CONADU rechaza el Presupuesto 2027
Desde la federación que conduce Chevalier cuestionaron los lineamientos del proyecto de Presupuesto 2027 y advirtieron que la iniciativa oficial no contempla los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas. Según plantearon, la propuesta no solo prolonga el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sino que también profundiza la reducción de las partidas destinadas al sistema de educación superior.
"Paramos porque quieren asignar un 33% menos de lo que requiere el sistema para funcionar, según estimaciones del CIN". "Paramos porque quieren asignar un 33% menos de lo que requiere el sistema para funcionar, según estimaciones del CIN".
La organización sindical alertó sobre las consecuencias que podría generar la aprobación del proyecto presupuestario en las instituciones académicas y en el conjunto de la comunidad universitaria. En ese sentido, cuestionó la magnitud de los recursos previstos por el Ejecutivo y calificó la iniciativa como una "sentencia de muerte del sistema universitario argentino".
El eje central del planteo de CONADU pasa por la necesidad de garantizar el financiamiento establecido por ley y evitar que las universidades continúen funcionando con recursos que consideran insuficientes frente a sus necesidades. La federación sostiene que el escenario presupuestario actual compromete la continuidad y la calidad de la educación pública superior.
La batalla por las universidades vuelve al centro de la escena política.
Los salarios perdieron un 23,6% de su poder adquisitivo
Los datos incluidos en el relevamiento de FEDUN y el CIICTI reflejan la dimensión del deterioro económico que atraviesan los trabajadores del sistema universitario. De acuerdo con el informe, los salarios de docentes, no docentes e investigadores acumularon una caída real del 23,6% entre noviembre de 2023 y octubre de 2026.
Durante ese mismo período, la inflación alcanzó el 354%, mientras que los incrementos nominales otorgados a los salarios llegaron al 246,7%. La diferencia entre ambas variables representó un retroceso de 107 puntos porcentuales frente a la evolución de los precios, una brecha que impactó directamente sobre la capacidad de compra de los trabajadores.
El estudio estimó que, para recuperar el poder adquisitivo que tenían los salarios en noviembre de 2023, sería necesario aplicar un incremento del 31%. El cálculo evidencia la distancia entre los ingresos actuales y los valores previos al inicio de la gestión de Milei, en un contexto en el que las actualizaciones salariales no lograron acompañar el avance de la inflación.
A su vez, el informe calculó que la pérdida salarial promedio registrada durante el período 2024-2026 equivale a 9,4 sueldos correspondientes a 2023 que los trabajadores universitarios dejaron de percibir. El impacto económico también se refleja en la masa salarial docente y no docente, cuyo ajuste acumulado alcanzaría los $4,47 billones en términos constantes de 2026.
Estas cifras constituyen uno de los principales argumentos de las organizaciones gremiales para profundizar las medidas de fuerza. Los sindicatos sostienen que la recomposición de los ingresos debe formar parte de una política integral de financiamiento que permita sostener las condiciones laborales y el funcionamiento de las instituciones públicas.
El financiamiento de las universidades también registra una fuerte caída
El deterioro que describe el documento de FEDUN no se limita a los ingresos de los trabajadores, sino que también alcanza a los recursos destinados al sostenimiento de las universidades nacionales.
Según las proyecciones incluidas en el relevamiento, el financiamiento universitario registrará una caída real del 22,1% entre 2023 y 2026. En paralelo, la participación de las partidas destinadas a las universidades sobre el Producto Bruto Interno (PBI) disminuirá del 0,712% al 0,536%.
El escrito también puso el foco en la diferencia entre los recursos disponibles y los montos que serían necesarios para cumplir con la legislación vigente. En ese sentido, FEDUN advirtió que el Estado debería ampliar en $1,58 billones el crédito vigente de 2026 para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
La situación genera preocupación entre las autoridades académicas y las organizaciones gremiales, que advierten sobre las dificultades para sostener las actividades habituales de las instituciones cuando los recursos asignados no acompañan las necesidades de funcionamiento.
El ajuste universitario no afloja y los gremios vuelven a la calle.
Otros sectores afectados por el recorte
El relevamiento también identificó una reducción significativa de las partidas destinadas a otras áreas vinculadas con el desarrollo educativo y científico del país.
De acuerdo con las proyecciones para 2026, el presupuesto de la Secretaría de Educación presenta una caída real del 47,4% en comparación con los niveles de 2023. El retroceso también alcanza al sistema científico y tecnológico, cuyos recursos acumulan una disminución del 42,6% durante el mismo período.
Los indicadores muestran que el ajuste presupuestario excede el ámbito de las universidades nacionales y comprende al conjunto de las políticas públicas relacionadas con la formación, la investigación y la producción de conocimiento.
En este escenario, las organizaciones docentes plantean que el financiamiento universitario debe analizarse en relación con el sostenimiento de la educación superior, la actividad científica y el desarrollo tecnológico. Por ese motivo, el reclamo de mayores partidas no se limita a la recomposición salarial, sino que también apunta a garantizar los recursos necesarios para mantener las funciones académicas y de investigación.
El conflicto universitario suma un nuevo capítulo frente al Gobierno
Las medidas anunciadas por CONADU y FEDUN vuelven a colocar el financiamiento de las universidades nacionales en el centro de la agenda política y sindical. Las organizaciones docentes coincidirán en una nueva jornada de protesta para cuestionar el proyecto de Presupuesto 2027 y reclamar que el Gobierno cumpla con las obligaciones establecidas en la Ley de Financiamiento Universitario.
Con este panorama, los gremios buscan ampliar la presión sobre el Poder Ejecutivo y los legisladores nacionales durante el debate del próximo presupuesto. La movilización frente al Parlamento, las actividades en las universidades y la vigilia forman parte de una estrategia conjunta para visibilizar el conflicto y exigir respuestas a los reclamos del sector.
Mientras tanto, la discusión por el Presupuesto 2027 abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y las organizaciones que representan a los trabajadores universitarios. Con salarios que todavía se encuentran lejos de recuperar los niveles de noviembre de 2023 y un financiamiento que continúa retrocediendo, la comunidad universitaria prepara una nueva jornada nacional de lucha para defender los recursos de la educación pública y reclamar el cumplimiento de la legislación vigente.
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