Hay una excepción para que la Corte pueda tomar el caso y es la aprobación de la Ley de Operaciones Extranjeras. Fue iniciada en 2019 por Johnny Mercer, Secretario de Estado para Veteranos y ex Afganistán con la promesa de proteger a "nuestros muchachos" de quejas "vejatorias". Esta ley ofrecería amnistía para los crímenes cometidos en Irak, lo cual podría ser contraproducente porque si se adopta las autoridades de Reino Unido no podrían procesar y es ahí cuando entra la CPI.
Frente a la decisión de la Fiscalía de la CPI de cerrar el examen preliminar de las denuncias de crímenes de guerra, el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos ha manifestado que la decisión de Fatou Bensouda “revela fallas sistemáticas de la justicia internacional y demuestra, una vez más, que los poderosos actores occidentales pueden salirse con la suya con la tortura”.
Sin embargo, Reino Unido no ha terminado con la CPI. A principios de este año se abrió una investigación sobre los crímenes cometidos en Afganistán desde 2003, dirigida por los talibanes, el régimen, pero también las fuerzas armadas británicas, Australia y USA. Es por ello que el país liderado por Donald Trump ha sancionado a Bensouda por "intentos ilegítimos de someter a ciudadanos estadounidenses a su jurisdicción".