Por detrás, se ubican los cuerpos policiales estatales, con 721 presuntas ejecuciones (25,71%), el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), con 593 casos (17,52%); y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con 359, mayormente a través de su Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Según Provea, "la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares entre 18 y 30 años de edad, lo que indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes".
Y "en la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública, por la vía del testimonio de familiares, se aportan elementos suficientes que conducen a presumir de que se trata de ejecuciones extrajudiciales", precisa la ONG.