exigía al propietario acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y contemplaba una indemnización al inquilino cuando no lo hiciera, aunque llegaba a la votación con un rechazo más amplio, ya que el PNV y Coalición Canaria también habían anunciado su oposición. El resultado cerró así las dos vías que el Ejecutivo había abierto para responder a las demandas de los colectivos movilizados.

Antes de que los diputados expresaran su decisión, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, intentó evitar la caída del primer decreto ofreciendo su convalidación y una posterior tramitación como proyecto de ley para incorporar correcciones, mientras Sánchez intervino para reclamar apoyos y advertir que el daño de rechazar las medidas sería “inmenso”. Junts mantuvo su negativa pese a esas gestiones y defendió que los textos no resolvían los problemas que pretendían abordar, una posición que convirtió sus siete escaños en decisivos para frustrar el acuerdo sobre el paquete principal.

La votación por llamamiento hizo visible esa ruptura, con cada diputado pronunciando su posición desde el escaño mientras, fuera del edificio, los participantes de la marcha desde Sol reclamaban la aprobación de las normas. La caída de ambos decretos deja ahora a la movilización ante la necesidad de definir cómo continuar su presión y al Gobierno frente a una derrota que agrava la fragilidad de sus apoyos parlamentarios, aunque el resultado por sí solo no determina ni el levantamiento de la acampada ni una convocatoria electoral.

Una asamblea decidirá el futuro de Sol tras el rechazo del Congreso

El levantamiento previsto para el sábado vuelve a quedar bajo discusión después de la derrota parlamentaria, porque el futuro de la acampada se decidirá esta tarde en una asamblea, según informó RTVE tras la votación. Algunos manifestantes ya regresaron desde el Congreso a la plaza entre muestras de indignación y gritos de “huelga general ya”, llevando al campamento una discusión que ahora deberá traducirse en decisiones sobre su permanencia y las próximas acciones.

La posibilidad de recoger las carpas había aparecido vinculada a un cambio de estrategia del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que planteó trasladar la organización a los barrios y edificios donde se producen las subidas de alquiler y las expulsiones. Según AS, el comunicado difundido entre los participantes proponía convertir la energía reunida en Sol en una estructura permanente, por lo que dejar la plaza formaba parte de un plan para extender la protesta. Ese planteamiento convive ahora con la asamblea anunciada después del rechazo, cuyo resultado permitirá conocer cómo se concreta la siguiente etapa.

Mientras se resuelve esa cuestión, la manifestación del sábado 3 de octubre está convocada para las 12:00, con cuatro columnas que partirán desde la glorieta de Emilio Castelar, Atocha, el Hospital de La Princesa y Plaza de España para confluir en Cibeles. La convocatoria se presenta como un paso hacia una huelga general por la vivienda, todavía sin una fecha anunciada, y ofrece una vía para mantener la presión más allá de las tiendas. La decisión sobre Sol deberá encajar, por tanto, con una movilización que ya tiene su próxima cita en las calles y con el debate sobre cómo sostener el reclamo después del revés en el Congreso.

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