200 vecinos estallan contra la Sagrada Familia por el derribo de sus casas

Los afectados cuestionan el nuevo plan para construir la escalinata y denuncian contradicciones. El Ayuntamiento todavía no autorizó las demoliciones.

Después de casi siglo y medio de obras, la recta final de la Sagrada Familia amenaza con llevarse por delante las casas de 200 vecinos de Barcelona. La basílica necesita liberar el terreno situado frente a su futura entrada principal y acaba de reabrir una disputa urbana que permanece sin solución desde hace décadas.

La construcción comenzó en 1882 y se transformó bajo la dirección de Antoni Gaudí, que dedicó sus últimos años a un proyecto que sabía que no llegaría a ver terminado. El centenario de su muerte convirtió 2026 en un año decisivo: el papa León XIV visitó el templo el 10 de junio, presidió una misa y bendijo la torre de Jesucristo, cuya cruz alcanza los 172,5 metros. Con la estructura ya completada en altura, el gran desafío pendiente es la fachada de la Gloria, concebida como la entrada principal y más monumental del edificio. Sus cuatro torres ya están en construcción, pero la enorme escalinata prevista delante del acceso excede los límites de la parcela y desemboca directamente sobre la calle Mallorca.

Allí se encuentra el edificio de Núñez i Navarro que la Junta Constructora considera necesario derribar. Sus dos porterías reúnen alrededor de 90 viviendas, habitadas por unas 200 personas, a quienes la basílica propone realojar en un nuevo bloque sobre un solar cercano adquirido en 2019. La cifra representa una reducción frente al escenario discutido antes del verano, que contemplaba cerca de 200 viviendas afectadas. Sin embargo, el cambio no cerró el conflicto: dejó a esas 90 unidades directamente señaladas para la demolición y mantuvo al resto bajo incertidumbre, porque el Ayuntamiento todavía puede exigir una plaza más amplia que alcance otros edificios. Los vecinos cuestionan, además, que la nueva propuesta apareciera sin haberles sido comunicada durante las negociaciones.

De un acuerdo avanzado a “la casilla de salida”

Las conversaciones habían comenzado a tomar forma antes de la visita del papa León XIV. El Ayuntamiento abrió una mesa con la asociación del barrio y la plataforma de afectados para resolver tres cuestiones centrales: cuántas viviendas serían demolidas, qué vecinos aceptarían una indemnización y cuáles necesitarían ser realojados. También debía definirse quién financiaría una operación cuyo coste fue calculado entre 150 y 200 millones de euros. La Junta Constructora, sin embargo, no participó directamente de esos primeros encuentros con los residentes.

El censo elaborado por las organizaciones vecinales llegó a identificar un máximo de 216 viviendas potencialmente afectadas: 103 ocupadas por sus propietarios y 113 por inquilinos. Antes del verano, las partes habían avanzado sobre una alternativa que reducía las demoliciones a la manzana situada entre Mallorca y Valencia, con cerca de 200 unidades comprometidas. La presentación del acuerdo se frenó sin explicaciones públicas y, meses después, la basílica apareció con un planteamiento diferente que limita su necesidad inmediata a las 90 viviendas del bloque de Núñez i Navarro.

El cambio dividió las primeras reacciones. Salvador Barroso, presidente de la asociación de afectados, sostuvo que la nueva propuesta “no es creíble” porque contradice lo negociado con el Ayuntamiento y deja nuevamente el proceso en “la casilla de salida”. Gabriel Mercadal, al frente de la asociación vecinal del barrio, valoró que el número de demoliciones pueda reducirse, pero recordó que la basílica carece de autorización para ejecutar la escalinata y que la decisión no le corresponde únicamente al templo.

La línea roja de los residentes es permanecer en la zona sin pagar por el traslado. Reclaman que los propietarios que viven en los pisos afectados (o sus familiares directos) reciban otra vivienda dentro del barrio y sin coste, además de una solución para quienes alquilan. El solar adquirido por la Sagrada Familia en 2019 aparece como la principal alternativa para levantar el nuevo bloque, aunque todavía debe comprobarse si tendrá capacidad suficiente. Hasta que exista un acuerdo urbanístico, económico y habitacional, las viviendas señaladas siguen en pie y ninguna mudanza tiene fecha.

¿La escalinata que amenaza las viviendas es realmente de Gaudí?

La discusión no se limita al destino de los edificios: también alcanza la autoría del elemento arquitectónico que justificaría su desaparición. La Junta Constructora sostiene que el acceso monumental formaba parte de la visión de Antoni Gaudí y considera imprescindible respetarlo para completar la fachada de la Gloria. Esteve Camps, presidente delegado de la entidad, llegó a definir esa interpretación como “indiscutible”. Los residentes afectados, en cambio, se apoyan en planos e informes históricos para cuestionar esa certeza.

Los primeros diseños firmados por el arquitecto catalán en 1885 ubicaban tanto la fachada como sus escaleras dentro de la manzana ocupada por el templo. La idea evolucionó con el paso del tiempo: dibujos posteriores, fechados en 1906 y 1916, extendieron el acceso más allá del perímetro y plantearon una gran plaza desde la cual pudiera contemplarse el conjunto. Para los responsables de la basílica, esa transformación demuestra que el creador modificó su proyecto y terminó concibiendo una entrada que atravesaría la calle Mallorca.

El rostro de Antoni Gaudí iluminó el cielo de Barcelona durante el espectáculo de drones que acompañó la inauguración de la torre de Jesucristo.

Los documentos urbanísticos cuentan otra parte de la historia. El Plan de Ensanche de Sant Martí aprobado en 1925, cuando Gaudí todavía vivía, no reservó terrenos frente al edificio religioso; tampoco lo hizo el Plan Comarcal de 1953. Cinco décadas después, el Ayuntamiento autorizó a Núñez i Navarro a construir el bloque situado frente a la futura puerta principal. La Junta presentó objeciones, pero la administración las rechazó y permitió que las viviendas se levantaran legalmente.

La controversia se profundizó con dos informes de 1975. Uno del entonces Ministerio de Educación y Ciencia concluyó que Gaudí no había proyectado en esos términos la gran escalera ni la plaza exterior. Otro documento conservado por el Colegio de Arquitectos de Cataluña atribuyó los dibujos a colaboradores y continuadores de su obra. Un año más tarde, el Plan General Metropolitano incorporó finalmente una avenida de 60 metros sobre las dos manzanas situadas delante del templo. Esa sucesión de decisiones explica por qué el debate continúa abierto: no se discute solamente cómo terminar una basílica, sino qué parte de su recta final responde al legado original y cuál nació después.

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