Con estos pésimos criterios de selección era previsible que las cosas no salieran bien. Los expedientes judiciales acumulan ahora testimonios sobre la vigilancia y persecución de dirigentes opositores, pero también de figuras del anterior oficialismo, como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Emilio Monzó o Nicolás Massot Con estos pésimos criterios de selección era previsible que las cosas no salieran bien. Los expedientes judiciales acumulan ahora testimonios sobre la vigilancia y persecución de dirigentes opositores, pero también de figuras del anterior oficialismo, como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Emilio Monzó o Nicolás Massot
Existen indicios muy convincentes de que desde la AFI, con una irregular cobertura judicial, se monitoreó la vida cotidiana de dirigentes políticos sometidos al régimen de prisión preventiva por causas de corrupción, en el penal de Ezeiza, escuchándose incluso de manera clandestina las conversaciones que mantenían con sus abogados. Hubo también hostigamiento a periodistas, como el caso de Hugo Alconada Mon, quien realizó una muy concienzuda cobertura acerca de acusaciones que pesaban sobre Arribas. Y hasta aparece la sospecha, todavía en investigación, de que la AFI no habría sido ajena a la intimidación que sufrió el entonces responsable de las relaciones internacionales del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, a quien le instalaron un explosivo en un domicilio que ya no ocupaba. También habrían sido blanco de operaciones clandestinas familiares del expresidente Macri, como su hermana y su cuñado.
Estas informaciones salieron a la luz porque estaban archivadas, en forma de partes, fotos y videos, en los teléfonos celulares de agentes de la AFI. A partir de estas evidencias, se dictaron varios procesamientos. Entre ellos, los de Arribas y Majdalani.
Estos dos exfuncionarios alegan una llamativa falta de responsabilidad en los hechos denunciados del organismo a su cargo y se refieren a sus subordinados como si fueran cuentapropistas que cometían presuntos delitos para su propio beneficio. El argumento es de una fragilidad extrema. Cuesta creer que agentes de rango muy inferior se atrevieran a espiar al jefe y al vicejefe de gobierno porteño, a la gobernadora de Buenos Aires y a familiares del presidente. Más allá de esa falta de sentido común, el desconocimiento que alegan Arribas y Majdalani sería difícil de aceptar en cualquier área del Estado. Pero es, sobre todo, inadmisible en una estructura de inteligencia diseñada para ser opaca hacia afuera y perfectamente transparente para su conducción.
macri-junto-los-hermanos-saguier-okjpg.jpg.webp
Mauricio Macri con los hermanos Saguier, de La Nación.
En estas irregularidades y presuntos delitos aparecen además algunas características preocupantes. Una de ellas tiene que ver con la calidad de los imputados. Se trata de policías y abogados. Algunos de ellos, conectados con gestores judiciales. Estas especialidades son un indicio serio y grave de que la tarea de la AFI estaba más orientada a manipular los tribunales que a garantizar la seguridad del Estado y de la ciudadanía. La señal más clara de este vicio fue la designación del entonces fiscal Eduardo Miragaya, recientemente fallecido, al frente de la sensible Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera. Miragaya fue desplazado en medio de acusaciones sobre maniobras clandestinas en los tribunales federales. Esas acusaciones fueron motivo de una causa judicial nunca investigada por su responsable, el exjuez Rodolfo Canicoba Corral. En vez de ser sancionado, Miragaya fue designado fiscal general adjunto de la Procuraduría General de la Nación”.
