Daniel Noboa en la delgada línea roja tras iniciar la campaña electoral sin tomar la licencia obligatoria. Asoman sanciones severas, incluida la destitución.
El domingo (5/01/25) el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inició su campaña electoral sin tomar licencia, pese a las exigencias constitucionales, que lo obligan a separarse del cargo para evitar caer en el proselitismo.
Su jugada lo ubicó en una situación extremadamente frágil con posibles consecuencias fatales para su futuro político. A partir de ahora, cada acto, movimiento y discurso de Noboa estará bajo la lupa.
La vicepresidenta Verónica Abad que debería asumir la presidencia, según la ley, no hizo ningún pronunciamiento oficial luego de que las Fuerzas Armadas y Policía diera un espaldarazo a la postura de Noboa y el silencio de la Asamblea Nacional respecto al caso Noboa.
El sábado 4 de enero la Asamblea Nacional obligó a todos los legisladores que intervendrán en la próxima contienda electoral a tomar licencia sin sueldo durante los 33 días de campaña e incluso hasta el propio día del sufragio, el 9 de febrero próximo
Abad se limitó a tuitear en X un video que mostraba fotos carteles electorales en las calles de Guayaquil : “La publicidad del Presidente en funciones constituye ya una falta gravísima a la democracia".
Según Abad, las investigaciones en su contra y su destierro a Israel formaron parte de presiones para forzarla a dimitir y evitar que gobierne 45 días cuando Noboa debía solicitar licencia para hacer campaña con miras a su reelección en los comicios generales de 2025.
El Código de la Democracia de Ecuador es claro. El artículo 93 indica que las autoridades que van a la reelección deben pedir licencia sin sueldo para la campaña.
El argumento oficialista que respalda la negativa de Noboa a pedir licencia consiste en que en este caso no se estaría postulando a una reelección porque fue elegido, dentro de un proceso extraordinario de muerte cruzada, para completar un periodo, el del expresidente Guillermo Lasso, según El Universal.
El artículo 278 señala que las infracciones electorales graves serán sancionadas con multas desde once salarios básicos unificados (SBU) hasta 20 SBU, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años cuando se incurra en ciertas conductas, como por ejemplo los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral o los candidatos que, incumpliendo norma expresa establecida en la ley, participan en actos de inauguración o entrega de obras, según El Universal.
El constitucionalista Stalin Raza explicó al diario citado: ”Obviamente, él (Daniel Noboa) tendrá que hacer sus actos de Gobierno, que es visitar territorio y hacer las actividades que tenga que hacer; pero si eso se convierte en un acto de proselitismo, es decir, si es que en alguno de esos actos se pide el voto, por él o por sus asambleístas, ahí se configuraría recién una infracción electoral a denunciar”.
Varias agrupaciones políticas, incluidas Unidad Popular y Revolución Ciudadana (RC), organizaciones sociales y ciudadanos analizan la posibilidad de denunciar ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la existencia de infracciones electorales en las que pudiere incurrir el primer mandatario.
Algunos incluso sugieren que ya infringió la ley electoral en su discurso inaugurador de la campaña, que fue en realidad un respaldo a la gestión del Gobierno. Desde el balcón del Palacio de Carondelet, en el centro histórico de Quito el domingo 5 de enero Noboa aseguró que “vencerán”, indujo al voto a pesar de que es servidor público y habló de “proyecto político” ante los fieles que se dijeron haberse congregado para respaldar el trabajo como primer mandatario con banderas y figuras del presidente en cartón.
En la concentración estuvo María José Pinto, candidata a la Vicepresidencia de la República por ADN. Acciones como estas estarán bajo la lupa y el escándalo.
“Hoy empieza esta lucha y esta lucha no parará hasta que el Ecuador tenga el Gobierno que se merece”, agregó el mandatario asegurando que no se rendirá ante los "golpistas", según supo Primicias.
Al no tomar licencia su rol de presidente se confunde con el de candidato. Noboa está jugando con fuego. Su presencia en actos públicos y el uso de recursos del estado podrían ser considerados como actos de campaña disfrazados de funciones presidenciales.
Otros expertos explican la delgada línea roja en la que conscientemente se ubicó Noboa.
“Al prohibir el uso de bienes del Estado, al prohibir que se haga promoción de cualquier tipo, como dice la ley, entonces tenemos una línea muy delgada entre lo que es el ejercicio de la Presidencia de la República y lo que es un proceso de campaña”, analizó el expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas en diálogo con el mismo diario.
“Una declaración de él, que puede ser sobre un hecho público relevante, que tiene que ver con la administración pública, puede ser calificada como acto de campaña, denunciada y pedirse sanción. Entonces, es muy difícil manejar lo que es el desempeño de la función pública como presidente de la República, que tiene muy claras directrices, y lo que es un actor de una campaña política como es el candidato”.
La popularidad Daniel Noboa ha caído drásticamente tras el aumento de la inseguridad, la narcoviolencia, apagones masivos, matanzas y la disputa con su vicepresidenta.
Sin embargo, de acuerdo con las encuestas, los principales contendientes en la carrera presidencial son él, del Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), y Luisa González, representante del correísmo por Revolución Ciudadana (RC). Ambos suman alrededor del 60% de la intención de voto; los otros 14 binomios, individualmente, no llegan ni al 10% de la preferencia del electorado.
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