El historial se remonta también al 20 de marzo de 2018, cuando la desconexión de los grupos generadores de la central de Los Guinchos dejó sin electricidad a toda La Palma. El apagón comenzó a las 15:10 y la recuperación completa llegó a las 16:53, una hora y 43 minutos después. Aquel episodio derivó en un procedimiento sancionador: el Gobierno autonómico aprobó una multa a Unelco, la compañía responsable de las instalaciones, por incumplimientos en su conservación y condiciones técnicas, así como por interrumpir el servicio fuera de los supuestos legalmente permitidos. Ese expediente documenta deficiencias anteriores, aunque no determina las responsabilidades por el fallo de este lunes.
A esa trayectoria se añade ahora el corte del domingo en Tenerife, del que ya informó Urgente24, inmediatamente anterior al colapso palmero. Son dos incidencias diferentes, pero su proximidad vuelve especialmente relevante el seguimiento de las medidas anunciadas para reforzar las infraestructuras. La explicación de cada desconexión corresponde a su investigación técnica; la cuestión pendiente para los afectados es qué actuaciones permitirán reducir la frecuencia de estos episodios y evitar que las deficiencias reconocidas sigan comprometiendo el servicio.
El gran apagón de 2025 convirtió la seguridad eléctrica en un conflicto nacional
El antecedente que llevó esa preocupación al conjunto del país ocurrió el 28 de abril de 2025, cuando el sistema peninsular colapsó alrededor de las 12:33 y dejó sin electricidad a España y Portugal. Trenes y metros detenidos, problemas de comunicación, comercios sin poder cobrar y fábricas paralizadas mostraron hasta qué punto la actividad cotidiana dependía de una infraestructura que muchos daban por garantizada. Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla quedaron fuera de aquella interrupción, una diferencia territorial importante respecto de los incidentes insulares.
La recuperación se extendió durante la noche y convirtió la espera en una emergencia de muchas horas. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, a las 22:00 se había recuperado cerca del 50 % de la demanda, mientras que el 99,95 % se alcanzó a las 7:00 del día siguiente. La investigación gubernamental identificó un origen multifactorial, con dificultades para controlar la tensión, oscilaciones y desconexiones de generación que terminaron alimentando una reacción en cadena. También descartó un ciberataque en los sistemas analizados. La explicación situó el problema en la operación y respuesta del conjunto de la red, y abrió una discusión sobre las medidas necesarias para impedir otra caída de semejante alcance.
El impacto se trasladó al debate político y a los pedidos de explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez. La controversia seguía abierta un año después: en abril de 2026, Alberto Núñez Feijóo reprochó al Ejecutivo la ausencia de “explicaciones claras y veraces” y cuestionó que no se hubieran asumido responsabilidades. El líder del PP señaló al presidente, a la dirección de Red Eléctrica y a las responsables de la política energética. Esas acusaciones expresan la posición de la oposición; la determinación de las causas técnicas y de las responsabilidades concretas requiere sus propios procedimientos.
La respuesta institucional incluyó informes, propuestas de refuerzo y una comisión de investigación en el Senado, ante la que compareció Sara Aagesen en marzo de 2026 para abordar los riesgos y las medidas preventivas. Ese recorrido explica por qué los nuevos cortes encuentran un terreno de desconfianza que trasciende a los territorios afectados. Los episodios de Tenerife y La Palma tienen un alcance y unas circunstancias diferentes a los de abril de 2025, pero vuelven a plantear una exigencia común: conocer qué falló y comprobar que las actuaciones anunciadas se traducen en un servicio más seguro.
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