Una nueva ola de homicidios revive el debate sobre el papel de los militares contra la delincuencia en Chile que obligó a reformar el Código Penal.
En Chile la tasa de homicidios no se reduce y el país vive duras semanas de inseguridad. La nación trasandina enfrenta una grave crisis de seguridad por la ola de violencia visibilizadas asesinatos múltiples y recientes masacres.
En el último tiempo la inseguridad ha crecido en la región Metropolitana y se han multiplicado los hechos relacionados con el crimen organizado. Solo este mes se registraron 32 muertes, entre crímenes cometidos en flagrancia y hallazgos de cadáveres. 22 homicidios en apenas 10 días y 7 de ellas en la comuna de La Pinta, y el resto en Santiago, Puente Alto, Recoleta, Lo Prado, San Ramón, La Florida y Conhcalí, entre otras, según una infografía elaborado por El Mercurio.
Es indudable que Chile, sumida en una ola de violencia anómala, ha dejado de ser uno de los países más seguros de Latinoamérica.
Más allá del plan de 5 acciones anunciado por el gobierno de Gabriel Boric: la constitución de una fuerza de tarea conjunta de Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile PDI, con apoyo de la Fiscalía, una nueva etapa de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, reordenamiento de los Carabineros, reordenamiento la actividad de las comisarías y cuarteles de policiales en la región refuerzos en la frontera y de las fiscalizaciones de armas, la situación es tal que revivió el debate sobre las FFAA a las calles.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que el Gobierno de Boric “siempre ha estado disponible para evaluar esa posibilidad”. La secretaria de Gobierno aclaró, sin embargo, que esta medida solamente se puede ejecutar si se declara Estado de Emergencia en la Región Metropolitana y que “ni los militares, ni las fuerzas policiales consideran que esto sea una buena idea”.
Varios alcaldes reclaman desde hace meses la presencia militar en sus municipios tomados por la violencia incluidos el alcalde de Maipú, Tomás Vonadovic, del Frente Amplio de Boric, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos; la de San Miguel, Erika Martínez y varias figuras de la oposición.
El gobernador de la capital chilena y cercano a la centroizquierda, Claudio Orrego, dijo que la sociedad no puede normalizar “tanto muerto en la calle con tanta bala” y que no se explica por qué se le pide cooperación a la comunidad, a los municipios, pero a las Fuerzas Armadas, “que tienen equipamiento, tecnología e inteligencia no les pidamos ayuda”, según supo el País.
Este martes (27/08) Gabriel Boric promulgó una de las mayores reformas en décadas del código penal y procesal e hizo un llamado a la unidad nacional contra los delincuentes y el crimen organizado.
Entre otras medidas, contempla sanciones más drásticas para los reincidentes, la tipificación de nuevos hechos punibles, mejorar la persecución penal para delitos de mayor connotación social, según Emol.
En el código procesal se introducen medidas especiales de protección a fiscales en casos de amenazas, agresiones o afectación a la integridad del profesional y sus familias y una actualización de leyes referidas a las bandas criminales, el narcotráfico, la posesión de armas y delitos informáticos y económicos, de acuerdo con Prensa Latina.
Según una reciente encuesta de Cadem, el (47%) de los ciudadanos creen que la mejor forma de combatir la inseguridad es con la reforma procesal penal, un (40%) en aumentar la cantidad de carabineros y mejorar su equipamiento y preparación , en tercer lugar, un (37%) apoya que los militares colaboren en tareas de seguridad ciudadana (37%). Por otra parte, solamente un (22%) de los consultados piensa que los Carabineros está preparado para enfrentar el crimen organizado.
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