Las conexiones con Caracas desde Madrid y Tenerife concentran la operación regular que mantiene Plus Ultra tras suspender sus vuelos a Argentina y Perú.
FOTO: PLUS ULTRA
El preconcurso busca dar tiempo para negociar una salida antes de llegar a un concurso de acreedores. La comunicación de apertura de negociaciones permite, con el alcance y las condiciones previstos en la legislación, proteger temporalmente determinados bienes necesarios para continuar la actividad frente a ejecuciones. El marco contempla un período inicial de tres meses y la posibilidad de solicitar una prórroga de hasta otros tres. Ese margen no supone que las deudas desaparezcan ni garantiza que el acuerdo llegue a concretarse.
La empresa sostiene que pretende asegurar su continuidad y atribuye parte de la crisis al encarecimiento del combustible. Al comunicar las negociaciones, afirmó que mantenía como prioridades “la seguridad de nuestras operaciones, la atención a nuestros pasajeros”. En paralelo, trasladó a los representantes laborales su intención de iniciar un despido colectivo sobre una plantilla de 679 trabajadores, sin que esa cifra equivalga al número definitivo de salidas. El alcance del ajuste y las condiciones que acepten sus acreedores serán determinantes para saber con qué recursos podrá afrontar sus pagos pendientes.
Dos testigos citados hoy y nuevas declaraciones previstas para el 30 de noviembre
La negociación para sostener la compañía avanza mientras la Audiencia Nacional investiga cómo se concedió el rescate y las presuntas contraprestaciones por facilitarlo. El juez José Luis Calama citó para este jueves 19 de noviembre, en calidad de testigos, a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI, y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra. Las comparecencias estaban fijadas para las 09:00 y las 12:00, respectivamente, y forman parte de las diligencias destinadas a esclarecer la operación.
Partearroyo ya había defendido ante una comisión del Senado que se siguió un “procedimiento normal”, sin que a él le hubieran trasladado una urgencia especial para aprobar la financiación. En aquella intervención también explicó la ausencia de informes internos en las operaciones que gestionó cuando ya intervenían asesores externos: “Había mucha carga de trabajo en SEPI y no se hicieron informes”. Esas manifestaciones corresponden a su comparecencia parlamentaria previa, no a un contenido confirmado de su declaración judicial de este jueves.
Otro de los puntos de la investigación son los pagos que los antiguos responsables de la aerolínea atribuyen a la intermediación para obtener la ayuda. El expresidente Julio Martínez Sola y el exconsejero delegado Roberto Roselli sostuvieron en escritos presentados al juzgado que la empresa abonó al entorno empresarial de Julio Martínez Martínez, vinculado a José Luis Rodríguez Zapatero, cantidades equivalentes al 1% del rescate, unos 530.000 euros. Es la versión trasladada por esos exdirectivos a la causa, cuyas circunstancias y responsabilidades investiga el magistrado.
La siguiente fecha señalada es el 30 de noviembre, cuando están citadas como investigadas Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente, por la actividad de su empresa y su presunta vinculación con los fondos examinados. Las comparecencias están previstas un día después de las elecciones generales. La investigación penal busca determinar si hubo delitos en torno al rescate; la reestructuración empresarial, por su parte, deberá resolver cómo puede continuar la aerolínea y atender sus obligaciones.
José Luis Rodríguez Zapatero está investigado en el caso Plus Ultra. La Audiencia Nacional también avaló examinar un pago de 200.000 euros por su presunta intermediación ante autoridades de Bolivia a favor del grupo Gloria.
FOTO: NA / AFP / CHRISTOPHE SIMON
Buenos Aires y Lima, suspendidos; Caracas mantiene sus conexiones con España
El recorte de Plus Ultra no equivale a una paralización completa de sus vuelos a Latinoamérica, aunque reduce considerablemente las alternativas para sus pasajeros. La compañía mantiene las conexiones Madrid-Caracas y Tenerife-Caracas, en ambos sentidos, según confirmó a EFE. Por lo tanto, Venezuela conserva servicios regulares con España, pero eso no significa que todos los destinos venezolanos que figuraban en su programación sigan disponibles.
La distinción importa para quienes tenían previsto viajar a Valencia, en Venezuela, una de las ciudades retiradas de la programación junto con Montevideo, en Uruguay, según informó El País. A esas salidas se suman la suspensión de Madrid-Lima, hasta nuevo aviso, y las conexiones con Colombia, interrumpidas desde junio. Que continúen los vuelos a Caracas no convierte automáticamente las reservas para otros destinos en pasajes válidos para la capital venezolana: cualquier cambio debe quedar confirmado por la compañía o el emisor del billete.
En la ruta Madrid-Buenos Aires, la comunicación oficial fija las cancelaciones desde el 17 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Los viajeros comprendidos en ese período pueden reclamar una solución ante la anulación de su servicio. Para quienes tienen reservas posteriores, el problema es diferente: necesitan una confirmación individual sobre su vuelo, porque el límite anunciado no garantiza que la operación se reanude. La incertidumbre alcanza especialmente a quienes organizaron viajes para Navidad, Año Nuevo o las vacaciones de verano y deben decidir si buscan otra alternativa.
Reembolso o reubicación: qué pueden reclamar los pasajeros
Quien tiene un vuelo cancelado no está obligado a conformarse con una devolución si todavía necesita llegar a destino. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) explica que la compañía debe ofrecer la elección entre el reembolso del billete, un transporte alternativo lo antes posible o un traslado en una fecha posterior que convenga al pasajero, sujeto a las condiciones correspondientes. La alternativa más rápida puede incluir servicios de otras aerolíneas; no se limita a esperar que el operador original vuelva a disponer de un vuelo.
Para quienes elijan recuperar el dinero, el régimen europeo establece un plazo de siete días para el reembolso. Ese plazo es la obligación aplicable, aunque Plus Ultra no haya publicado un calendario propio de acreditaciones. Tampoco debe confundirse la devolución del pasaje con una compensación adicional por la cancelación: esta última se evalúa por separado, según factores como la anticipación del aviso y la causa del incidente.
La aerolínea indicó que las compras realizadas mediante agencias deben gestionarse con la agencia emisora, mientras que las efectuadas en su web u otros canales directos se atenderán mediante el portal de reclamaciones de Plus Ultra. También habilitó el correo atencioncliente@plusultra.com y aseguró que dará prioridad a los viajes más próximos. Conviene presentar la solicitud por escrito y conservar el número de billete, el comprobante de pago, la notificación de cancelación y la constancia del trámite, para poder acreditar qué se pidió y desde cuándo está pendiente.
Para los vuelos posteriores al 15 de diciembre, antes de dar de baja la reserva por cuenta propia es importante pedir que se confirme su estado y las opciones disponibles. Una cancelación voluntaria puede quedar sometida a las condiciones de la tarifa, mientras que la anulación decidida por la aerolínea activa derechos diferentes. La crisis financiera explica la preocupación por cobrar, pero no elimina la obligación de informar y ofrecer una solución a los afectados.
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