En ese sentido, señaló que los líderes narcos de México, país que afronta el reclutamiento forzado, más de 130.000 desaparecidos al año y la violencia territorial de los cárteles (incluidos campos de exterminio y operaciones como el Rancho Izaguirre), han sido fáciles de reemplazar entre bastidores del mundo narco, aunque subrayó que la DEA no cederá a perseguirlos a todos.
“Hoy, Rafael Caro Quintero está en prisión. ‘El Mayo’ ha sido condenado y sentenciado a cadena perpetua. ‘El Chapo’ fue condenado y sentenciado a cadena perpetua. ¿Qué le espera al liderazgo de Sinaloa, Los Chapitos? Pronto estarán igual, no cederemos, seguiremos persiguiéndolos”, expresó.
No obstante, el director de la DEA sí reconoció el compromiso del Gobierno mexicano, al destacar que “ha intensificado sus esfuerzos en Sinaloa y en Jalisco”. Al respecto, aseguró que “tenemos una comunicación diaria entre el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y yo. La comunicación es fluida; intercambiamos información no solo sobre objetivos mexicanos y terroristas extranjeros designados, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino que también apoyamos operaciones en México. Se trata de un trabajo bilateral conjunto que seguimos impulsando”.
Argentina: Los casos más relevantes de políticos presuntamente involucrados al mundo narco
En Argentina hubo casos judiciales y denuncias que involucraron a políticos, funcionarios o dirigentes políticos en investigaciones relacionadas con narcotráfico. Pero es importante separar condenas, procesamientos, imputaciones y simples denuncias políticas, porque no significan lo mismo.
Algunos casos relevantes:
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Carlos Soto Dávila, exjuez federal de Corrientes: fue procesado con prisión preventiva como presunto jefe de una asociación ilícita que, según la acusación, protegía a una organización dedicada al narcotráfico en Itatí. La Cámara Federal confirmó los procesamientos.
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Mauricio Esteban Gerónimo, exconcejal electo de Salvador Mazza (Salta): la Justicia ordenó su captura después de un operativo en el que se secuestraron 267 kg de cocaína y se lo vinculó presuntamente con una organización narco.
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Pedro Ramón Bareiro, funcionario público y candidato a concejal en Formosa: fue detenido después de que la Policía Federal encontrara 50 kg de cocaína en una camioneta vinculada a un organismo provincial. El caso fue remitido a la Justicia.
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José Luis Espert: en 2025 fue objeto de una denuncia penal por presunto financiamiento del narcotráfico, basada en acusaciones de que habría recibido dinero o dádivas de Fred Machado, un empresario posteriormente detenido por tráfico de drogas. Esto debe describirse como una denuncia, no como una condena ni como una vinculación judicialmente probada.
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Aníbal Fernández: durante años fue objeto de denuncias y acusaciones políticas relacionadas con el triple crimen de General Rodríguez y el tráfico de efedrina, incluso por parte del periodista Jorge Lanata y de Elisa Carrió. Documentos de la Cámara de Diputados registran denuncias penales y pedidos de juicio político que pretendían investigar sus presuntas vinculaciones. Eso no equivale a una condena por narcotráfico.
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Rodolfo Martínez Llano: en 2017 Elisa Carrió denunció públicamente posibles vínculos de funcionarios, dirigentes políticos y personas relacionadas con el poder judicial de Corrientes con organizaciones dedicadas al narcotráfico y la trata. En ese contexto mencionó al exdiputado Martínez Llano. Se trata de acusaciones/denuncias políticas, no de una condena por narcotráfico.
Un caso especialmente importante: Itatí
La investigación de Itatí (Corrientes) es probablemente uno de los ejemplos argentinos más claros de una presunta red de protección institucional al narcotráfico. La investigación de la PROCUNAR involucró no solamente a narcotraficantes sino también a funcionarios judiciales y personas relacionadas con la estructura política local.
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