El lunes 1/3 comenzó en Perú el juicio al expresidente, Alberto Fujimori por su presunta autoría mediata en el delito de lesiones seguidas de muerte de 5 mujeres y lesiones graves de otras 1.301 que fueron esterilizadas contra su voluntad entre 1990 y 2000.
También están siendo sometidos a juicio sus exministros de Salud, Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga.
La mayoría de ellas pertenecía a comunidades muy pobres y algunas han muerto por infecciones derivadas de la operación de ligadura de trompas.
El juicio, instruido por el juez Rafael Martínez, llega más de 20 años después y tras varias denuncias por parte de asociaciones de derechos humanos.
La propia Fiscalía había archivado más de una vez las investigaciones.
Fujimori impulsó durante su segundo mandato (1995-2000) un programa irregular de esterilizaciones, llamado el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Este fue anunciado por primera vez por Fujimori en 1995, durante un congreso en China. La campaña buscaba "acabar con la pobreza" de las comunidades indígenas de la zona de los Andes.
Pero meses después, algunas mujeres quechua denunciaron haber sido engañadas y sometidas a intervenciones quirúrgicas sin saber que las dejarían estériles. El gobierno del entonces presidente se desligó del asunto asegurando que las autoridades sanitarias locales eran responsables por los excesos.
Los defensores de las víctimas solicitaron la presencia de traductores de variantes del quechua en el juicio, ya que todas las afectadas son mujeres indígenas que hablan esa lengua.
Fujimori y sus exministros de Salud forzaron la esterilización de mujeres andinas con el objetivo de "reducir la pobreza", explicó el fiscal a cargo, Pablo Espinoza, durante la sustentación de la causa por la que se lleva a juicio al exmandatario. También aseguró que las operaciones se producían en condiciones precarias e insalubres, lo que llevó a infecciones y heridas permanentes en las mujeres. 18 mujeres murieron, 5 de ellas por lesiones graves directamente causadas por la intervención quirúrgica, que además también dejó secuelas físicas en otras 1300 mujeres. Además, las sobrevivientes a la cirugía sufrieron la exclusión en sus propias comunidades por haberse sometido a la operación.
“El estado había manifestado su intención de esterilizar a todos los pobres, porque no hay agraviadas de otros sectores sociales”, dijo Espinoza en el juicio.