Servín afirmó que el esquema de tráfico de armas presuntamente se valía de terceros para utilizar su identidad, previo pago, en la legalización del armamento.
Ese modo operandi ha migrado lastimosamente dentro de personales uniformados, tanto militares y policías, que podríamos decir fueron víctimas del esquema Ese modo operandi ha migrado lastimosamente dentro de personales uniformados, tanto militares y policías, que podríamos decir fueron víctimas del esquema
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Intervención de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) a la casa de venta de armas Gunner.
El director de Dimabel además sostuvo que habría entre 46 militares y 55 policías paraguayos involucrados, que se supone recibieron entre 500.000 y 800.000 guaraníes (entre 63,20 y 101,12 dólares).
Los uniformados habría retirado las armas bajo el supuesto de que "no llamarían la atención" y entonces, empezaron "a comprar las armas".
Lo ilegal está en que esa arma la compran ellos legalmente, la entregan para el crimen organizado y hacen una denuncia posteriormente Lo ilegal está en que esa arma la compran ellos legalmente, la entregan para el crimen organizado y hacen una denuncia posteriormente
“Los reclutadores convencían a estas víctimas de prestarse para retirar las armas, pensando que siendo personal uniformado no llamarían la atención, y posteriormente las entregaban a los receptores al servicio del crimen organizado”, aseveró el general.
Los efectivos fueron convocados por la Justicia paraguaya y finalmente confesaron, así lo divulgó la cartera de Defensa.
Según propias palabras del funcionario de Dimabel, desde la segunda quincena de julio pasado hasta la fecha se detectaron 100 armas que se presume "han sido entregadas al crimen organizado".
Los militares y policias paraguayos implicados en el entramado han sido imputados por tráfico ilícito de armas y podrían enfrentar una pena de hasta 10 años de cárcel.
La información oficial del ministerio de Defensa revela que los militares involucrados son de rangos inferiores y que habrían recibido sumas de entre 500.000 a 800.000 guaraníes para el retiro de las armas de las casas comerciales, que posteriormente eran denunciadas como extraviadas para entregarselas a cárteles del narcotráfico en Brasil.
“Es la forma en como se lava la actividad ilícita. La ley establece que cuando se pierde un arma en un plazo de 24 horas el propietario debe denunciar a la Policía y un plazo máximo de 72 horas a la Dimabel, eso ellos lo incumplieron y para no llamar mucho la atención dejaron pasar entre 7, 15 a 30 días”, dijo el director de Dimabel.
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