Feijóo acusó a Sánchez de haber subido los impuestos cien veces, utilizando un recuento que reúne decisiones fiscales distintas bajo una misma etiqueta. Como explica también elDiario.es, el cálculo procede del Instituto Juan de Mariana e incorpora, entre otras medidas, la recuperación de los tipos habituales del IVA después de rebajas temporales y aumentos de las bases de cotización. Por ejemplo, devolver un impuesto al nivel anterior a una reducción extraordinaria encarece el pago respecto del período bonificado, pero no equivale a crear un tributo ni a elevarlo por encima de su nivel original. Presentar todo ese inventario como cien aumentos equivalentes impide distinguir qué cambió en cada caso.
La metodología del propio instituto añade otra particularidad: cuenta por separado cada tramo de la escala estatal del IRPF que no se actualiza con la inflación. Mantener esos límites puede elevar la carga efectiva de alguien cuyo sueldo aumenta para compensar la subida de precios, aunque su capacidad de compra no mejore. Ese efecto existe y merece discusión, pero contabilizar cada tramo como una subida diferente multiplica el resultado del recuento. La acusación del candidato omitió esa distinción y presentó una cifra construida con criterios específicos como si describiera cien decisiones fiscales independientes y comparables.
La acusación sobre las excarcelaciones confundió consecuencias judiciales diferentes. El líder del PP responsabilizó al Gobierno de haber "excarcelado a 1.400 violadores y gente que ha cometido abusos sexuales" por la ley del “solo sí es sí”. Sin embargo, el registro del Consejo General del Poder Judicial utilizado por los verificadores contabilizaba 1.233 reducciones de pena y 126 excarcelaciones, con información recabada hasta el 1 de noviembre de 2023. Una rebaja de condena puede adelantar la fecha de salida de prisión sin que el condenado quede inmediatamente en libertad; por eso, ambas cifras no pueden intercambiarse.
Ese registro tiene límites que también deben explicarse: corresponde a aquella fecha y no incorpora las revisiones de los juzgados de lo penal, cuya información resultaba difícil de recopilar. No es, por tanto, un balance completo y actualizado a noviembre de 2026, pero tampoco respalda las 1.400 excarcelaciones anunciadas. La crítica a las consecuencias de la ley puede apoyarse en las revisiones efectivamente documentadas; convertirlas en un número mucho mayor de personas liberadas cambia el alcance de lo ocurrido.
Feijóo centró sus ataques en el desgaste del Gobierno, mientras Sánchez apostó por contener las respuestas y defender su gestión antes de las elecciones del 29 de noviembre.
FOTO: EFE / ACADEMIA DE TELEVISIÓN
En los fondos europeos, Feijóo presentó como dinero que España debe devolver una partida correspondiente a ayudas a fondo perdido. Al referirse a 80.000 millones de Next Generation, afirmó que "los tenemos que devolver". El programa distingue, sin embargo, entre transferencias y préstamos: las primeras financian actuaciones sujetas a condiciones y controles, mientras los segundos generan una obligación de devolución. La documentación europea sitúa el componente de préstamos del plan español en aproximadamente 21.400 millones de euros, separado de la asignación de subvenciones.
La diferencia afecta al argumento político que intentó construir el candidato. Recibir una subvención europea no significa disponer de dinero sin condiciones, pero tampoco convierte automáticamente ese importe en deuda reembolsable del Estado español. Para cuestionar la gestión del plan hay que distinguir cuánto se ha solicitado, desembolsado y ejecutado, además de qué parte corresponde a créditos. Presentar las transferencias como préstamos atribuye a España una obligación de devolución que esa partida no tiene.
Sánchez también exageró su balance cuando aseguró: "Hemos construido durante estos últimos ocho años un millón de viviendas". Los datos recogidos por el periódico diferencian 989.533 viviendas iniciadas de 749.987 terminadas. La primera cifra se aproxima al millón mencionado, pero describe obras que comenzaron, no necesariamente inmuebles concluidos y disponibles para sus destinatarios. La diferencia supera las 239.000 viviendas y resulta especialmente relevante en una campaña atravesada por las dificultades para acceder a una casa.
El problema de aquella afirmación está en presentar el inicio de una obra como un resultado ya completado. Una vivienda en construcción puede representar actividad y oferta futura, pero todavía no resuelve la necesidad de quien busca dónde vivir. Además, el total construido en España reúne actuaciones de distintos promotores y administraciones: no equivale a viviendas públicas levantadas directamente por el Gobierno. Para evaluar la respuesta del Ejecutivo hay que separar esas categorías y precisar qué parte de la producción corresponde a sus programas.
Sánchez quiso corregir el debate de 2023 y terminó cediendo la iniciativa
Si bien estas comprobaciones cuestionan varios ataques de Feijóo y también parte del balance de Sánchez, la percepción de una derrota del presidente se explica por cómo respondió durante el intercambio. Para entender esa actuación conviene volver al cara a cara de julio de 2023, cuando ambos candidatos se enredaron en interrupciones y acusaciones sobre los pactos con Vox y Bildu, ETA y la violencia machista. Aquella confrontación dejó poco espacio para desarrollar propuestas: cada respuesta abría otra discusión y las intervenciones terminaban absorbidas por los reproches. Sánchez entró entonces en el enfrentamiento directo y no consiguió convertir la defensa de su gestión en un mensaje sostenido. El problema para el candidato que gobierna es que, si dedica sus turnos a desmentir al adversario, puede quedarse sin tiempo para explicar por qué merece continuar.
Carlos E. Cué interpretó en El País que el mandatario intentó corregir aquel antecedente mediante una contención dirigida a recuperar al votante moderado. El periodista recogió datos de 40dB. que ayudan a entender la apuesta: un 6% de antiguos votantes socialistas se inclinaba por el PP y otro 4% por Vox, transferencias estimadas dentro de ese electorado, no diez puntos del voto nacional. Pero también señaló el costo de dejar ataques sin respuesta: quien necesita remontar difícilmente puede conformarse con evitar otro tropiezo.
Esa búsqueda también convivió con otro mensaje del presidente: advertir sobre las consecuencias de un Gobierno de derechas mediante referencias a Donald Trump, Javier Milei y Jair Bolsonaro. Al cuestionar qué habían aportado esos dirigentes, Sánchez intentó llevar al elector desde la evaluación de su gestión hacia el riesgo de la alternativa. La apelación podía ofrecer a un votante decepcionado una razón para volver a apoyarlo, aunque no estuviera satisfecho con sus resultados. Sin embargo, tenía un límite entre quienes ya contemplaban votar al PP o a Vox: para recuperar a ese público, la advertencia sobre la derecha mundial necesitaba acompañarse de respuestas convincentes a los problemas que lo habían alejado del socialismo. El temor al cambio podía movilizar a una parte de la izquierda, pero no sustituía una explicación sobre cómo resolver las cuentas pendientes del Gobierno.
Feijóo jugó con la ventaja política de poder concentrarse en el desgaste del Ejecutivo, mientras su adversario debía defender años de decisiones e incumplimientos. Los casos de corrupción, los accidentes ferroviarios y la situación de Ceuta le permitieron acumular cuestionamientos sobre la capacidad de Sánchez para gestionar las crisis. Su respuesta a las referencias internacionales siguió esa estrategia: reprocharle hablar de Washington, Buenos Aires, Tel Aviv y Moscú en lugar de los problemas españoles. Así buscó presentar las advertencias del presidente como una manera de eludir responsabilidades domésticas y mantener la discusión sobre los asuntos más incómodos para el PSOE. Esa ofensiva facilitó que proyectara iniciativa, aunque la acumulación de acusaciones no acreditaba su contenido ni explicaba, por sí sola, cómo resolvería los problemas que denunciaba.
La diferencia entre las dos actuaciones permite identificar un dilema que Sánchez no terminó de resolver. En 2023, responder a cada provocación dificultó que desarrollara su mensaje; esta vez, evitar el enfrentamiento dejó a su rival demasiado espacio para establecer los términos de la discusión. Entre ambas opciones había una tarea más exigente: seleccionar las acusaciones decisivas, corregirlas con claridad y volver desde allí a las propuestas propias. Una falsedad sobre excarcelaciones, por ejemplo, exige distinguir inmediatamente entre reducir una condena y liberar a un preso. Si esa diferencia aparece recién en una verificación posterior, la acusación ya produjo su primera impresión. La serenidad puede ayudar a transmitir autoridad, pero necesita respuestas que permitan al espectador distinguir entre una elección de tono y una falta de argumentos.
Esa distancia entre intención y resultado también aparece en la columna de Albert Sáez en El Periódico, que contrapuso la escasa reacción del presidente durante distintos pasajes con la energía que recuperó en su intervención final. El minuto de oro permite hablar sin las interrupciones del adversario, pero llega después de que el público haya observado cómo se contestan las preguntas difíciles. Las críticas de Rufián y Colau expusieron precisamente ese costo: desde posiciones distintas a las del PP, cuestionaron que dejara pasar ataques que necesitaban respuesta. Las verificaciones posteriores permiten discutir la credibilidad de Feijóo, pero no reemplazan la réplica que Sánchez necesitaba construir ante las cámaras, combinando la defensa de su gestión con una propuesta capaz de recuperar a los decepcionados.
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