El consenso social en torno de la agenda de igualdad rechaza la discriminación sobre género, derecho sexual y edadismo, pero sin imponerlo en la vida cotidiana.
Si bien la reciente encuesta no abordó directamente otra discriminación, como la subestimación colectiva hacia las personas mayores y que se las trate como una carga en lugar de como aporte de experiencia en el proceso de crecimiento de la sociedad, el edadismo pasó a formar parte de los problemas concretos de la vida cotidiana que, aunque se admite, están lejos de ser abordados en los hechos.
El relevamiento efectuado sobre género y derechos sexuales y reproductivos en Argentina dejó como uno de los datos más fuertes en ese aspecto que, si bien la igualdad de género es vista como una deuda pendiente por 6 de cada 10 personas que consideran que estas desigualdades son grandes o muy grandes, 8 de cada 10 creen que todavía hay que hacer mucho para asegurar la equidad entre varones y mujeres en el país.
Sería como el "mucho trecho" que separa "al dicho del hecho".
Las campañas mundiales contra el edadismo que encara la Organización Mundial de la Salud lo corroboran.
Llevan tres años y, por más que nadie se manifieste en contra, estudios recientes, como el de Eurofirms Group, que analizó la realidad de quienes nacieron entre 1965 y 1980, reflejan que más del 70% considera que su edad afecta sus posibilidades laborales, mientras que el 60% declara haberse sentido descartado en procesos de selección por este motivo.
La lectura, tal como sucede con otras discriminaciones, como la de género, es dentro de todo positiva, ya que saca como conclusión que "puede haber cansancio con algunas consignas, pero no con la idea de que la desigualdad existe y requiere respuestas".
La sociedad no niega los problemas y, aunque estima que falta mucho, reconoce que hubo un avance en los últimos 10 años.
En el caso de la violencia de género, aparece como el punto de consenso más claro. Cuando se pregunta por el principal problema que enfrentan las mujeres en Argentina, la respuesta más elegida es la violencia en la pareja, seguida por abusos y violencia sexual.
También la ESI muestra más respaldo del que suele sugerir la polémica política. El 65% considera que brindar educación sexual en las escuelas impacta positivamente en la vida de las personas.
Hay zonas más sensibles, como aborto, cupos femeninos o derechos vinculados a la diversidad sexual.
Pero incluso allí el estudio de CEDES, Equipo ELA y Luis Costa & Asociados no registra mayorías de rechazo.
Sí aparece una demanda de traducción: esos temas generan más adhesión cuando se explican desde la salud, la prevención, el trabajo, la no discriminación o la protección frente a la violencia.
En ese aspecto, también el edadismo opera como el caldo de cultivo invisible de la violencia a través de tres niveles:
-Desvalorización social, al lesionar su dignidad asumiendo erróneamente que los adultos mayores son "cargas" o personas incapaces, lo cual reduce la culpa o empatía de los agresores al ejercer la violencia.
-Justificación de la pérdida de autonomía, al aplicarles el "edadismo benévolo" (sobreprotección extrema o infantilización), que suele escalar hacia maltrato psicológico, negligencia o abuso patrimonial.
Debido al edadismo arraigado en los sistemas judiciales y de salud, las denuncias de violencia física o económica de adultos mayores suelen tomarse menos en serio, ser normalizadas o atribuirse falsamente a la demencia o a la "fragilidad natural" de la edad.
En el informe publicado hace cinco años por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ya se calculaba que una de cada dos personas en el mundo tiene actitudes edadistas, lo que empobrece la salud física y mental de las personas mayores, además de reducir su calidad de vida.
Y que el edadismo se filtra en muchas instituciones y sectores de la sociedad, incluidos los que brindan atención sanitaria y social, así como en el lugar de trabajo, los medios de comunicación y el ordenamiento jurídico.