Un grupo de expertos en derecho internacional propone que los individuos responsables de crímenes contra el medio ambiente puedan ser juzgados por "ecocidio" ante la CPI (Corte Penal Internacional).
Han redactado una definición del crimen. Para que sea aprobado, al menos dos tercios de los Estados que forman parte del Estatuto de Roma deberían darle el visto bueno.
El panel de expertos, junto con ONGs, a través de la campaña Stop Ecocidio, piden a la Coerte Penal Internacional que incluyan los delitos contra el medio ambiente como un crimen contra la humanidad, de manera que se puedan evitar futuros desastres medioambientales y que los individuos responsables de dañar deliberadamente a la naturaleza no gocen de impunidad.
Esta nueva tipificación penal enferntará obstáculos para incorporarse en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, explica el portal Noticias de Gipuzkoa.
Habrá dificultades técnicas y otras políticas para lograr el consenso jurídico necesario que logre la tipificación.
Los países tienen legislaciones medioambientales muy diversas, con lo cual una norma internacional podría convalidar a unas pero a otras no.
A esto se le sumará, por supuesto, la presión ejercida por los grupos que tienen intereses económicos en juego en torno a la explotación de los recuersos naturales.
La palabra "ecocidio" está inspirada en el concepto de genocidio, la voluntad de destruir a un grupo humano, y une la raíz griega oikos –que significa casa, aunque se utiliza como hábitat– y la palabra cidio, que significa matar.
Aunque aún no existe una definición jurídica universalmente aceptada del término "ecocidio", quienes militan por su reconocimiento jurídico comprenden, en términos generales, que es un ataque sistemático al medio ambiente que ocasiona daños irreversibles, graves y extendidos al planeta, y lleva enfermedades y muerte a las poblaciones asentadas en los ecosistemas afectados.
“Se entenderá por ecocidio cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”, reza la definición que podría incorporarse al Estatuto de Roma.