3 jefes de consejos de aldeas palestinas, 4 propietarios de tierras y 13 organizaciones de derechos humanos habían hecho una petición ante el Tribunal Superior en mayo de 2017, exigiendo al tribunal cancelar la expropiación de tierras privadas en Cisjordania. La ley, que estuvo congelada desde entonces, permitía al gobierno israelí expropiar tierras privadas que habían sido pobladas por residentes israelíes y luego pagar indemnizaciones a sus dueños legales palestinos. Pretendía dar legalidad a la situación de unas 4000 casas de colonos, explica el diario The Jerusalem Post.
Según la decisión de los jueces, la ley “infringe los derechos de propiedad e igualdad para los residentes palestinos (en Cisjordania), y estipula una preferencia abierta para los intereses de los colonos israelíes sobre los residentes palestinos”.
Los jueces alegaron que se trata de un acto inconstitucional porque viola la ley fundamental: Dignidad y Libertad humana, además de las prohibiciones del derecho internacional humanitario y los tratados internacionales firmados por Israel. Estos dictan que Israel debe mantener los derechos de los residentes en el territorio ocupado (Cisjordania).
El Likud, el partido de Netanyahu, ha asegurado que conseguirá sacar una nueva ley que permita la apropiación de tierras en Cisjordania, mientras que el Azul y Blanco, el partido de Benny Gantz (quien acordó un gobierno de unidad con "Bibi") dijo que la decisión de la Corte sería honrada.
“Es lamentable que la Corte Suprema intervino y anuló una ley importante para los asentamientos y su futuro. Trabajaremos para legislarla de nuevo”, dijo el comunicado del Likud.
